El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, dijo el 2 de noviembre que había presentado una demanda contra una parte importante de la orden de vacunación introducida por la administración Biden.
Marshall presentó la demanda con el objetivo de evitar que el mandato federal se aplique en cualquier estado antes que entre en vigor el 8 de diciembre.
El 9 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció medidas centradas en el gobierno federal, el sector de la salud y en las empresas privadas. Los trabajadores federales y los contratistas federales estarán obligados a recibir una vacuna anti-COVID. Los contratistas tienen hasta el 8 de diciembre para obligar a sus empleados a vacunarse. Los contratistas federales no pueden permitir que sus empleados opten por no participar.
Marshall dijo que la orden es «flagrantemente inconstitucional» y agregó que el decreto es una «infracción despreciable a la libertad individual, el federalismo y la separación de poderes».
Dio el ejemplo de un contratista federal al que se le exigiría vacunarse según la orden incluso si trabajaba desde su casa.
Dado que la orden se aplicaría a cualquier trabajador que comparta el mismo área de trabajo que el contratista federal, Marshall dijo que Biden podría eventualmente justificar tener la autoridad para extender el mandato a los miembros de la familia del empleado contratado, incluidos los niños.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron el martes por la noche que casi todos los niños en Estados Unidos entre 5 y 11 años reciban la vacuna anti-COVID de Pfizer.
Marshall también señaló que meses antes del anuncio del 9 de septiembre, la administración Biden había dicho que hacer cumplir la orden «no era el papel del gobierno federal».
Con respecto a la orden de vacunación para empresas del sector privado con 100 o más trabajadores, Marshall prometió presentar una demanda contra Biden «tan pronto como entre en vigor el decreto dirigido a los empleadores privados».
La semana pasada, 10 estados liderados por el Partido Republicano demandaron al gobierno de Biden por la orden de vacunación, la que señalaron de ser «inconstitucional, ilegal e imprudente» (pdf).
Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha insistido en que la nueva orden de Biden tiene una base legal sólida, citando una ley de 1970 que autoriza un Estándar Temporal de Emergencia.
“La ley básicamente requiere que el Departamento de Trabajo tome medidas cuando encuentre un riesgo grave para los trabajadores. Y ciertamente, una pandemia que ha matado a más de 600,000 personas califica como un ‘grave riesgo para los trabajadores’”, dijo.
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