El miércoles, el fiscal general de Arizona dijo que la legislatura estatal tiene la autoridad de emitir citaciones sobre la administración de las elecciones.
El fiscal general Mark Brnovich se puso del lado de los legisladores estatales que tratan de obligar a los funcionarios electorales del condado de Maricopa a producir material de las elecciones del 3 de noviembre, incluyendo escaneos de las boletas de voto por correo e imágenes de las máquinas de votación.
«La Legislatura de Arizona tiene amplias facultades para emitir citaciones relativas a la administración de las elecciones en relación con las elecciones generales de 2020, tanto para examinar la forma en que el condado cumplió sus obligaciones durante esas elecciones como para elaborar la futura legislación electoral. Cualquier argumento del condado, de lo contrario, debería fracasar», dijo Brnovich, un republicano, en una presentación en la corte.
Brnovich intervino en una causa en curso en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, el Condado de Maricopa vs. Fann.
Los legisladores estatales citaron a la Junta de Supervisores del condado a principios de este mes, pidiendo una auditoría de las boletas escaneadas y una auditoría forense del equipo y software de tabulación de las boletas. Pero la junta votó en contra de cumplir con las citaciones, en lugar de pedir el juicio de un tribunal sobre lo que ellos tienen que cumplir. Los senadores de Arizona presentaron una demanda, pidiendo a la corte que hiciera cumplir las citaciones, la cual fue desestimada.
Los funcionarios del condado alegaron que las citaciones estaban «muy por encima» del poder de la legislatura estatal. «Las citaciones son ilegales», dijo el condado en su demanda.
Brnovich dijo que eso no es correcto, señalando cómo la Constitución de Estados Unidos da poder a cada legislatura estatal para fijar las horas, lugares y forma de celebrar las elecciones y el poder de decidir cómo se elegirán los electores para presidente de Estados Unidos. También señaló que la Constitución de Arizona otorga a la legislatura el poder de promulgar «leyes para asegurar la pureza de las elecciones y protegerse contra los abusos del derecho electoral».
«Se debería permitir a la Legislatura de Arizona emitir citaciones para determinar si los funcionarios del gobierno a los que se ha delegado la autoridad de administrar las elecciones han cumplido fielmente con esas obligaciones y para determinar si la ley actual relativa a la administración de las elecciones debe permanecer igual o ser enmendada», escribió Brnovich.
«La Legislatura de Arizona tiene la facultad de mantener las leyes electorales iguales o de modificarlas y el tribunal debe reconocer que la Legislatura de Arizona tiene la autoridad de emitir citaciones para obtener información que le ayude a elegir el mejor camino a seguir para Arizona».
Un portavoz de la junta no respondió inmediatamente a una solicitud de información.
Clint Hickman, presidente de la junta, dijo a Arizona Republic que el escrito del fiscal general no abordaba la cuestión de si los legisladores pueden emitir citaciones en un intento de anular los resultados de las elecciones.
«Lo que está en juego en el tribunal es si una citación legislativa es el mecanismo constitucional adecuado para que el Senado del estado se haga cargo de las máquinas de votación y de la base de datos de votantes y de millones de votos con el fin de determinar si quiere desechar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre de 2020 e imponer su lista preferida de electores presidenciales», dijo Hickman. «Desafortunadamente, el informe se negó a abordar esa cuestión».
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