El gobierno de Biden ha añadido la crisis del fentanilo a los temas que tratará en una cumbre de dos días en la Ciudad de México con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, que acaba de jurar su segundo mandato, pidió el 6 de enero al presidente que añadiera la crisis a la agenda.
Moody reprocha a Biden no haber «exigido responsabilidad y cooperación durante las reuniones previas tanto con Obrador como con el presidente chino Xi Jinping».
«Tanto México como China desempeñan un papel tremendo en la creciente crisis del fentanilo que obra un número récord de vidas estadounidenses cada año», dijo la oficina de Moody en una declaración pública.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud enviada por correo electrónico por The Epoch Times para comentar si cambió de rumbo debido a las críticas de Moody.
«Antes de la visita de Biden a la Ciudad de México, la Casa Blanca anunció una agenda que excluía el fentanilo para centrarse en ‘el clima y el medio ambiente, la migración, la diversidad y la inclusión y el aumento de la competitividad económica de América del Norte'», dijo la oficina de Moody.
El 5 de enero, la Casa Blanca añadió «el fortalecimiento de la frontera» como tema de debate, indicaron.
«Casi al mismo tiempo que la Casa Blanca anunció el viaje a la Ciudad de México, dos agencias federales dieron a conocer sombrías estadísticas a nivel nacional relacionadas con las drogas».
«La Administración para el Control de Drogas incautó más de 379 millones de dosis mortales de fentanilo en 2022, suficientes para matar a cada hombre, mujer y niño en Estados Unidos», dijo la oficina.
Desde febrero de 2021, las autoridades han incautado más de 23,000 libras de fentanilo ilícito, dijo la oficina de Moody el 5 de enero, suficiente para matar a cada estadounidense 15 veces y elevar la cifra de muertes por sobredosis a más de 100,000 al año.
«Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron más de 108,000 muertes por sobredosis de drogas durante un período de 12 meses que terminó en febrero de 2022».
Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, Florida ha sido agresiva en presionar al gobierno federal para que haga cumplir los controles fronterizos y las leyes de inmigración.
El año pasado, Moody demandó al Departamento de Seguridad Nacional. Un juicio comienza el 9 de enero en un tribunal federal en Pensacola.
La oficina de Moody dice que sus abogados han «a través de meses de intenso descubrimiento … descubierto pruebas de Biden haciendo caso omiso de las leyes de inmigración de seguridad pública que permite más de 1 millón de inmigrantes no sometidos a investigación, inadmisibles en el interior».
Dejarlos entrar, dijo Moody, también permite la entrada de «individuos peligrosos y drogas mortales como el fentanilo».
«Ahora, debido a nuestro litigio, el presidente debe defender sus acciones imprudentes y su negativa a seguir la ley en un tribunal federal».
Moody sostiene que una ley federal de 1996 obliga al gobierno federal a detener a los «inmigrantes inadmisibles» hasta que sean repatriados a su país de origen, como exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Y el Departamento de Seguridad Nacional debe «detener a los solicitantes de admisión hasta que se adjudique si el inmigrante debe ser expulsado».
La oficina de Moody dijo que la demanda había sobrevivido a las mociones de desestimación y de juicio sumario.
El litigio de Moody ha revelado, entre otras cosas, que la Administración Biden «redujo a propósito la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y estrechó las vías de expulsión».
En un testimonio, el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Raul Ortiz, dijo que esos cambios «dejaron a la Patrulla Fronteriza sin otra opción que liberar a cientos de miles de inmigrantes en el interior».
La Procuraduría estatal también descubrió un memorándum del 19 de mayo de 2022 que decía que el plan del gobierno federal, en caso de que los inmigrantes rebasaran la frontera cuando expirara el Título 42, era su liberación masiva en Estados Unidos.
El Título 42 es una ley de salud pública que permite al gobierno impedir la entrada de personas al país durante una emergencia de salud pública.
La Administración Trump lo invocó en marzo de 2020 durante la pandemia de COVID. Florida es uno de los 23 estados que han demandado al gobierno federal por su plan de dejar expirar el Título 42.
El 5 de enero, la Administración Biden anunció un plan para reforzar el uso de la ley en algunos casos mientras siga vigente.
Y el testimonio y la declaración de Corey Price, director ejecutivo asociado de ICE para Operaciones de Ejecución y Expulsión, confirmó que la Administración Biden «sabía que sus prioridades de inmigración reducirían la aplicación de la ley a la mitad y aún así las implementó», dijo la oficina de Moody.
«Price también confirmó que el ICE está expulsando a más de siete veces menos inmigrantes inadmisibles que en 2012, registrando aproximadamente la mitad de inmigrantes que la administración anterior».
El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, en su informe anual de 2021 publicado el pasado noviembre, dijo que el estado tuvo un aumento del 10 por ciento en las muertes por sobredosis de drogas en 2021, con aumentos en las causadas por el fentanilo y las benzodiazepinas.
Estas últimas son depresores como el librium y el valium, utilizados para tratar trastornos de ansiedad, insomnio y convulsiones.
Se encontraron drogas en los cuerpos de más de 16,000 fallecidos, de las casi 37,000 que investigaron los médicos forenses. De ellas, 8411 estaban relacionadas con los opioides.
La principal droga presente en las muertes examinadas fue el alcohol, en 6511, apenas por delante del fentanilo, según el informe del FDLE. Pero el fentanilo fue con mucho la principal causa de muerte relacionada con las drogas, responsable de 6442 muertes, más que las dos siguientes causas de muerte relacionadas con las drogas combinadas, la cocaína y la metanfetamina.
Las muertes causadas por el fentanilo aumentaron un 6% respecto al año anterior.
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