La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, dijo el lunes que no está justificada ninguna investigación sobre la gestión de las residencias de ancianos por parte de la gobernadora Gretchen Whitmer durante la pandemia del virus del PCCh, después de que varios legisladores republicanos pidieran una investigación sobre las muertes relacionadas con el virus en las residencias de ancianos del estado.
Nessel, demócrata, dijo en un comunicado que «no dudará en actuar cuando esté justificado», pero que no «abusará de los poderes de investigación de este Departamento para lanzar un ataque político contra cualquier funcionario estatal, independientemente de su partido o creencias».
Esto se produce después de que el senador estatal Jim Runestad, un republicano, liderara una coalición de legisladores del Partido Republicano de Michigan para pedir una investigación sobre si las políticas de Whitmer en torno al virus del PCCh (Partido Comunista Chino) exacerbaron el brote en las residencias de ancianos. También pidieron más transparencia en torno a la información oficial sobre los datos de las muertes relacionadas con COVID-19, la enfermedad causada por el virus, en las residencias de ancianos de Michigan, y cuestionaron el cumplimiento de las directrices sanitarias federales.
En los primeros días de la pandemia, Michigan —junto con Nueva York y otros cuatro estados— implementaron una política que buscaba evitar el hacinamiento en los hospitales enviando a los adultos mayores médicamente estables en proceso de recuperación de COVID-19 a las residencias de ancianos. Whitmer emitió una orden ejecutiva (pdf) en abril de 2020 para designar 21 residencias de ancianos como «centros regionales», que debían proporcionar atención tanto a los adultos mayores que se recuperaban del virus del PCCh como a los que no tenían el virus. La gobernadora también impuso condiciones para la admisión de los adultos mayores que se recuperaran de COVID-19, en concreto que los centros debían establecer unidades de aislamiento específicas y disponer de equipos de protección personal adecuados.
Sin embargo, los críticos argumentan que la política de mezclar a los pacientes con COVID-19 con otros en las residencias de ancianos expuso a los más vulnerables al virus y puede haber provocado más muertes. En cartas separadas (pdf) enviadas a Nessel y al Departamento de Justicia de EE.UU. el 24 de febrero, los ocho legisladores republicanos argumentaron que la política del centro regional «puede haber exacerbado el número de muertes en esas instalaciones».
Los legisladores también destacaron las «discrepancias» en la forma en que las residencias de ancianos informaron sobre las infecciones y las muertes por el virus del PCCh, cuestionaron si se siguieron las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y cuestionaron el cumplimiento de la Ley de Libertad de Información de Michigan.
En agosto de 2020, el Departamento de Justicia solicitó a los gobernadores de los estados que habían «emitido órdenes de COVID-19 que podrían haber provocado la muerte de adultos mayores que vivían en residencias de ancianos»—en concreto, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania— que entregaran los datos sobre las muertes ocurridas en dichos establecimientos. Whitmer, junto con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se opuso a esas investigaciones, argumentando que no eran más que un «desvío claramente partidista» dirigido a los estados gobernados por los demócratas.
«El hecho de que esta carta haya sido enviada durante la semana de la Convención Nacional Republicana a cuatro gobernadores demócratas debería dejar muy claro que esto no es más que política de año electoral por parte de una administración que está más preocupada por la campaña de reelección del presidente que por proteger a los adultos mayores de Michigan», dijo Whitmer en ese momento.
Más recientemente, Whitmer defendió sus políticas en un debate virtual del 11 de marzo organizado por Politico, en el que dijo que era un «punto de discusión republicano que los pacientes fueran enviados de vuelta a las residencias de ancianos». Dijo que sus órdenes seguían la orientación federal y que no había mandatos para que los pacientes que dieran positivo a COVID-19 fueran devueltos a las residencias de ancianos, sino que solo se imponían condiciones para garantizar su seguridad.
«Nunca sugerimos ni ordenamos, ni mucho menos, que devolvieran a los pacientes. Pero si iban a hacerlo, debían seguir estos protocolos reforzados», dijo Whitmer.
Nessel, en una carta dirigida a Runestad (pdf), abordó las áreas de preocupación que los republicanos plantearon en su carta. Escribió que no veía «ninguna prueba» en su carta o «en otro lugar que sugiriera que los esfuerzos de la gobernadora Whitmer para contener COVID-19 en las residencias de ancianos de Michigan dieran lugar a un aumento de las muertes».
«La sugerencia de que estas decisiones de política de salud pública, por sí mismas, deben ser investigadas porque diferentes enfoques podrían haber dado lugar a menos muertes es inapropiada y viola las directrices éticas bien establecidas para las investigaciones de las agencias de la ley», escribió Nessel.
En cuanto al cumplimiento de las directrices de los CDC, Nessel escribió que los legisladores republicanos no habían proporcionado datos concretos sobre las supuestas violaciones, y «aunque se identifique un comportamiento contrario a las directrices de los CDC, no existe ninguna sanción penal en virtud de la legislación de Michigan para dicha violación».
Señaló una falta de especificidad similar con respecto a las supuestas violaciones de la Ley de Libertad de Información, y añadió que, incluso si las hubiera, la oficina del Fiscal General no es el mecanismo adecuado para su investigación.
En respuesta, Runestad acusó a Nessel de abdicar de su responsabilidad y dijo que las comisiones legislativas no habían podido obtener datos del Estado.
«Las familias que perdieron a sus seres queridos a causa de COVID-19 en las residencias de ancianos merecen obtener respuestas. Y al igual que la administración de Whitmer, hoy la oficina de la fiscal general demócrata ha defraudado a esas familias», dijo en un comunicado.
Es probable que el escrutinio sobre las políticas de Whitmer continúe.
La semana pasada, el fiscal del condado de Macomb, Peter Lucido, antiguo senador republicano, pidió que la oficina del médico forense del condado creara un comité para revisar las muertes en residencias de ancianos relacionadas con COVID-19.
Anteriormente, el periodista Charlie LeDuff y la Fundación Legal del Centro Mackinac presentaron una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, solicitando datos relacionados con las muertes por COVID-19 en residencias de ancianos.
La oficina de Whitmer no respondió a una solicitud de The Epoch Times para hacer comentarios.
Con información de GQ Pan.
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