La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió a la Corte Suprema de Nueva York que sancione al expresidente Donald Trump, a sus dos hijos mayores y a otros asociados con una multa de USD 20,000 por «argumentos previamente rechazados» en mociones legales.
Según los documentos judiciales presentados el 5 de septiembre (pdf), la principal fiscal del estado pidió a la corte que multe al 45º presidente y a sus coacusados con USD 10,000 y a su equipo legal con otros USD 10,000, por mociones «frívolas y sancionables».
La medida está relacionada con la demanda civil por fraude de USD 250 millones presentada por la Sra. James contra el expresidente y sus socios por una valoración supuestamente falsa y engañosa de sus activos empresariales en miles de millones de dólares.
La fiscal demócrata acusó al equipo jurídico del expresidente de presentar cinco veces el mismo argumento, a pesar de haber sido rechazado ya tres veces por las cortes.
La Sra. James dijo que la corte estatal rechazó esos argumentos por segunda vez, en parte por estar «al borde de la frivolidad» y criticó a los «sofisticados» abogados de los acusados, diciendo que «deberían haberlo sabido mejor».
Las dos mociones que no han sido denegadas aún no han sido resueltas, ya que no se presentaron hasta agosto.
La fiscal general dijo que la demanda siguió a una investigación de tres años de su oficina, que según ella involucró a «más de 65 testigos y la revisión de millones de páginas de documentos producidos por los acusados y otros».
Demócratas persiguen a Trump antes de las elecciones
El expresidente Trump, que aspira de nuevo a la Casa Blanca en 2024 y es el principal candidato del Partido Republicano, ha negado cualquier irregularidad, así como tres de sus hijos que fueron nombrados en la demanda original.
El exmandatario ha calificado los múltiples casos presentados contra él por fiscales demócratas como parte de una caza de brujas con motivaciones políticas.
El expresidente ha hecho de las acusaciones una pieza central de su campaña presidencial de 2024.
Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, vio desestimados sus cargos por una corte de apelaciones en junio, después de haber sido incluida originalmente en la demanda civil.
El 30 de agosto, la oficina de la Sra. James pidió a la corte estatal que determine si los acusados inflaron los valores de los activos y utilizaron esas cifras exageradas para defraudar a los bancos y aseguradoras con el fin de recibir beneficios.
Ella alegó que el expresidente y su organización habían inflado fraudulentamente su patrimonio neto personal entre USD 812 millones y USD 2.23 mil millones cada año desde 2011.
«Desde al menos 2011, los demandados y otras personas que trabajan en su nombre en la Organización Trump han inflado falsamente en miles de millones de dólares el valor de muchos de los activos que figuran en la declaración anual de la situación financiera (‘SFC’) de Donald J. Trump, y por lo tanto su patrimonio neto global para cada uno de estos años», señala la presentación judicial (pdf).
«El señor Trump, y en algunos años los fideicomisarios de su fideicomiso revocable, presentaron estos SFC groseramente inflados a bancos y aseguradoras para garantizar y mantener préstamos y seguros en condiciones más favorables, cosechando cientos de millones de dólares en ahorros y beneficios mal habidos».
La fiscal acusó a su empresa de participar en «numerosos actos de fraude y tergiversación en la preparación de las declaraciones anuales de la situación financiera del Sr. Trump».
Los cargos incluyen engañar a aseguradoras, funcionarios fiscales y prestamistas al supuestamente inflar el valor de las propiedades del expresidente, incluida su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.
«Sobre la base de pruebas indiscutibles, no se requiere un juicio para que la Corte determine que los acusados presentaron valores de activos grosera y materialmente inflados (…) repetidamente en transacciones comerciales para defraudar a bancos y aseguradoras», continuó la presentación.
La Sra. James dijo que el expresidente debería ser declarado responsable de fraude sin juicio y que él y sus hijos deberían ser apartados de la dirección de su empresa familiar, además de la multa de USD 250 millones.
La fiscal también quiere que incluso se prohíba a los acusados hacer negocios en Nueva York y participar en adquisiciones inmobiliarias en el Estado durante cinco años.
El juez rechaza el aplazamiento
El 6 de septiembre, el juez Arthur Engoron rechazó el recurso del expresidente para aplazar la demanda de la Sra. James, prevista para el 2 de octubre.
Citando una reciente decisión de una corte de apelaciones, el equipo legal del expresidente argumentó que muchas de las transacciones a las que se refería la demanda eran inadmisibles por haber prescrito.
Ellos acusaron a la Sra. James de «desprecio insensible» de una decisión de la corte de apelaciones del 27 de junio, que le impedía demandar por préstamos que él recibió hace demasiado tiempo, lo que limitaba muchas de las opciones que le quedaban antes del juicio.
Sus abogados solicitaron que el juicio se aplazara «brevemente» tres semanas, para que el juez pudiera pronunciarse sobre las peticiones de ambas partes de que se dictaran sentencias sumarias para evitar el juicio.
Sin embargo, el juez Engoron calificó los argumentos para un retraso de «completamente sin mérito».
En otro acontecimiento legal esta semana, un juez federal encontró al expresidente Trump responsable de difamar a la escritora E. Jean Carroll por negar las acusaciones de agresión sexual en su contra en 2019.
El juez dijo que los jurados decidirán cuánto debe en daños y perjuicios.
El presidente Trump ha sido acusado cuatro veces en los últimos cinco meses, incluyendo cargos de crimen organizado y conspiración tras sus esfuerzos por impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia sobre la base del fraude electoral.
El 24 de agosto, el Sr. Trump fue fichado en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, tras entregarse a las autoridades después de ser imputado por una serie de cargos.
El Departamento de Justicia del presidente Biden también ha perseguido al expresidente por su presunta mala gestión de documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago y por la polémica sobre la violación del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Con información de Reuters
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