La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomó las primeras medidas en el condado de Westchester de Nueva York para prepararse para confiscar las propiedades del expresidente Donald Trump después de que un juez estatal ordenara al exmandatario pagar una multa de USD 455 millones en un caso de fraude civil.
La Sra. James, una demócrata, presentó varios recursos legales ante la Oficina del Secretario del Condado de Westchester contra el expresidente y sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, el 6 de marzo. Los tres recursos presentados en el condado por la fiscal general contra el presidente Trump ascendían a 243,326,767.10, 20,421,141.98 y 63,580,273.97 dólares.
En el condado de Westchester, situado justo al norte de Nueva York, la empresa del expresidente es propietaria de la finca Seven Springs y del campo de golf Trump National Golf Course Westchester.
Las acciones de la fiscal ocurrieron una semana después de que el juez Arthur Engoron multara al expresidente, a sus dos hijos y a otros funcionarios de la Organización Trump, alegando que cometieron fraude contra bancos y compañías de seguros inflando el valor de sus propiedades.
El expresidente de EE. UU. se enfrenta el próximo lunes a un plazo límite para depositar una fianza que cubra una sentencia civil de USD 454 millones contra él por exagerar su patrimonio neto y el valor de sus propiedades inmobiliarias para engañar a inversionistas y prestamistas, de lo contrario se arriesga a que las autoridades estatales le embarguen sus bienes mientras apela.
Los registros no significan necesariamente que las incautaciones de las propiedades de Westchester sean inminentes. Pero son un paso procesal que sería necesario si la Sra. James intentara embargarlas en el futuro. La fiscal general dijo en febrero que estaría dispuesta a embargar las propiedades del expresidente si éste no podía pagar la deuda civil por fraude.
Ni la Sra. James ni los abogados del expresidente han declarado públicamente sobre las sentencias dictadas en el condado de Westchester, de las que reportaron primeramente medios de comunicación como Reuters y Bloomberg el miércoles.
Antes de un juicio sin jurado de tres meses en Manhattan, el juez Engoron determinó que el presidente Trump había cometido fraude al sobrevalorar propiedades como Seven Springs, así como propiedades más conocidas como su finca Mar-a-Lago en Florida y su penthouse en la Torre Trump de Manhattan. El juez consideró que el presidente Trump infló fraudulentamente el valor de Seven Springs en más de un 400% en 2014.
El expresidente ha negado haber actuado mal, diciendo que el juez es un «politiquero» que trabaja en conjunto con los demócratas para socavar su candidatura presidencial republicana.
«Venta de liquidación»
A principios de esta semana, el expresidente Trump escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social que podría verse obligado a vender sus propiedades y bienes a «precios de liquidación» para pagar la fianza del caso o para apelar la sentencia.
«En realidad, el juez Engoron quiere que deposite cientos de millones de dólares por el derecho a apelar su ridícula decisión. En otras palabras, está intentando quitarme mis Derechos de Apelación», escribió el presidente Trump el martes. «Nadie ha oído hablar nunca de algo así».
El expresidente advirtió que se vería «obligado a hipotecar o vender Importantes Bienes, quizá a precios de Liquidación, y si gano la Apelación y cuando la gane, habrán desaparecido. ¿Tiene sentido?».
El jueves, sus abogados repitieron algunas de esas afirmaciones ante la corte, afirmando que verse obligado a vender propiedades a precios muy inferiores causaría un daño irreparable porque no podrían recuperarlas más adelante si ganaran la apelación.
«Al exigir un compromiso por el importe total de la sentencia para poder apelar, la fiscal general y la Corte Suprema han tratado de imponer una condición de fianza manifiestamente irrazonable, injusta e inconstitucional (tanto según la Constitución federal como la del estado de Nueva York)», dijeron sus abogados en el escrito.
Anteriormente, sus abogados habían escrito que recurriría la sentencia del juez Engoron, pero que debía pagar la fianza para seguir adelante. Este mes presentaron una declaración jurada de un corredor de seguros en la que se afirmaba que sería una «imposibilidad práctica» conseguir el importe para la apelación antes de la fecha límite del 25 de marzo.
«El importe de la sentencia, con intereses, supera los 464 millones de dólares, y muy pocas compañías de fianzas considerarán una fianza de algo que se aproxime a esa magnitud», escribieron los abogados del expresidente.
Mientras tanto, el expresidente tiene que equilibrar la recaudación de dinero tanto para su campaña como para sus gastos legales, que probablemente aumentarán al enfrentarse a cuatro próximos juicios penales. Se ha declarado inocente en las causas penales y ha negado haber cometido delito alguno en todas ellas.
En un caso civil distinto, el presidente Trump pudo pagar una fianza en la sentencia por difamación de 83.3 millones de dólares dictada a favor de la escritora E. Jean Carroll. Un jurado le ordenó por separado que pagara 5 millones de dólares a la Sra. Carroll después de que ella afirmara que él la agredió en la década de 1990.
Con información de Reuters.
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