El fiscal general de Oklahoma, John O’Connor, solicitó a la Corte Suprema que anule —o al menos reduzca el alcance— de un fallo histórico de 2020 sobre la soberanía tribal que, según él, estaba conduciendo inadvertidamente a una «crisis de la justicia penal» y poniendo al público en peligro.
O’Connor, un republicano, dijo en una petición el viernes (pdf) que el fallo de la Corte Suprema de 5-4 en McGirt v. Oklahoma, que sostuvo que el estado no tiene jurisdicción para procesar los principales crímenes cometidos por los nativos americanos en una gran parte del este de Oklahoma, ha llevado a resultados que son «calamitosos y empeoran cada día» para los habitantes de Oklahoma.
La decisión de la Corte Suprema dictaminó que una gran parte del este de Oklahoma, incluida la ciudad de Tulsa, sigue considerándose tierra tribal, lo que aleja a las autoridades locales de la persecución de los delitos cometidos en esa tierra y se la entrega a las autoridades federales y tribales.
«La decisión en el caso McGirt lleva ahora a miles de víctimas de delitos a buscar justicia en las fiscalías federales y tribales, cuyas oficinas no están equipadas para atender esas demandas. Numerosos delitos quedan sin investigar y sin procesar, poniendo en peligro la seguridad pública. Los tribunales federales de distrito de Oklahoma están completamente desbordados», afirma O’Connor en la petición.
Una de las consecuencias de limitar la jurisdicción penal del estado sobre las tierras tribales, argumentaba O’Connor, es que miles de presos del estado están impugnando condenas de décadas, muchas de las cuales no pueden ser procesadas de nuevo.
«Las víctimas de crímenes atroces están siendo revictimizadas al pasar por el proceso legal una segunda vez, y, en algunos casos, viendo cómo el asesino de su ser querido es puesto en libertad porque los fiscales federales no pueden presentar las demandas contra los convictos liberados», dijo O’Connor en un comunicado.
Argumentando que la Corte Suprema «se equivocó en esta decisión», O’Connor añadió que pide que el tribunal anule su decisión o la limite a ciertos delitos federales. En concreto, la petición pide que el alto tribunal permita que los delincuentes violentos condenados antes del fallo permanezcan en las cárceles estatales y que conceda al Estado la autoridad para procesar a los no nativos americanos que cometan delitos contra ciudadanos tribales en las tierras de la reserva.
«La forma más eficaz de corregir este terrible error es que el tribunal anule la decisión McGirt. Si no se actúa, las consecuencias negativas perjudicarán a los habitantes de Oklahoma durante años», dijo O’Connor.
Los abogados de algunas de las tribus han argumentado que las graves advertencias del estado son exageradas y que los tribunales federales y tribales están trabajando para manejar la carga de trabajo adicional.
El jefe principal de la Nación Cherokee, Chuck Hoskin Jr., acusó a O’Connor y al gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, también ciudadano de la Nación Cherokee, de promover una «agenda política antiindígena».
«El gobernador nunca ha intentado cooperar con las tribus para proteger a todos los habitantes de Oklahoma», dijo Hoskin en un comunicado. «Está perfectamente claro que siempre ha sido su intención destruir las reservas de Oklahoma y la soberanía de las tribus de Oklahoma, sin importar cuál sea el precio».
Con información de Associated Press.
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