La fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, será sometida a un proceso disciplinario inmediato por parte del máximo órgano de gobierno de la judicatura peruana, la Junta Nacional de Justicia, debido a las investigaciones por supuesto tráfico de influencias contra su entorno más cercano.
Después de 24 horas en sesión permanente, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú informó que este tipo de procedimientos se abren a jueces o fiscales cuando «existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular», según un comunicado compartido en la red social X (antes Twitter), donde aclaró que ya han notificado a Benavides el inicio del proceso.
La JNJ aclaró que el procedimiento disciplinario inmediato se sigue a un juez o fiscal por la comisión de una falta disciplinaria «muy grave», detectada en el momento en que se está ejecutando.
Añadió que actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, «garantizando el debido proceso y cautelando el interés público».
El caso que afecta a Benavides lo inició el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía al realizar detenciones y allanamientos de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general, como parte de la investigación de una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público».
Esa organización presuntamente buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la JNJ, la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Apenas conocida la investigación, Benavides destituyó a la coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, y luego aseguró que las investigaciones son «un acto torpe» para intentar bloquear las pesquisas que sigue contra los máximos representantes del gobierno por las muertes durante las protestas que se desarrollaron de diciembre a marzo pasado.
La fiscal general oficializó el martes el cese de Barreto y designó en su puesto al abogado José Miguel Cuya Berrocal, quien estaba a cargo de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Sin embargo, Cuya declinó el nombramiento por «motivos personales», según una carta suya dirigida a Benavides y publicada por los medios peruanos.
Este martes se conoció además que existen al menos 37 audios que revelan las coordinaciones que hacía un asesor de la fiscal general con congresistas para, entre casos, lograr una sanción contra la ex fiscal general Zoraida Ávalos.
Además del cese de la fiscal coordinadora, Benavides presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades.
Tras ese anuncio, Boluarte señaló que la decisión de la fiscal de la Nación era una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía de las investigaciones en su contra.
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