El fiscal general de Texas, Ken Paxton, expresó su apoyo a la orden del gobernador estatal Greg Abbott de trasladar a inmigrantes ilegales a Washington D.C.
En una entrevista con Fox, Paxton reconoció que un caso de la Corte Suprema de 2012 impide que los estados elaboren sus propias políticas de inmigración y dijo que el caso podría ser un «problema para Texas». Sin embargo, la Corte Suprema ahora tiene una mayoría conservadora de 6 frente a 3 y podría revisar el tema de nuevo, sugirió, a la vez agregó que el caso de 2012 fue una «decisión errónea».
“Así que alentaría al gobernador a que ordenar enviar a la gente fuera de nuestro estado y hacer que el gobierno federal nos demande [y] llevarlo de nuevo a la Corte Suprema de Estados Unidos», dijo Paxton.
Las órdenes de Abbott fueron en respuesta a los planes de la administración Biden de poner fin a las expulsiones del Título 42 que se implementaron durante la administración Trump para evitar que los posibles inmigrantes ilegales infectados con COVID-19 cruzaran a Estados Unidos desde Canadá y México. Washington planea poner fin al Título 42 el 23 de mayo.
Muchos demócratas y organizaciones de derechos civiles han elogiado la decisión de Biden. Pero los republicanos y algunos demócratas advirtieron que rescindir el Título 42 daría como resultado un aumento masivo en la inmigración que se sumaría al ya elevado número de personas que la Patrulla Fronteriza aborda cada día.
Las expulsiones en virtud del Título 42 implican la expulsión de inmigrantes que recientemente llegaron procedentes de un país afectado por una enfermedad infecciosa. Un grupo bipartidista de senadores presentó recientemente un proyecto de ley destinado a retrasar el fin del Título 42 al menos 60 días posteriores del fin de la declaración de emergencia nacional por el COVID-19.
Tras el fin de la emergencia, el Departamento de Seguridad Nacional tendrá que presentar al Congreso un plan en un plazo de 30 días en el que se detalle cómo minimizar el impacto de cualquier aumento del número de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, desestimó la política de Abbott de enviar inmigrantes a Washington como un “truco publicitario”. Abbott no tiene la «autoridad legal» para obligar a nadie a subirse a un autobús, insistió.
«Su propia oficina admite que un migrante tendría que ser transportado voluntariamente y que él no puede obligarlo. Porque, de nuevo, la ejecución de las leyes de inmigración de nuestro país corresponde al gobierno federal, no a un estado», dijo.
Abbott había anunciado sus acciones «agresivas» para asegurar la frontera en un comunicado de prensa el 6 de abril. Además de enviar inmigrantes a Washington, el gobernador también ordenó al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) y al Departamento Militar de Texas (TMD, por sus siglas en inglés) que establecieran bloqueos adicionales a las embarcaciones y que instalaran alambre de púas en las zonas de alto tráfico y en los pasos fronterizos de bajo nivel de agua para disuadir a la inmigración ilegal.
El DPS también recibió instrucciones de llevar a cabo inspecciones de seguridad reforzadas de los vehículos que cruzan a Texas debido a la previsión de que la expiración del Título 42 estimulará un aumento del tráfico ilícito «facilitado por los cárteles».
«Las nuevas estrategias anunciadas hoy y la semana que viene reforzarán aún más nuestra ya robusta respuesta al desastre fronterizo de Biden, y utilizaremos todos y cada uno de los poderes legales para frenar el flujo de drogas, traficantes de personas, inmigrantes ilegales, armas y otro tipo de contrabando hacia Texas», dijo el gobernador.
Abbott se refirió a las proyecciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., que prevé hasta 18,000 detenciones de inmigrantes al día una vez que finalice el Título 42, lo que supondrá más de medio millón de cruces de inmigrantes ilegales al mes.
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