La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dice que el tribunal debería exigir al expresidente Donald Trump que pague una fianza que cubra la multa total de más de 464 millones de dólares en su caso de fraude civil.
El tribunal también debería establecer un cronograma acelerado si se suspende algún fallo mientras el expresidente apela su caso, dijo la oficina.
“Una suspensión en espera de la apelación es un remedio drástico en todos los casos. En este caso, en el que el Tribunal Supremo emitió una decisión exhaustiva de 92 páginas después de un juicio sin jurado de 11 semanas, los acusados no se acercan a demostrar que tienen derecho a un remedio tan extraordinario», argumentó el estado en una presentación del 11 de marzo.
«El Tribunal debería desestimar la moción en su totalidad».
Según la ley estatal, los apelantes deben depositar el monto total de la multa en una cuenta de depósito en garantía o depositar una fianza que cubra ese monto en caso de que una apelación fracase o sea retirada.
El estado argumenta que permitir que el presidente Trump haga lo contrario socavará su capacidad para hacer cumplir sentencias en el futuro y “perjudicaría gravemente a la OAG [Oficina del fiscal general] y al interés público”.
Los abogados estatales pidieron al tribunal que fijara como fecha límite el 3 de junio para el escrito de apelación de los acusados, una respuesta del estado antes del 1 de agosto, una respuesta del acusado el 22 de agosto y una audiencia en septiembre.
Un juez de la corte de apelaciones ha fijado una audiencia sobre el tema para el 18 de marzo.
La defensa ha argumentado que la suma de 464 millones de dólares, que incluye intereses retroactivos, se fijó como devolución (reembolso por ganancias obtenidas ilícitamente), pero que no se obtuvo ninguna ganancia.
Los estatutos a los que se hace referencia en este caso no le habrían permitido a un juez ordenar daños punitivos, que son concedidos por un jurado, sino solo el reembolso. La defensa también dijo que las fórmulas utilizadas por el estado para llegar a estas cifras eran arbitrarias.
Un tribunal de apelaciones puede técnicamente ordenar una suspensión de la sentencia si determina que es “necesario para preservar el status quo” y la jurisdicción del tribunal de apelaciones. El estado argumenta que se trata de un requisito “extraordinario” que la defensa no ha cumplido.
Un juez ya ha suspendido temporalmente la prohibición que le impedía al presidente Trump y a sus hijos mayores de edad seguir dirigiendo la Organización Trump o contraer préstamos mientras las partes se preparan para argumentar.
El estado también ha enfatizado en documentos judiciales que es «ley de letras negras» que la prohibición de la sentencia sobre los préstamos no se aplicaría a la obtención de bonos para su apelación.
¿Incautación de edificios?
El estado argumentó que la defensa nunca ha demostrado que los activos líquidos del presidente Trump sean suficientes para cubrir los USD 464 millones y que sus activos puedan fluctuar.
Si no puede pagar, el fiscal general se verá “obligado a gastar recursos públicos sustanciales para ejecutar la sentencia si ésta se confirma en apelación”.
En una entrevista poco después de que se emitiera el veredicto, la Sra. James le dijo a ABC News que su oficina estaba lista para pedirle a un juez que aprobara la incautación de los edificios de la Organización Trump si la defensa no pagaba.
«El Sr. Trump tiene pasivos sustanciales que pueden reducir aún más sus activos líquidos, incluyendo otras sentencias pendientes de dinero en su contra, y se enfrenta a múltiples acusaciones penales», dice la presentación. El presidente Trump pagó recientemente una fianza de más de 91 millones de dólares para apelar un caso separado de difamación.
¿Víctimas?
La defensa ha denunciado repetidamente el hecho de que en el caso no se nombra a ninguna víctima, a pesar de que los fiscales estatales afirman que la Organización Trump defraudó a organizaciones financieras y al público.
Un juez de Nueva York determinó que los acusados “les costaron a los bancos mucho dinero y el fiscal general dijo que los estados financieros “engañosos” de la organización “daban como resultado que las aseguradoras cobraran demasiado poco a los acusados”.
Las leyes estatales utilizadas por el fiscal general son amplias y, como caso civil, los requisitos tampoco eran tan altos como para un caso penal.
«Las reclamaciones de ilegalidad por falsificación de registros comerciales no requieren explícitamente materialidad», escribieron los abogados estatales en el último documento. “Además, como explicó correctamente la Corte Suprema, las demandas de fraude en virtud del artículo 63(12) exigen que la OAG establezca únicamente una capacidad o tendencia a engañar o a crear una atmósfera que conduzca al engaño”.
El juez de Nueva York determinó que los prestamistas, aseguradoras y agencias gubernamentales “confiaban” en las declaraciones de situación financiera de la Organización Trump, ya que las utilizaban incluso si hacían análisis adicionales de las finanzas de la Organización Trump.
Representantes del grupo asegurador de Zurich y del Deutsche Bank, que cortejaron los negocios del presidente Trump, testificaron que revisaron los estados financieros y también hicieron sus propios análisis.
El presidente Trump testificó que les pagó a las instituciones financieras en su totalidad y a tiempo, e incluso antes si se acercaba un feriado bancario.
El tribunal dictaminó que, aunque no hubo incumplimiento de pago, las prácticas de la Organización Trump condujeron a “inyectar riesgos financieros masivos” en el mercado, y “el próximo grupo de prestamistas que reciba declaraciones falsas podría no tener tanta suerte”.
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