El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda el martes contra el condado de Harris por su programa de ingresos garantizados, que está diseñado para ayudar a los hogares de bajos ingresos, calificándolo como una “extralimitación gubernamental ilegal e ilegítima”.
Paxton dijo que el programa, que proporcionaría pagos en efectivo de USD 500 a 1928 residentes durante 18 meses sin condiciones, otorga dinero público de una manera que viola la Constitución de Texas.
Según su oficina, la Constitución de Texas prohíbe a “cualquier condado, ciudad, pueblo u otra corporación política o subdivisión del Estado… conceder dinero público o cosa de valor en ayuda de, o a cualquier individuo”.
“El dinero de los contribuyentes debe gastarse legalmente y utilizarse para promover el interés público, no simplemente redistribuirse sin responsabilidad ni expectativas razonables de un beneficio general”, dijo Paxton en un comunicado de prensa.
Añadió: “Estoy presentando una demanda para impedir que los funcionarios del condado de Harris abusen de los fondos públicos para obtener beneficios políticos”, y dijo que el programa es “claramente inconstitucional”.
El condado financió el programa con los 20.5 millones de dólares que recibió de la Ley 2021 del Plan de Rescate de EE.UU., destinados específicamente a iniciativas de ayuda por el COVID-19.
Aquellos que califican para el programa deben tener un ingreso familiar inferior al 200 por ciento del umbral federal de pobreza y deben vivir en uno de los códigos postales identificados como de alta pobreza.
Sin embargo, Paxton afirmó que la donación basada en lotería viola la Constitución de Texas porque la selección de los destinatarios es «intrínsecamente arbitraria» y regala «dinero público sin condiciones, sin control sobre el gasto de ese dinero y sin garantía de beneficio público».
En su demanda de 16 páginas presentada ante un tribunal civil de Houston, Paxton denominó al programa el “Harris Handout” y lo describió como un “experimento socialista” iniciado por funcionarios del condado.
“No existe el dinero gratis, especialmente en Texas. La Constitución de Texas prohíbe expresamente donar fondos públicos para beneficiar a individuos: una protección de sentido común para evitar el amiguismo y garantizar que los fondos públicos beneficien a todos los ciudadanos”, se lee en la demanda.
“El estado de Texas presenta esta demanda para garantizar que el Condado de Harris cumpla con la ley y que los fondos públicos se gasten adecuadamente y no se repartan como premios en las cabinas de votación”.
El fiscal general del condado de Harris promete defender el programa
Los funcionarios del condado de Harris rechazaron la demanda de Paxton, que busca una orden de restricción temporal para detener el programa. Los primeros pagos debían distribuirse desde el 24 de abril.
El fiscal del condado de Harris, Christian Menefee, defendió el programa, afirmando que estaba destinado a ayudar a las personas “de manera real, brindándoles asistencia directa en efectivo, algo que los gobiernos siempre han hecho”.
“Esta demanda no es más que otro ataque al gobierno del condado de Harris por parte de líderes estatales republicanos que buscan aparecer en los titulares”, dijo Menefee en un comunicado. «Defenderé enérgicamente al condado y a este programa ante los tribunales».
Esta demanda es la última batalla legal de los últimos años entre el condado de Harris, el mayor bastión demócrata del estado, y el gobierno estatal dominado por el Partido Republicano.
Las elecciones en el tercer condado más poblado del país han sido objeto de escrutinio en los últimos años. En 2023, la Legislatura de Texas aprobó nuevas leyes que buscan tener más influencia en las elecciones del condado de Harris.
Con información de Associated Press
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