El fiscal general de Texas, Ken Paxton, volvió a demandar a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), al fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, y a otros miembros de la administración del presidente Joe Biden, en un esfuerzo por impedir que entren en vigor unas directrices que, según el fiscal general, obligarán ilegalmente a los empleadores a aplicar “mandatos transgénero”.
Paxton anunció la demanda (presentada ante la Corte de Distrito de EE.UU. del Norte de Texas en Amarillo) en un comunicado de prensa del 15 de agosto.
El desafío legal se centra en la orientación federal publicada en abril que amplía las protecciones del Título VII de la fuerza de trabajo para los empleados transgénero, aclarando la definición de acoso bajo la ley federal.
Al publicar estas directrices, la EEOC afirma que “ayudarán a las personas a sentirse seguras en el trabajo y a los empresarios a crear lugares de trabajo respetuosos”.
Sin embargo, Paxton afirma que es ilegal, y que dichas directrices exponen a los empleadores privados y estatales a demandas de la EEOC si no se adaptan a la identidad de género preferida de los empleados en contraposición a su sexo biológico.
“La Administración Biden-Harris está intentando una vez más reescribir la ley federal a través de una acción de agencia antidemocrática e ilegal”, dijo Paxton.
Las directrices de la EEOC establecen que la discriminación por razón de sexo en virtud del Título VII incluye la discriminación laboral “basada en la orientación sexual o la identidad de género, incluida la forma en que se expresa dicha identidad”.
Los ejemplos incluyen: “La conducta de acoso basada en la orientación sexual o la identidad de género incluye epítetos relativos a la orientación sexual o la identidad de género; agresión física debido a la orientación sexual o la identidad de género; outing (revelación de la orientación sexual o la identidad de género de una persona sin permiso); conducta de acoso porque una persona no se presenta de una manera que se asociaría estereotípicamente con el sexo de esa persona; [y] el uso repetido e intencionado de un nombre o pronombre incompatible con la identidad de género conocida de la persona (misgendering)”.
“Abuso flagrante del poder federal”
De acuerdo con las directrices, el acoso también incluye la “denegación de acceso a un cuarto de baño u otras instalaciones segregadas por sexo de acuerdo con la identidad de género de la persona”.
En su demanda, Paxton argumentó que las directrices de la EEOC se basan en una “tergiversación intencionada” de la sentencia Bostock vs Clayton dictada por la Corte Suprema de EE.UU. en 2020, en la que el máximo tribunal del país dictaminó que los empresarios no pueden discriminar por motivos de homosexualidad o identidad transexual.
“La mayoría de Bostock ‘participó del supuesto de que ‘sexo’… se refiere únicamente a las distinciones biológicas entre hombre y mujer’, y no incluyó ‘normas relativas a la identidad de género’”, dijo Paxton.
Sostuvo además que la agencia se ha extralimitado en su autoridad legal al emitir directrices que contradicen la ley y violan la Ley de Procedimiento Administrativo.
El fiscal general de Texas pidió a la corte que prohibiera permanentemente la guía e impidiera a la administración Biden aplicar cualquier aspecto de la norma.
La demanda de Paxton, presentada junto con el grupo de reflexión conservador Fundación Heritage, también incluye como demandada a la presidenta de la EEOC, Charlotte Burrows.
Se trata de la segunda demanda de Paxton contra las directrices de la EEOC, después de que el juez de distrito Matthew Kacsmaryk rechazara una impugnación anterior en julio, señalando que la demanda del fiscal general hacía referencia a una resolución anterior sobre un documento anterior, pero que se presentaba contra un nuevo documento, por lo que requería una nueva demanda.
El juez no llegó a pronunciarse sobre el fondo del asunto, y Paxton presentó la nueva demanda.
Dan Mauler, consejero general de la Fundación Heritage, declaró que está orgulloso de unirse a Texas en su demanda.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la EEOC y el Departamento de Justicia para recabar sus comentarios.
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