Un fiscal argentino pidió hoy elevar a juicio oral la causa contra el exvicepresidente argentino Daniel Scioli (2003-2007) por presuntos hechos corrupción que se le imputan cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015.
El excandidato a presidente por el Frente para la Victoria está acusado por el fiscal Álvaro Garganta de supuesta negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias pasivo y activo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En la causa que le afecta se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de la construcción de ocho Unidades sanitarias de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una novena por las que el Gobierno provincial habría recibido 117 millones de pesos (3,19 millones de dólares al cambio actual).
En esta causa también piden que vayan a juicio oral, entre otros, el exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Alejandro Collia (2009-2015), el exjefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez (2007-2015), y el empresario Ricardo Miller.
De acuerdo al dictamen de Garganta, Scioli habría actuado en favor de la empresa Miller Building Internacional S.A. «con motivo de la relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario, y además, por las dádivas que el primer mandatario (provincial) percibía de este por su rol».
El excandidato peronista ya fue citado para prestar declaración informativa en marzo del año pasado y fue imputado por el fiscal este pasado marzo.
Durante su defensa, Scioli presentó un escrito ante la Fiscalía, ubicada en la ciudad de La Plata -capital de la provincia de Buenos Aires- en el que alegó que «todas las contrataciones» durante su gestión se realizaron «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos» y la «posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas».
En ese texto, Scioli, diputado nacional desde 2017, defendió que «nunca» ha recibido dádivas de «ninguna persona» y que es «totalmente falsa» su «supuesta relación especial con uno de los proveedores».
«Jamás he influido indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado. Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo», aseguró como último argumento.
Garganta, Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 del Departamento Judicial de La Plata, impulsó esta investigación tras la denuncia de la diputada oficialista Elisa Carrió.
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