El fiscal José Domingo Pérez afirmó que el expresidente peruano Alejandro Toledo «solicitó la suma de 35 millones de dólares, a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto de la (carretera) Interoceánica», razón por la cual reiteró su pedido de 20 años y 6 meses de cárcel en su contra, durante la presentación de su alegato en el juicio oral que comenzó este lunes.
Pérez abrió la audiencia de alegatos ante el juzgado que procesa al exmandatario (2001-2006) por colusión y lavado de activos y aseguró que no presentará indicios sino pruebas del pacto colusorio con la constructora brasileña Odebrecht.
Anunció que entre sus testimonios contará con el de Jorge Barata, el exdirectivo de Odebrecht en Perú que confesó haber entregado los pagos a Toledo, así como a otros políticos y mandatarios peruanos.
El representante del Ministerio Público explicó que Toledo solicitó los 35 millones de dólares a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto IIRSA sur, como se denominó a ese tramo de la Interoceánica, y que se comprometió a que los plazos del proceso de contratación no se postergarían.
Y también a modificar las cláusulas de la licitación para que se impida la participación de otros postores.
El expresidente «Toledo trasgredió el deber especial de cautelar que este proyecto de la Interoceánica Sur, sea de interés nacional y no solamente para su beneficio personal», manifestó Pérez.
Agregó que la obra no cumplía con los requisitos técnicos para darla en concesión y que las compañías ganadoras estuvieron impedidas de contratar con el Estado.
Durante las etapas previas a la concesión, Toledo recibió en Palacio de Gobierno a los representantes de Odebrecht para negociar los términos de la licitación, afirmó el fiscal.
En forma paralela al pedido de prisión contra el exgobernante, Pérez solicitó nueve años de inhabilitación contra Toledo para trabajar en el sector público.
Tras la presentación de su alegato, el fiscal declaró a la prensa que, tanto él, como los demás integrantes del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos de corrupción de altos funcionarios, se encuentran «con amenazas de suspensión o siendo objeto de procesos disciplinarios, dentro de la institución».
Pérez se refirió a la campaña de desinformación que circula contra los fiscales y específicamente el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, que ha sido suspendido en sus funciones por declarar a los medios de comunicación.
«De parte del Equipo Especial, mantenemos la firme convicción informar a la opinión publica, porque se tiene que dar a conocer la labor de la fiscalía en señal de transparencia», expresó Pérez.
El fiscal mostró su desacuerdo durante la audiencia por la decisión de la sala de no permitir el ingreso de los medios de comunicación a la instalación del juicio oral por motivos de aforo.
Sin embargo, los magistrados sostuvieron que el principio de publicidad del juicio está garantizado por la transmisión que realiza el canal estatal Justicia TV.
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