NUEVA YORK — Al menos seis compañías farmacéuticas en Estados Unidos que participan en la distribución o producción de analgésicos opioides enfrentan una investigación penal federal debido a sus supuestos roles en la crisis nacional de sobredosis.
La existencia de esta investigación, reportada por primera vez el 26 de noviembre por The Wall Street Journal, se encuentra en las primeras etapas, y se espera que los fiscales citen a más compañías en los próximos meses, dijo el periódico, citando a personas no identificadas que están familiarizadas con la investigación.
Dos abogados de defensa criminal de Nueva York dijeron a La Gran Época que no es exagerado creer que los cargos penales contra algunas de las compañías surgirán en algún momento, citando la Ley de sustancias controladas, que los fiscales pueden utilizar en su caso.
El distribuidor de medicamentos AmerisourceBergen Corp. también recibió una citación como parte de la investigación, según el Journal. La compañía dijo en documentos regulatorios que recibió citaciones de varios abogados de EE. UU., incluido el Distrito Este de Nueva York, pero a diferencia de las otras compañías, AmerisourceBergen no especificó la naturaleza de la investigación.
La Gran Época contactó a la oficina del Distrito Este para confirmar la investigación. John Marzulli, el oficial de información pública de la oficina, declinó hacer comentarios.
Algunas de las declaraciones de las empresas describieron las citaciones como parte de una investigación en toda la industria sobre las políticas antidesviación y la distribución de medicamentos opioides bajo la Ley de Sustancias Controladas (CSA).
La noticia de la investigación federal se produce después de que los gobiernos estatales y locales iniciaron demandas contra fabricantes, distribuidores y cadenas de farmacias de opioides, acusándolos de alimentar la crisis de opioides.
Una de esas compañías, Purdue Pharma, que ganó miles de millones vendiendo su analgésico recetado OxyContin, enfrenta más de 2,600 demandas que afirman que la compañía comercializó y vendió agresivamente su medicamento presentándolo como un medicamento de bajo riesgo de adicción, a pesar de saber que no era así. Purdue, que ha negado cualquier irregularidad, se declaró en bancarrota.
Varios abogados dijeron a La Gran Época en septiembre que creen que los cargos criminales contra Purdue están justificados.
Jason Goldman, exfiscal y abogado de defensa criminal de Nueva York, dijo a La Gran Época que la investigación federal no fue sorprendente dado el mayor escrutinio hacia las grandes compañías farmacéuticas durante el año pasado, incluidos algunos acuerdos civiles y procedimientos de bancarrota.
«Creo que surgirán cargos criminales para al menos algunos, si no es que para todos los jugadores», señaló Goldman, y agregó que el gobierno está tomando medidas enérgicas contra la crisis de los opioides e interpretando la ley de cualquier manera posible para responsabilizar a los grandes jugadores como un mensaje a la industria.
Goldman dice que lo más probable es que las compañías cumplan con las citaciones y busquen cooperar desde el principio con la investigación «bajo el pretexto de una transparencia total».
«En última instancia, intentarán evitar el enjuiciamiento demostrando que cumplieron con la Ley de Sustancias Controladas, o que al menos son inmunes a la responsabilidad penal», agregó.
La epidemia de opioides ha sido considerada una crisis de salud pública y se ha cobrado la vida de casi 400.000 personas entre 1999 y 2017, según los últimos datos de Estados Unidos. Se estima que el gasto relacionado a la crisis le ha costado a la economía estadounidense al menos 631,000 millones de dólares en un período de cuatro años.
«No creo que sea una exageración creer que se producirán cargos penales, particularmente si el Gobierno puede mostrar que estas compañías inundaron deliberadamente las comunidades con opioides mientras minimizaban el claro riesgo de adicción y sobredosis», comentó a La Gran Época, Julie Rendelman, abogada defensora criminal de Nueva York.
Rendelman, un exfiscal de homicidios, dijo que existe suficiente evidencia y que los fiscales pueden usar la Ley de Sustancias Controladas para ir detrás de las compañías como lo harían en un escenario típico de traficantes de drogas.
Por otro lado, un informe del mes pasado de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia reveló que el Organismo de Lucha contra las Drogas tardó en hacer frente a la epidemia de opioides y autorizó un aumento de las cuotas de producción de opioides a pesar de que las muertes por sobredosis estaban aumentando.
«Si las acciones de estas empresas van más allá de la responsabilidad civil, no deberían ser protegidas del enjuiciamiento, especialmente a la luz de una epidemia que ha afectado a tantas personas en todo el país», dijo.
Reuters contribuyó a este informe.
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