Diez fiscales generales de estados con gobernaciones republicanas presentaron una demanda contra la orden de vacunación de la Casa Blanca para contratistas federales.
La demanda, con fecha del 29 de octubre, fue presentada por los fiscales generales de Alaska, Arkansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming. Describieron (pdf) la orden de vacunación de la administración Biden para los contratistas como una «toma de poder».
«Si el gobierno federal intenta ejercer inconstitucionalmente su voluntad y obligar a los contratistas federales a imponer la vacunación, y las empresas podrían verse diezmadas, lo que agravaría aún más las crisis de la cadena de suministro y la fuerza laboral», dijo el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, en un comunicado al presentar la demanda.
Schmitt, un republicano, argumentó además que el gobierno federal «no debería imponer vacunas obligatorias, y es por eso que presentamos una demanda hoy», diciendo que la medida es «ilegal» e «inconstitucional».
El 9 de septiembre, el presidente Joe Biden anunció una amplia orden de vacunación contra COVID-19 para los trabajadores y contratistas federales, dándoles una fecha límite para el 8 de diciembre. Los trabajadores y contratistas federales bajo la orden no podrán presentar pruebas de COVID-19 semanales y, en su lugar, tendrán que vacunarse o buscar una exención religiosa o médica.
Al mismo tiempo, el presidente dijo que ordenaría a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que cree una regla para que los empleadores con 100 o más empleados exijan vacunas o pruebas semanales de COVID-19 para los empleados, lo que afecta a unos 80 millones de trabajadores del sector privado. El personal de atención médica que trabaja en instalaciones financiadas por Medicaid o Medicare también debe recibir la vacuna, sin opción de someterse a pruebas semanales en su lugar.
Aunque Biden ha dicho que las ordenes de vacunación son necesarias para lidiar con el aumento de la variante Delta, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han demostrado que los casos de COVID-19 han disminuido persistentemente en Estados Unidos en las últimas semanas. Mientras tanto, algunos grupos comerciales han emitido advertencias de que las ordenes de Biden sobre vacunas desencadenarían considerables problemas de personal y cadena de suministro en todo el país.
“Las ramificaciones de la orden de vacunación del contratista federal son significativas”, dijo el fiscal general de Nebraska, Douglas Peterson, en un comunicado a fines de la semana pasada. “Afectará a innumerables empleados, exacerbará la escasez de mano de obra existente y creará inestabilidad económica. Lo más importante es que deja sin trabajo a los empleados individuales que trabajaban para contratistas federales si simplemente toman la decisión personal de no vacunarse».
La demanda, presentada en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Missouri, nombra a Biden, al jefe del grupo de trabajo COVID-19, Jeff Zients, a la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, a la directora de la Administración de Servicios Generales, Robin Carnahan, a la directora de la Oficina de Personal y Administración Kiran Ahuja y otros como acusados. Los fiscales generales buscan una orden judicial contra la orden de vacunación.
Esto ocurre luego de que otros estados, incluidos Florida, Texas, Georgia, Arizona y otros, hayan presentado impugnaciones legales sobre la orden de vacunación de los contratistas.
COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.
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