La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido este lunes personarse como acusación en la causa penal abierta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de datos reservados de Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, la asociación que preside el fiscal Salvador Viada explica que la imputación de García Ortiz «contamina, sin remedio, a toda la Carrera» y apunta que si hubiera decidido abandonar el cargo «sería innecesaria nuestra personación en el procedimiento penal».
El primer motivo que esgrimen para poder ejercer la acusación en esta causa es que consideran que estar siendo investigado por el Supremo por un delito de revelación de secretos «resulta incompatible» con el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado.
Para la APIF no resulta compatible «ser jurista de reconocido prestigio con la situación procesal de imputado en causa penal. No podemos admitir que pueda ser considerado mérito el hecho de ser investigado por la presunta comisión de un delito».
«No ha sido una decisión fácil (la de personarse) pero, a nuestro juicio, justificar la permanencia en el cargo indicando que es lo mejor para la institución, no es de recibo».
Se trata de unos hechos, añade el comunicado, que, incluso, «han acarreado la imputación penal de varios fiscales, uno de ellos ya declarado por la Justicia inocente (Julián Salto), habiendo soportado la imputación penal por la presunta actuación del Fiscal General del Estado».
El segundo motivo por el que piden personarse es porque consideran que, al no renunciar al cargo de fiscal general del Estado, «priva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución Española».
Entiende la APIF que resulta «del todo punto imposible que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada, por cualquier fiscal, con la independencia que se le requiere, teniendo como imputado a su jefe».
De este modo, la petición, precisan, «obedece a poder prestar esta actuación profesional, como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad, (…), entendiendo que, en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución».
Y es que, insisten, «el Ministerio Fiscal, como institución nuclear dentro del Poder Judicial, no puede estar dirigida por una persona que, procesalmente, está siendo investigada por la presunta comisión de un hecho delictivo».
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