La Fiscalía de Ecuador solicitó este miércoles ante el máximo tribunal de justicia del país la prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa, la hija de ambos y al menos otras siete personas más implicadas en el caso que involucra a la empresa estatal china Sinohydro.
La medida fue solicitada por el fiscal general, Wilson Toainga, ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ), lo que llevó a que se celebrara una audiencia para abordar el tema. El pedido de la fiscalía se da tras el incumplimiento de presentación periódica de los acusados en el caso.
“CasoSinohydro: con la presencia del fiscal general, Wilson Toainga, se instala audiencia de revisión de medidas solicitada por [la fiscalía de Ecuador], debido al incumplimiento por parte de varios procesados, entre ellos: Lenín M., su esposa Rocío G. y su hija, Irina M.”, se lee en el posteo de la fiscalía este miércoles.
La fiscalía también había solicitado que se notificara a la Policía Internacional (Interpol) para la localización y captura de los presuntos implicados.
Tras varias horas de comenzada la audiencia, el juez Mauricio Bayardo Espinosa Brito de la CNJ inició la deliberación sobre la solicitud de prisión para Lenín Moreno y otros 9 procesados en el caso. La fiscalía, posteriormente, informó que el juez suspendió la audiencia e indicó que convocará para dar a conocer su decisión en una nueva fecha, tras escuchar cada una de las partes presentes.
El exmandatario, que actualmente ejerce como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, debía presentarse en Quito desde el 20 de marzo pasado ante la Corte Nacional de Justicia, conforme al régimen de comparecencias quincenales impuesto por el juez Adrián Rojas.
Desde un primer momento el exmandatario, que se desplaza en silla de ruedas y reside actualmente en Paraguay, había rechazado la orden dictada por el juez que le obligaba a viajar cada dos semanas a Ecuador e intentó revocarla mediante varios recursos que no surtieron efecto.
El principal argumento emitido por Moreno era su delicada condición física, por lo que realizar viajes con frecuencia aparentemente le podría conllevar el riesgo de sufrir problemas de salud.
El procesamiento del caso por parte de la fiscalía se dio tras una larga investigación internacional de la fiscalía iniciada en 2019, en la que se investigó al exmandatario y otros 36 sospechosos por presunto cohecho—que asciende a unos USD 76 millones—relacionado con el proyecto hidroeléctrico chino Coca Codo Sinclair, que abarca las provincias de Napo y Sucumbíos.
El caso involucra a la controvertida empresa estatal china Sinohydro Corporation—una empresa propiedad del Partido Comunista Chino (PCCh) enfocada en ingeniería y construcción—además de personal de confianza de la empresa comercial panameña Recorsa S. A., la empresa ecuatoriana Comercial Recorsa C.A.
Desde el 2018, un año antes de que comenzara la investigación preliminar, el New York Times había alertado sobre la trampa de deuda en la que había caído Ecuador por parte del régimen chino, afirmando que los recursos de Ecuador serían los que terminarían pagando las deudas de un proyecto hídrico que además resultó defectuoso.
Por su parte, desde febrero pasado tras darse a conocer la investigación de la fiscalía, el expresidente Moreno, ha afirmado que “no tiene ni tuvo” ninguna responsabilidad en la contratación de la obra “más emblemática” de la Revolución Ciudadana.
Con información de EFE.
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