La Fiscalía estadounidense entregó nuevas pruebas contra el exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, acusado de presuntos delitos de narcotráfico, algunas de las cuales fueron aportadas por los Gobiernos de México y Colombia, según un documento judicial.
Las nuevas pruebas, que incluyen «material protegido», son de momento confidenciales y solo se ha hecho público un listado de las mismas.
Según este inventario, los fiscales han presentado registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y metadata relacionada con documentos recuperados de dispositivos electrónicos de García Luna, además de documentos aportados por los Gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se ha revelado.
Además, incorporaron comunicaciones sobre los negocios del acusado, un video de un encuentro entre Genaro Luna y otro preso de la cárcel neoyorquina donde espera juicio y registros de propiedad.
En el escrito, la Fiscalía precisa que durante el juicio también «tiene la intención» de ofrecer registros sobre «actividades comerciales realizadas con regularidad» y solicitadas a Islas Barbados, México y Panamá.
México pidió a Estados Unidos la extradición de García Luna, en diciembre pasado, un año después de que la Fiscalía General de la República de México (FGR) informara que planeaba solicitarla, una vez que concluyera sus propias diligencias respecto a los posibles delitos cometidos por el exfuncionario mexicano.
Antes de cualquier proceso de extradición, sin embargo, García Luna debe enfrentar los 5 cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.
García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.
El exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.) y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de seguridad nacional en México.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.
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