Ambas cámaras del Congreso de Florida votaron unánimemente la aprobación de una ley que prohíbe de manera estricta al estado de Florida, invertir en cualquier compañía que esté haciendo negocios con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
El gobernador del estado Rick Scott, se manifestó a favor de la ley HB 359, y emitió una declaración en la que declara que con “esta legislación prohibirá que todas las agencias estatales inviertan en el gobierno venezolano, y ejerce aún más presión financiera sobre el régimen de Maduro al detener cualquier futura inversión estatal con ellos”.
Gov. Scott Applauds Florida Legislature’s Unanimous Passage of Bill to Hold Maduro Regime Accountable: https://t.co/8Rf0ZqH2rE
— Rick Scott (@FLGovScott) 8 de marzo de 2018
El texto del proyecto precisa que autoriza al gobernador a levantar estas prohibiciones de inversión si existen algunas condiciones específicas, por ejemplo, «si el régimen de Venezuela colapsa y existe una necesidad de ayuda humanitaria inmediata, el gobernador puede suspender esta prohibición».
El senador René García, uno de los patrocinadores de este proyecto, manifestó que esta importante legislación muestra que Florida continúa manteniéndose fuerte contra el “régimen brutal de Maduro” y contra “cualquier negocio que apoye su liderazgo opresivo”.
“Continuaremos luchando por los derechos humanos y la democracia para nuestros amigos en Venezuela”, afirmó el senador.
SB 538/HB 359 passed unanimously!Extraordinary leadership by @SenReneGarcia @RepJNunez @RepMannyDiazJr to ensure the State of Fla. does everything it can to bring freedom and democracy to the people of Venezuela and place financial pressure on Maduro’s brutal regime. pic.twitter.com/TgEH6mjK23
— Migs (@MigsAbad) 8 de marzo de 2018
De manera similar, Jeanette Nunez, Presidenta Pro Témpore de la Cámara de Representantes de Florida, dijo que la ley refuerza la oposición de la Florida al brutal y opresivo régimen de Maduro.
El propio Scott propuso el proyecto de ley el año pasado, en ese momento dejó en claro que las empresas «pueden optar por apoyar al régimen de Maduro o buscar inversiones del estado de Florida, pero no ambas”.
El plan de Scott sugería que la Florida, a través del SBA, no invirtiera en bonos emitidos por el gobierno de Venezuela, en cualquier compañía que sea propiedad mayoritariamente del gobierno de Maduro y de participar en cualquier voto o resolución que defienda o apoye al régimen del presidente venezolano.
El SBA aprobó por unanimidad la resolución propuesta por el gobernador Scott en agosto de 2017.
La propuesta había sido presentada en el Senado en junio del 2017, en respuesta a la compra de $2,800 millones hecha por Goldman Sachs en bonos de la empresa petrolera venezolana, PDVSA, y que causó muestras de rechazo y repudio por parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
En la dirección correcta
Aunque estas leyes no se pueden aplicar porque el comercio internacional está totalmente bajo la jurisdicción federal, tienen un gran impacto político.
Según Scott, son “un gran paso que va en la dirección correcta”, expresó en un comunicado de prensa de julio del 2017, según El Nuevo Herald.
Scott añadió que las sanciones que tomó la administración del presidente Donald Trump contra 13 funcionarios de alto rango de Venezuela lo “alentaron” a plantear esta iniciativa.
El gobierno del presidente Trump impuso en agosto de 2017 sanciones a 13 altos funcionarios del gobierno venezolano y a la petrolera estatal PDVSA.
En el mismo sentido la ley ahora aprobada en Florida, busca ejercer “aún más presión financiera sobre el régimen de Maduro al detener cualquier futura inversión estatal con ellos”, según Scott.
El gobernador Scott pidió que todos los gobiernos locales y empresas hagan lo mismo que el está aprobando a nivel estatal, y “que no hagan negocios con quienes apoyan el Régimen de Maduro. Las empresas pueden optar por apoyar el Régimen de Maduro o buscar inversiones del Estado de Florida, no ambas”.
Aclaró que «la propuesta apunta directamente al régimen de Maduro, no a las empresas que proporcionan bienes y servicios muy necesarios para el pueblo venezolano», dijo en octubre de 2017 cuando se aprobó su primera propuesta.
Esta la ley deberá entrar en vigor el 1 de julio de este año.
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