Florida rechaza plan del Departamento de Justicia para colocar monitores dentro de centros de votación

Por Zachary Stieber
08 de noviembre de 2022 2:33 PM Actualizado: 08 de noviembre de 2022 2:33 PM

Los trabajadores del Departamento de Justicia (DOJ) no pueden ingresar a los lugares de votación, dijo un funcionario de Florida a la agencia.

Brad McVay, consejero general del Departamento de Estado de Florida, le dijo al funcionario electoral del DOJ, John Russ, que la ley de Florida no permite que se coloquen monitores del DOJ dentro de los centros de votación, luego que el DOJ anunciara que supervisaría el cumplimiento de las leyes federales de votación en tres condados de Florida.

“Hoy el Departamento de Estado de Florida recibió copias de sus cartas a los condados de Miami-Dade y Broward en las que parece indicar que el Departamento de Justicia enviará monitores a los centros de votación en estos condados. También entendemos que envió una carta similar al condado de Palm Beach”, escribió McVay en una carta.

“Pero los monitores del Departamento de Justicia no están permitidos por la ley de Florida”.

La ley de Florida enumera a las personas que pueden ingresar a una sala o lugar de votación y el personal del Departamento de Justicia “no está incluido en la lista”, dijo McVay.

Ciertos trabajadores del Departamento de Justicia, reconoció McVay, podrían encajar dentro de la definición de agentes de la ley, a quienes se les permite ingresar con el permiso del secretario local. Pero “en ausencia de alguna evidencia sobre la necesidad de una intrusión federal, o algún estatuto federal que prevalezca sobre la ley de Florida, la presencia de agentes federales dentro de los lugares de votación sería contraproducente y podría socavar la confianza en las elecciones”, le dijo a Russ.

Las cartas a los condados no demuestran la necesidad de colocar monitores federales en los condados, según el abogado. Ninguno de los condados está sujeto a ningún acuerdo federal relacionado con las elecciones y ninguno ha sido acusado de violar las leyes federales relacionadas con las elecciones.

Durante una llamada telefónica el lunes por la noche, el Departamento de Justicia no proporcionó ninguna autorización específica para el plan de insertar monitores en los centros de votación, según McVay.

“En consecuencia, el Departamento de Estado de Florida invoca su autoridad bajo la sección 101.58(2) de los Estatutos de Florida para enviar sus propios monitores a las tres jurisdicciones objetivo. Estos monitores se asegurarán de que no haya interferencia con el proceso de votación”, dijo.

El DOJ no respondió a una solicitud de comentarios.

Al menos otra jurisdicción también rechazó el plan del Departamento de Justicia.

Steve Korsmeyer, el secretario del condado de Cole, Missouri, le dijo a The Epoch Times por correo electrónico que “al Departamento de Justicia no se le permitirá ingresar a nuestros centros de votación”.

Citó la ley estatal 115.409, que enumera las categorías de personas a las que se les permite ingresar a los lugares de votación.

Korsmeyer “se ha negado legítimamente a permitir esta extralimitación y la oficina del secretario de Estado lo apoya totalmente”, dijo en un comunicado el secretario de Estado de Missouri, Jay Ashcroft, un republicano.

El DOJ dijo que estaba enviando monitores a 64 jurisdicciones en 24 estados, incluido el condado de Pima, Arizona; el condado de Cobb, Georgia; y en Flint, Michigan. No estaba claro cómo se eligieron los estados. El objetivo era “supervisar el cumplimiento de las leyes federales de derecho al voto”, dijo el departamento.

El DOJ ha enviado monitores a los estados durante años, incluso en 18 estados en las elecciones de 2020.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, dijo en el programa de radio de Glenn Beck que “es una acción bastante inusual de que el gobierno federal entre a un estado”.

Cuando se le preguntó si se podía rechazar a los trabajadores, Paxton dijo que pensaba que la ley federal de derechos civiles le otorgaba al fiscal general de los Estados Unidos el poder de enviar monitores a los centros de votación estatales.


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