Un creciente contingente de personas preocupadas por la forma en que los hospitales tratan COVID-19 está pidiendo al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que vete un proyecto de ley que el partido republicano está impulsando rápidamente en la legislatura del estado.
El esfuerzo liderado por los republicanos busca extender una ley que otorga casi inmunidad a los proveedores de atención médica para el tratamiento de COVID-19, siempre y cuando sigan las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Dicen que la medida sigue siendo necesaria para ayudar a los centros sanitarios a mantenerse solventes durante la pandemia.
La medida original se aprobó en 2021 y expiraba en marzo. Pero los republicanos están impulsando un proyecto de ley de extensión en la Cámara y el Senado de Florida. El esfuerzo busca extender las protecciones especiales de la ley para los proveedores de atención médica hasta el 1 de junio de 2023.
La disputa por el proyecto de ley pone a DeSantis, un republicano, en una situación complicada en un año electoral, con 17 aspirantes compitiendo por su puesto.
DeSantis debe decidir si sigue la corriente de los legisladores de su propio partido o se defiende como los grupos conservadores esperan que lo haga, estableciendo un poderoso ejemplo para los gobernadores de todo el país.
Los participantes en las manifestaciones por la libertad médica en toda Florida y el resto del país han denunciado el comportamiento de los hospitales en el tratamiento de COVID-19. Muchas familias de todo Estados Unidos han pedido a los tribunales que intervengan y les ayuden a obtener los tratamientos que querían probar para sus seres queridos cuando todos los demás tratamientos recomendados por el gobierno han fracasado.
DeSantis dijo recientemente que está presionando a los legisladores de Florida para que aprueben una legislación que permita a los médicos de su estado ir en contra de las directrices federales y prescribir lo que creen que funcionará mejor para un paciente. Su oficina no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el esfuerzo para extender el período de inmunidad.
Ahora, expertos en salud, activistas políticos, familias que han perdido a sus seres queridos a causa de COVID-19, y abogados involucrados en recientes batallas de salud para obtener tratamientos alternativos han firmado una carta que fue entregada en mano el 14 de febrero a la oficina de DeSantis, pidiéndole que vete el proyecto de ley. Los firmantes de la carta representan a 25 organizaciones con miembros que suman cientos de miles de habitantes de la Florida, dice el autor de la carta, el abogado R. Shawn McBride, del Instituto de Información de la Libertad Americana en Maitland, Florida.
Los firmantes de la carta no tienen ningún problema con dar a los proveedores de atención médica protección contra demandas injustas, dice McBride.
Su problema con la ley es que vincula la protección de la responsabilidad de los proveedores de servicios médicos a su adhesión a las directrices del gobierno en el tratamiento de COVID-19. Esa disposición hace que los médicos y los hospitales no estén dispuestos a probar otros tratamientos que pueden funcionar mejor, o que las familias desean desesperadamente probar cuando todos los tratamientos recomendados por el gobierno han fracasado, dijeron McBride y otros abogados a The Epoch Times.
La estipulación ha «conducido a decisiones y políticas médicas que están causando muertes innecesarias», afirma la carta. «Debemos avanzar hacia un mejor sistema de inmunidad de responsabilidad que lleve a los médicos a utilizar los tratamientos que creen que funcionarán para sus pacientes. La SB 7014 no logra este objetivo».
La ley «quita la posibilidad de elegir al paciente y alienta a los proveedores de atención médica a seguir haciendo lo que quieren hacer», afirma la carta.
Robert Malone, M.D., el virólogo e inmunólogo acreditado como el pionero de la tecnología de la vacuna de ARNm utilizada en la lucha contra el COVID-19, fue uno de los primeros en firmar la carta al gobernador DeSantis, dijo McBride.
Malone se ha convertido en un abierto opositor a las vacunas obligatorias y creó alboroto en las redes sociales después de decirle al presentador del podcast Joe Rogan que Estados Unidos está en medio de una «psicosis de formación masiva» sobre la pandemia. La psicosis de formación masiva se produce cuando un gran grupo de personas permite que sus líderes les guíen sin cuestionar nada y continuarán siguiendo a esos líderes sin importar las pruebas que surjan que entren en conflicto con la narrativa de los líderes.
«La gran preocupación es que la ley está provocando un pensamiento de grupo hospitalario», dijo McBride a The Epoch Times. «Hace que les dé miedo salirse de los protocolos de los CDC. Si prueban tratamientos emergentes, pierden las protecciones de responsabilidad».
Según la legislación, los proveedores de atención sanitaria pueden seguir enfrentándose a demandas. Pero para prevalecer, los demandantes tienen que demostrar «que el proveedor de atención médica fue gravemente negligente o participó en una mala conducta intencional».
Y eso hace que sea prácticamente imposible demandar a los proveedores de servicios médicos, lo que puede reducir el nivel de atención, según han dicho los abogados a The Epoch Times.
Florida es uno de los 29 estados del país que han promulgado leyes que protegen a los profesionales médicos de la responsabilidad relacionada con COVID-19. Según la Asociación Médica Americana (AMA), el gobierno federal instó a los gobernadores de los 50 estados a poner en marcha estas protecciones poco después de que comenzara la pandemia hace casi dos años.
En Florida, ahora le corresponde a DeSantis decidir si firma o veta el proyecto de ley. Una vez que los legisladores se lo entreguen oficialmente, tendrá siete días. Incluso si veta el proyecto de ley, la Legislatura todavía podría anular su veto con dos tercios de los votos. Si DeSantis opta por no hacer nada, el proyecto se convertirá en una ley sin su firma. Entraría en vigor inmediatamente.
Los firmantes de la carta pidiendo el veto instaron a DeSantis a «crear una legislación adecuada que refleje nuestros valores centrales compartidos: proteger la vida, la libertad individual y la libertad de elección médica. Todos los grupos firmantes están actuando porque sabemos que una mejor legislación salvará vidas y dará a los pacientes la dignidad de recibir el tratamiento que desean».
Lori Bontell viajó a Tallahassee el 14 de febrero para entregar la carta en la oficina de DeSantis. Para ella, el bloqueo de la legislación es profundamente personal, y su plegaria es la más sincera para que su gobernador la vete, dijo.
«Vi impotente cómo mi hermana moría mientras el hospital se negaba a proporcionarle tratamientos para salvar su vida», escribió en un correo electrónico a The Epoch Times. «Solo querían seguir los protocolos COVID de los CDC, lo que finalmente la llevó a la muerte».
«No estamos en contra de los proveedores de atención sanitaria. Solo queremos que los pacientes tengan derecho a elegir los tratamientos que quieren y necesitan y que sus propios médicos tengan la libertad de ejercer su juicio médico independiente en cada caso para ayudar a sus pacientes».
Bontell y su hermano estaban luchando en los tribunales por el derecho a probar otros medicamentos para salvar a su hermana cuando ésta falleció. Ahora, se ha convertido en la misión de Bontell para lograr un cambio. Espera que cambiar las cosas en Florida pueda llevar a un cambio en todo el país.
«De lo contrario, estas muertes innecesarias continuarán», dijo Bontell. «Familias como la mía tendrán que sufrir las consecuencias de estos protocolos que varios médicos han declarado que son anticuados, ineficaces y que conducen al uso de ventiladores y a la muerte».
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