El teniente general retirado Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el FBI y otros, alegando que fue procesado maliciosamente. Exige una indemnización de al menos 50 millones de dólares.
«El demandado investigó y procesó maliciosamente al general Flynn al iniciar y continuar una investigación de contrainteligencia sin fundamento y al presentar una información criminal carente de causa probable», dice la demanda, presentada el 3 de marzo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida (pdf).
El exjefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) bajo la Administración Obama fue investigado por el FBI a partir de agosto de 2016 por supuestos vínculos con Rusia. En 2017, fue acusado de mentir al FBI durante una entrevista a principios de ese año.
La demanda alega que el FBI, y más tarde los fiscales de la oficina del abogado especial Robert Mueller, lo investigaron y procesaron por razones políticas, al considerarlo una amenaza.
«El general Flynn —que ya tenía una reputación como disruptor práctico en la DIA, que había difamado públicamente la politización de la comunidad de inteligencia y que había dejado claro su deseo de revisar la estructura de seguridad nacional y el ‘proceso interagencial’— era una amenaza directa, no solo para los intereses propios de las burocracias de inteligencia atrincheradas y los funcionarios federales involucrados, sino para exponer sus esfuerzos previos y en curso para descarrilar y desacreditar al presidente Trump», dice la demanda.
El caso contra Flynn estaba plagado de contradicciones e incoherencias. Los agentes del FBI ya habían decidido cerrar su caso a principios de enero de 2017, pero mandos superiores intervinieron para mantenerlo abierto con la justificación de que Flynn podría haber violado una poco conocida y anticuada ley llamada Ley Logan al discutir con un embajador ruso las prioridades de la administración entrante durante el periodo de transición. Funcionarios del Departamento de Justicia rechazaron entonces la teoría legal. La Ley Logan de 1799, que prohíbe ciertos tipos de diplomacia no autorizada, puede de hecho ser inconstitucional, según declararon anteriormente varios abogados a The Epoch Times. Nunca ha tenido éxito en un juicio, y mucho menos dirigido contra un asesor de seguridad nacional entrante.
La investigación sobre Flynn, cuyo nombre en clave es Crossfire Razor, continuó «sólo debido a la intención maliciosa, partidista y poco ética de los agentes y agencias del demandado de investigar a sus oponentes políticos en general y destruir al general Flynn específicamente», dice la demanda.
Filtraciones posteriores a los medios de comunicación afirmaron que podría haber violado la Ley Logan al hablar con el embajador ruso, Sergei Kislyak, sobre las sanciones impuestas en ese momento a Rusia por la administración saliente de Obama.
Los altos mandos del FBI prepararon y organizaron entonces meticulosamente la entrevista para que pareciera «una reunión informal, solo para que se dejara de discutir las llamadas de Kislyak de las que se hablaba en la prensa», dice la demanda.
El 24 de enero de 2017, cuando dos agentes del FBI entrevistaron a Flynn, le preguntaron si había hablado con Kislyak sobre las expulsiones de diplomáticos rusos. Él dijo que no, lo que no era la verdad. Cuando le volvieron a preguntar, dijo que no se acordaba.
Este intercambio constituyó entonces el núcleo de la acusación presentada contra Flynn por Mueller, que se hizo cargo de su caso en mayo de 2017.
Flynn se declaró inicialmente culpable de la acusación, pero más tarde la retiró, diciendo que no mintió intencionadamente y que se declaró culpable porque fue engañado por sus abogados y porque los fiscales amenazaron con ir tras su hijo.
De hecho, el primer equipo de abogados señaló en correos electrónicos internos que recibieron una afirmación informal de los fiscales de que dejarían en paz al hijo de Flynn si firmaba la declaración.
El Departamento de Justicia retiró la acusación en 2020, después de que el entonces fiscal general William Barr ordenara a un fiscal externo que revisara el caso. El entonces jefe de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia, Timothy Shea, concluyó que parecía que el propósito del FBI para entrevistar a Flynn era «obtener … declaraciones falsas y así criminalizar al Sr. Flynn».
El juez que supervisa el caso se negó a desestimar los cargos hasta que Trump finalmente indultó a Flynn en 2020.
Aparte de la acusación maliciosa, la demanda de Flynn alega que el gobierno abusó del proceso legal al coaccionar a Flynn para que se declarara culpable amenazando con enjuiciar a su hijo, así como al dirigir contra él una investigación y acusaciones infundadas.
«Como resultado directo y próximo de las acciones del demandado, el general Flynn sufrió daños», dice la demanda.
«Fue tachado falsamente de traidor a su país, perdió al menos decenas de millones de dólares en oportunidades de negocio y potencial de ganancias futuras de por vida, fue procesado maliciosamente y gastó importantes sumas de dinero en su propia defensa, y ha sufrido y seguirá sufriendo dolor mental y emocional durante el resto de su vida, además de otros daños pecuniarios como costes, honorarios, honorarios de abogados y otras pérdidas».
Argumenta que fallar a favor de Flynn no solo le haría justicia, sino que también pondría al gobierno en un camino «de vuelta a la confianza pública».
«Los daños punitivos no solo están garantizados, sino que son esenciales para disuadir a cualquier funcionario … presente o futuro de dañar a cualquier otra persona como dañaron al general Flynn», dice.
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