Fronteras abiertas: un asalto al sentido común

Opinión

«Sostenemos como evidentes estas verdades…»

Así comienza uno de los pronunciamientos más cruciales en el avance de la libertad humana. Con esas palabras, Thomas Jefferson lanzó un guante a los pies no solo del rey de Inglaterra, sino también del Parlamento y de toda la élite atrincherada que, hasta entonces, se había reservado el poder a fuerza de su educación, crianza y riqueza.

Basta, insistió Jefferson. Al declarar que las verdades de la igualdad y de los derechos inalienables eran «evidentes por sí mismas», Jefferson liberó a la gente común del yugo de la opresión bajo el que habían trabajado durante demasiado tiempo, incluida la opresión de que sus «superiores» les dijeran lo que tenían que pensar.

Este es, en resumen, el genio de la democracia estadounidense, que se basó en el «Sentido Común», no solo en el panfleto de Thomas Paine, sino en el propio concepto. El pueblo estadounidense había descubierto que estaba lo suficientemente bien equipado por su Creador para asumir cualquier tarea, afrontar cualquier reto, enfrentarse a cualquier opresor. Podían pensar por sí mismos. Esa era la clave.

Debido a que Jefferson y los demás Padres Fundadores dieron voz a esta idea revolucionaria, el pueblo les concedió autoridad para llevar a cabo una Guerra Revolucionaria, derivando (como dice la Declaración de Independencia) sus poderes «del consentimiento de los gobernados».

Es ese mismo consentimiento el que ha sido la base de nuestra democracia durante los últimos 245 años, pero no debe darse por sentado. Jefferson postuló que «cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad».

Jefferson tenía razón al advertir que los gobiernos no deben cambiarse a la ligera, pero también debemos ser cautelosos con el poder atrincherado y preguntarnos si el consentimiento del pueblo puede ser corrompido por un gobierno que se ha vuelto hostil a los derechos de sus propios ciudadanos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En múltiples ámbitos de la política pública estadounidense de hoy, parece que el sentido común ha sido suplantado por la doctrina y el dogma, una condición peligrosa, especialmente cuando el pueblo está suficientemente educado para rebatir la doctrina con hechos.

Este conflicto resulta naturalmente en una grave ruptura del consentimiento de los gobernados, ya que un pueblo que no puede confiar en que su gobierno diga la verdad acabará cuestionando si ese gobierno es legítimo. Esa brecha es actualmente tan dramática como nunca lo ha sido desde que la Constitución corrigió los errores de los Artículos de la Confederación originales en 1787. No hace falta mirar más allá de la disputa sobre la legitimidad de las últimas elecciones para saber que el «consentimiento» del pueblo está siendo puesto a prueba, pero también se puede ser testigo de esa tensión en los debates políticos sobre la transexualidad, el control de armas y la libertad de expresión. En ningún lugar es más evidente que en la extraña insistencia de la Administración Biden en que la frontera —como su noción de género— es fluida, transitoria y, aparentemente, totalmente opcional.

Una frontera abierta representa una amenaza fundamental para el contrato social entre los gobernados y el gobierno porque deja al pueblo desprotegido. Del mismo modo que los gobernados deben lealtad al gobierno, el gobierno debe su lealtad al pueblo. No a cualquier pueblo, no al pueblo del mundo, sino al pueblo de la nación. La «seguridad y la felicidad» del pueblo deben ser el principio rector de cualquier gobierno, pero es evidente que la voluntad del gobierno estadounidense de hacer la vista gorda ante la afluencia de no ciudadanos al país es una amenaza directa para la salud y la seguridad del pueblo.

Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México y es la «coordinadora para la frontera sur» del presidente Biden, dio una conferencia de prensa la semana pasada para explicar lo que la administración estaba haciendo para «cambiar nuestro sistema de inmigración», pero bien podría haber sido honesta y decir que era para explicar lo que están haciendo para cambiar nuestro país en su esencia.

«No podemos deshacer cuatro años de la administración anterior», dijo Jacobson, pero parece que están haciendo exactamente eso. Si bien la Administración Trump trabajó incansablemente para detener la inmigración ilegal, el equipo de Biden está extendiendo la alfombra roja. ¿Muro fronterizo? Construcción detenida. ¿Política de «quedarse en México»? Abandonada. ¿Captura y liberación? Restablecida, con el envío de autobuses llenos de inmigrantes ilegales a través del país, muchos de ellos casi seguramente infectados con la COVID-19.

Jacobson dijo que Estados Unidos estaba invirtiendo miles de millones de dólares en los países centroamericanos con la esperanza de que las condiciones mejoraran en esas naciones de forma tan drástica que sus desamparadas poblaciones renunciaran a la decidida travesía hacia nuestra frontera. La embajadora afirmó que esta infusión de dinero abordaría las causas fundamentales de la inmigración ilegal, que según ella son «la corrupción, la violencia y la devastación económica exacerbada por el cambio climático».

¿De verdad? ¿Enviar 4000 millones de dólares a las cleptocracias de Guatemala, El Salvador y Honduras va a hacer que haya menos corrupción? ¿En qué universo? ¿Nuestros dólares estadounidenses van a acabar de alguna manera con la violencia en esos países? Bueno, si podemos hacer eso, díganme por qué no gastamos 4000 millones de dólares para acabar con la violencia en Chicago, donde las políticas demócratas hicieron que la violencia con armas de fuego y los asesinatos aumentaran en un 50 por ciento en 2020.

Lo que tales afirmaciones políticas representan es una visión utópica del mundo que está divorciada del sentido común. Jacobson cree que las condiciones «obligan» a la gente a emigrar, mientras que el sentido común proporciona pruebas claras de que las políticas estadounidenses han actuado durante décadas como un imán para atraer la migración. De su conferencia de prensa se desprende que esas políticas no cambiarán para mejor. Empeorarán. Vamos a «replantear el procesamiento del asilo para garantizar una consideración justa y más rápida». Según Jacobson, todo esto se supone que proporcionará «esperanza a las familias», pero no a las familias estadounidenses, que pagarán la factura y muy posiblemente verán disminuidos sus salarios o perderán sus empleos por completo.

Todo esto es contradictorio y sin sentido. Por un lado, Jacobson nos dice que Biden trabajará para «ampliar las vías seguras y legales de acceso a Estados Unidos», pero por el otro lado «quiere dejar claro» que nada en la política estadounidense pretende «sugerir que nadie haga el peligroso viaje de intentar entrar en Estados Unidos de forma irregular. La frontera no está abierta».

Supongo que los videos de latinoamericanos cruzando la frontera hacia Estados Unidos son una falsa producción de QAnon o Roger Stone (¡elija su chivo expiatorio conservador favorito!). Jacobson llegó a quejarse de que los cárteles mexicanos estaban de alguna manera engañando a los migrantes, haciéndoles creer que la frontera está abierta. Una vez más, esta queja —la posición oficial del gobierno de Estados Unidos— violaba el sentido común que Thomas Jefferson había prometido a la república estadounidense. Cualquiera que haya visto un video de la frontera durante la última semana sabe perfectamente que la frontera está abierta y que la crisis es real. Sostenemos como evidentes estas verdades.

Pero el equipo de Biden no lo entiende. En lugar de la política de «Estados Unidos primero» de Trump, ahora tenemos un gobierno federal que pretende responsabilizarse de las «esperanzas y sueños» de los extranjeros. No solo eso, sino hacerlo mientras socava a los estadounidenses.

No hay que olvidar el plan demócrata de conceder una amnistía a más de 20 millones de inmigrantes ilegales. Eso equivale a añadir 10 veces la población de Montana a nuestra nación, y esencialmente significa que los votantes de Montana y de otros lugares serán reducidos a ciudadanos de segunda clase. Si nuestros líderes electos pueden diluir el voto de los estadounidenses mediante la ingeniería de un nuevo electorado siempre que sea conveniente hacerlo, ya sea a través de la amnistía o mediante el debilitamiento de las normas electorales para que cualquiera pueda votar, entonces el consentimiento de los gobernados no es más que un truco de salón barato.

Se está poniendo a prueba la paciencia del pueblo estadounidense. ¿Prevalecerá el sentido común? ¿O es demasiado tarde?

De RealClearWire.

Frank D. Miele, editor jubilado del Daily Inter Lake de Kalispell, Montana, es columnista de RealClear Politics. Su nuevo libro es «How We Got Here: El asalto de la izquierda a la Constitución«. Sígalo en Facebook @HeartlandDiaryUSA o en Twitter o Parler @HeartlandDiary.

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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times