La jefa de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, dijo que las empresas de redes sociales no han cooperado tanto como podrían en la lucha contra la crisis del fentanilo.
«Hasta hace poco no hemos conseguido ni de lejos toda la cooperación que necesitamos», dijo Milgran este domingo durante en el programa Meet The Press de la NBC.
Las empresas de redes sociales tienen que cumplir sus condiciones de servicio, que establecen que es ilegal vender drogas en sus plataformas, y facilitar la información solicitada a las fuerzas del orden, incluida la DEA, explicó Milgram.
«Esta es una clara emergencia, por lo que tienen que hacer absolutamente todo lo posible para sacar las drogas mortales de sus plataformas», añadió la jefa de la DEA.
Según datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de dos tercios de las 107,081 muertes por sobredosis de drogas registradas en Estados Unidos en 2022 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos aparte de la metadona, principalmente con el fentanilo (FIM) de fabricación ilícita.
El fentanilo está implicado en más muertes de estadounidenses menores de 50 años que cualquier otra causa de muerte, incluidas las enfermedades cardíacas, el cáncer, el homicidio, el suicidio y otros accidentes.
Estados Unidos nunca había tenido más de 100,000 muertes por sobredosis en un solo año antes de junio de 2021.
En un esfuerzo por abordar los programas nacionales de control de drogas, la administración de Biden solicitó USD 46,100 millones al Congreso, lo que marca un aumento de USD 5000 millones con respecto a la solicitud del año fiscal 2022, y un aumento de USD 2300 millones con respecto al nivel promulgado para el año fiscal 2023.
Los republicanos han criticado las políticas fronterizas del presidente Joe Biden por la crisis del fentanilo.
«Yo llevo tiempo diciendo que esto ya no es una cuestión fronteriza o estatal. Todos los estados se han convertido en estados fronterizos con la crisis del fentanilo. Esto está afectando de diferentes maneras», dijo el congresista Juan Ciscomani (R-Ariz.) durante una visita a la frontera sur de Arizona con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), y otros congresistas republicanos en febrero.
La Sra. Milgram reconoció que la mayor parte del fentanilo entra en Estados Unidos a través de la frontera suroeste.
«Las fronteras son una parte importante de esta conversación porque la mayor parte del fentanilo que vemos entrar en Estados Unidos lo hace por la frontera suroeste», afirmó la jefa de la Dea. «El fentanilo está entrando de todas las formas posibles, por aire, por tierra, por mar, de forma subterránea, pero esencialmente está entrando a tasas muy altas a través de la frontera suroeste».
Las redes sociales también son una parte vital de la crisis porque son la «última milla» para que los cárteles vendan el fentanilo a los usuarios, declaró Milgram.
Imputan cargos en contra de fabricantes chinos de fentanilo
En un hecho histórico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en junio cargos penales en contra de cuatro empresas químicas chinas y ocho particulares acusados de traficar ilegalmente con las sustancias químicas utilizadas para fabricar fentanilo.
Es la primera vez que Estados Unidos plantea procesar a alguna de las empresas chinas responsables de la producción de los precursores químicos utilizados para fabricar la droga.
Los fiscales federales de Manhattan anunciaron que están imputando cargos contra la empresa china Hubei Amarvel Biotech y sus directivos Qingzhou Wang, de 35 años, Yiyi Chen, de 31, y Fnu Lnu, también conocido como Er Yang, por tráfico de fentanilo, importación de precursores químicos y lavado de dinero.
En el Distrito Este de Nueva York, los fiscales anunciaron la apertura de dos acusaciones más contra otras tres empresas y personas chinas acusadas de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo.
Los fiscales dijeron que las empresas, incluida una llamada Hebei Sinaloa Trading Co., anunciaron precursores químicos en las redes sociales de México y Estados Unidos, y usaron formularios de aduana falsos y paquetes mal etiquetados para enviar los productos químicos por barco y aire.
Con la colaboración de Katabella Roberts e información de Reuters
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