El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Xavier Becerra, defendió una política que exige que los niños de 2 años usen mascarillas como condición para participar en un programa de asistencia financiera para personas con bajos recursos.
El programa Head Start es una iniciativa del HHS que gestiona una serie de instalaciones en todo Estados Unidos que ofrecen servicios de educación, nutrición y participación de los padres a familias con bajos ingresos. Durante la pandemia de COVID-19, el HHS impuso una norma que obligaba a los niños que participaban en el programa, con edades comprendidas entre el nacimiento y los cinco años, a vacunarse y usar mascarilla.
La política suscitó críticas debido a la baja proporción de muertes por COVID-19 entre los miembros más jóvenes de la sociedad.
Según cifras provisionales de los CDC, los niños de cero a cuatro años representaron menos de una décima parte de las muertes por COVID y, en la mayoría de los casos, otras afecciones de salud fueron factores determinantes en estas muertes. La gran mayoría de las muertes por COVID-19 se produjeron en personas mayores de 65 años.
Quienes se oponen a que los niños usen mascarillas también han señalado que tales requisitos pueden tener efectos perjudiciales sustanciales en el desarrollo social e intelectual de los menores. Un aspecto esencial del desarrollo social humano consiste en ver y aprender a interpretar las señales sociales a partir de las expresiones faciales. Las mascarillas disminuyen la claridad de esas señales, lo que suscita el temor de que los niños criados en plena pandemia tengan problemas sociales y de desarrollo en los años venideros.
Los críticos también han cuestionado la eficacia de las mascarillas contra el COVID-19, señalando que, a nivel microbiano, el virus es sustancialmente más pequeño que los espacios entre las fibras de las mascarillas. Los estudios indican que el uso de mascarillas puede tener poco efecto en la propagación de virus respiratorios como el COVID-19.
Sin embargo, cuando el representante Kevin Kiley (R-Calif.) le insistió sobre el valor del uso de la mascarilla, Becerra la defendió.
«Señor Secretario, ¿obligar a los niños de 2 años a usar mascarillas ha salvado vidas?», preguntó Kiley.
«Asegurarse de que la gente use mascarilla cuando fuera apropiado fue esencial para garantizar que pudiéramos salir de esta pandemia», respondió Becerra.
“¿Puede señalar alguna prueba de que hubo algún beneficio para la salud pública al obligar a los niños pequeños a usar mascarillas?”, insistió Kiley a Becerra.
“Bueno, el hecho de que hoy no estamos perdiendo vidas como las perdimos cuando nos metimos por primera vez en esta pandemia», respondió Becerra.
Kiley intervino, preguntando nuevamente si el requisito del uso de mascarillas en niños de tan solo dos años salvaba vidas.
“Esa es su interpretación”, respondió Becerra. “Lo que le estoy diciendo es que el uso de buenas políticas que nos dan las precauciones para evitar que nuestras familias contraigan COVID están ayudando a salvar vidas».
Oposición
Los republicanos buscaron durante mucho tiempo la derogación de la política, que exigía que tanto los niños como el personal de las instalaciones de Head Start usaran mascarillas y estuvieran vacunados.
En abril de 2022, los representantes David Joyce (R-Ohio) y Mariannette Miller-Meeks (R-Iowa), esta última con un título en medicina, presentaron una resolución para poner fin al mandato.
“El gobierno federal no debería usar el dinero de los contribuyentes para obligar a los niños de tan solo dos años a usar mascarillas”, dijo Joyce en ese momento. “Si los padres o los programas individuales de Head Start quieren ponerse mascarillas ellos mismos o a sus hijos, tienen todo el derecho a hacerlo».
«Pero el gobierno federal no debería inmiscuirse en ese proceso de toma de decisiones, especialmente cuando los niños son los que menos riesgo tienen de contraer el COVID-19, pero los que más probabilidades tienen de sufrir retrocesos en su desarrollo por un uso prolongado de mascarillas”.
«Nuestros estudiantes se han visto afectados negativamente por el cierre de escuelas y el aprendizaje a distancia, especialmente en comunidades rurales y de bajos recursos. La pérdida de aprendizaje, la falta de socialización y el aumento de las tasas de depresión y suicidio muestran cuánto han sufrido nuestros estudiantes», coincidió Meeks-Miller.
En enero de 2023, el HHS puso fin al requisito de usar mascarillas para los participantes de Head Start, pero dejó intacto el mandato de vacunación.
No fue sino hasta mayo de 2023 que la agencia anunció el fin de los requisitos de vacunación.
Pero esa decisión solo se adoptó después de que el juez James Wesley Hendrix del Distrito Norte de Texas anulara el mandato el 31 de marzo, calificándolo de «sin precedentes», «no autorizado» y «procesalmente impropio» (pdf).
Hendrix dictaminó que el mandato era ilegal porque “(1) ninguna interpretación permisible de la Ley de Head Start podría autorizar la norma; (2) HHS no siguió los procedimientos adecuados de elaboración de normas; y (3) la regla es arbitraria y caprichosa».
En su memorando en el que anunciaba el fin del mandato, Becerra sostenía, no obstante, que el mandato de su agencia se había fundado en una «política de mitigación del COVID-19 basada en pruebas».
Mientras tanto, la atención no deseada se centró en la agencia de Becerra en abril luego de explosivas denuncias de informantes que afirmaban que el HHS estaba actuando como un «intermediario» crucial en las operaciones de tráfico sexual de los cárteles.
El propio Becerra habría hecho caso omiso de la preocupación de que los niños fueran enviados a patrocinadores criminales y afiliados a cárteles, diciendo a los funcionarios durante una llamada telefónica filtrada que los niños deberían ser trasladados desde la frontera hacia el interior «como una línea de ensamble de Ford».
Actualmente, los republicanos están considerando una legislación que trataría de abordar los amplios usos de la autoridad reguladora denominada Reglamentos de la Ley del Ejecutivo en Necesidad de Escrutinio, o Ley REINS.
Este proyecto de ley exigiría la aprobación por el Congreso de cualquier normativa del poder ejecutivo con un impacto sustancial en la economía.
Si bien la regla de uso de mascarillas de Becerra probablemente no habría solicitado el escrutinio del Congreso según los términos de la Ley REINS, la cuestión de la elaboración de normas por el ejecutivo y sus efectos en la sociedad ha sido un tema de gran interés para la mayoría republicana de la Cámara.
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