La fiscal general del estado de Arizona presentó cargos en contra de dos supervisores de un condado que retrasaron la certificación de los resultados de las elecciones de mitad de mandato, con acusaciones de conspiración y de interferir con un funcionario electoral.
La imputación fue presentada el 27 de noviembre ante la corte superior de Arizona, contra Terry Crosby y Peggy Judd, supervisores del condado de Cochise. Ambos se enfrentan a dos cargos de delito grave por negarse inicialmente a certificar los resultados de las elecciones del condado de 2022, por lo que se exponen a penas de seis meses a dos años y medio de prisión.
En el documento de la imputación se alega que el Sr. Crosby y la Sra. Judd conspiraron para retrasar el escrutinio de votos del condado de Cochise e interfirieron a sabiendas con la capacidad de la secretaria de estado para completar un escrutinio de votos en todo el estado antes de la fecha límite. En ese momento, el juez Casey McGinley de la Corte Superior del condado de Pima ordenó a la junta de tres supervisores del condado de Cochise que se reuniera y declarara oficiales los resultados de las elecciones.
El fallo del juez McGinley, se produjo tres días después de que se incumpliera el plazo legal del 28 de noviembre de 2022. También se consideró ilegal que los supervisores no certificaran los resultados antes del plazo legal del estado. El condado de Cochise fue la única jurisdicción que no certificó los resultados antes de la fecha límite.
El Sr. Crosby y la Sra. Judd trataron de aplazar la certificación de los resultados para examinar otras reclamaciones de que el equipo de votación del condado no estaba correctamente certificado sobre la base de la ley. Ambos pretendían hacer un recuento manual de todas las papeletas. Según funcionarios electorales, la maquinaria utilizada durante las elecciones fue aprobada correctamente y funcionaba sin fallos.
La tercera persona de la Junta de Supervisores del Condado de Cochise, Anne English, votó en contra de la moción para aplazar los resultados. Ella no se enfrenta a ningún cargo.
En una declaración de prensa del 29 de noviembre, la fiscal general Kris Mayes, que en el pasado había prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido interfiriendo en los resultados electorales, afirmó que su oficina seguirá luchando para garantizar unas elecciones libres y justas.
«Los repetidos intentos de socavar nuestra democracia son inaceptables», declaró la Sra. Mayes.
«Yo hice un juramento para defender el estado de derecho, y mi oficina continuará haciendo cumplir las leyes electorales de Arizona y apoyando a nuestros funcionarios electorales en el desempeño de los deberes y responsabilidades de sus oficinas», agregó la Sra. Mayes.
El abogado Dennis Wilenchik, que representa al Sr. Crosby, ha dicho a los medios que los cargos de interferencia contra su cliente no tienen fundamento porque la junta certificó sus resultados antes de la fecha límite legal para que el secretario de estado examinara los resultados a nivel estatal. Él cree que el cargo de conspiración carece de fundamento y es «sin sentido» porque no hubo acuerdo entre los dos supervisores para interferir con un funcionario electoral.
«La imputación de cargos es producto únicamente de partidismo político», dijo el abogado Wilenchik.
El abogado de la señora Judd aún no ha hecho ninguna declaración pública.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Sr. Crosby y la Sra. Judd para solicitar comentarios sobre la acusación.
Los resultados electorales están sumidos en un litigio
Tras el aplazamiento de los resultados de las elecciones del condado de Cochise en 2022, los candidatos de las elecciones, un residente, en nombre de una organización sin fines de lucro y varios otros presentaron varias demandas.
La entonces secretaria de Estado de Arizona, Katie Hobbs, quien finalmente fue declarada vencedora de la contienda para gobernadora del estado, demandó al condado de Cochise por el retraso porque, en su opinión, el condado «tenía el deber legal de certificar los resultados de las elecciones generales de 2022», antes del 28 de noviembre.
Según la demanda de la Sra. Hobbs, no certificar los resultados antes del 1 de diciembre «sembraría mayor confusión y dudas sobre la integridad del sistema electoral de Arizona» y pidió al tribunal que emitiera una orden judicial que obligara a los funcionarios a hacerlo, lo que finalmente tuvo éxito.
La candidata republicana a gobernadora Kari Lake, que perdió ante Hobbs por un estrecho margen, también presentó una demanda. Su demanda, contra los funcionarios electorales del condado de Maricopa, se refería a su administración de las elecciones de mitad de período y alegaba que de los 223 centros de votación del condado de Maricopa, al menos 118 lugares experimentaron mal funcionamiento u otros problemas.
El 1 de diciembre de 2022, el juez de distrito estadounidense John Tuchi dictaminó que las acusaciones de fraude de la Sra. Lake eran «infundadas» y su demanda era «frívola».
Se presentó otra demanda en la Corte Superior del condado de Cochise en nombre de la organización sin fines de lucro, Alianza de Estadounidenses Jubilados de Arizona, y la residente del condado de Cochise, Stephani Stephenson.
En esta demanda se declaró que la Junta de Supervisores del Condado de Cochise «no tiene la discreción de negarse a sondear los resultados de las elecciones generales de 2022» y que escrutar los resultados de las elecciones antes de una fecha específica es el «deber legal obligatorio de la junta según la ley de Arizona».
Acusaciones de fraude electoral en EE.UU.
Las acusaciones de fraude electoral fueron cobrando fuerza desde las elecciones presidenciales de 2020, en las que el presidente Joe Biden se declaró ganador frente al expresidente Donald Trump. Hasta la fecha, no ha habido ningún hallazgo oficial que demuestre el fraude electoral en dichas elecciones.
Sin embargo, los abogados del presidente Trump pidieron recientemente a una corte federal de Washington que obligue a los fiscales federales a entregar cualquier evidencia que puedan tener, que sugiera la existencia de fraude electoral en las elecciones de 2020.
En los últimos tiempos, solo ha habido un caso comprobado de fraude electoral. Una elección primaria en Connecticut fue anulada por un juez que dijo que las pruebas presentadas eran «impactantes».
Las primarias demócratas del 12 de septiembre para la carrera por convertirse en alcalde de Bridgeport incluyeron miles de votos ausentes, de acuerdo a la información. Uno de los candidatos, John Gomes, presentó pruebas que indicaban que algunos de los votos se habían emitido de forma fraudulenta.
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