Funcionarios estadounidenses presentaron, recientemente, una legislación para abordar las violaciones de derechos humanos por parte de China en la región de Xinjiang.
El 12 de marzo, la representante estadounidense Jennifer Wexton (D-Va.) propuso un nuevo proyecto de ley, denominado Ley de Divulgación del Trabajo Forzoso Uigur, que requeriría que las empresas estadounidenses que hacen negocios en Xinjiang revisen y divulguen información sobre sus cadenas de suministro, en particular si sus productos se hacen con trabajos forzados o se obtienen de campos de internamiento.
Más de un millón de minorías étnicas musulmanas, incluidos los uigures, los kazajos y los kirguises, están detenidos en aproximadamente 1200 campos de internamiento, en la región noroeste de Xinjiang, según un informe sobre Tráfico de Personas publicado en 2019 por el Departamento de Estado de EE.UU. Beijing afirma que estos campamentos son «centros de formación profesional».
«Me reuní con miembros de la comunidad uigur en mi distrito, ellos me contaron historias desgarradoras de familiares y amigos en Xinjiang que fueron brutalmente detenidos, expulsados de sus hogares y sometidos a trabajos forzados», dijo Wexton en un comunicado de prensa de su oficina.
La legislación propuesta por Wexton se presentó días después de que un nuevo estudio, publicado por el Australian Strategic Policy Institute (ASPI,) revelara que, al menos, 83 marcas mundiales conocidas estaban conectadas a fábricas donde los uigures perseguidos trabajan en condiciones que «sugieren fuertemente el trabajo forzado».
Citando documentos de código abierto en idioma chino, análisis de imágenes satelitales, investigaciones académicas y reportes de los medios, el informe estimó que más de 80,000 uigures fueron transferidos de Xinjiang a estas fábricas entre 2017 y 2019, por un programa patrocinado por el estado.
Entre las 83 marcas mencionadas en el informe se encuentran Adidas, Apple, Gap, Huawei, Nike y Samsung.
Desde entonces, Nike emitió un comunicado, diciendo que los empleados de Xinjiang en Qingdao Taekwang Shoes Co., donde se fabrican algunos zapatos Nike, tienen «la capacidad de terminar sus contratos en cualquier momento sin repercusiones». Agregó que la compañía ha estado «llevando a cabo un proceso diligente y continuo con nuestros proveedores en China».
El proyecto de ley propuesto sería una enmienda a la Ley de intercambio de Valores de 1934. Si se aprueba, requeriría que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) emita reglas a las compañías que cotizan en bolsa, exigiendo que divulguen información como la naturaleza y el grado en que el trabajo forzoso está relacionado con sus productos, así como con los ingresos brutos y las ganancias netas en asociación con dichos bienes. La SEC luego divulgaría la información en su sitio web.
«Las empresas estadounidenses no deberían ser cómplices del abuso de China hacía sus minorías musulmanas. Esta legislación ayudará a arrojar luces sobre estas prácticas inhumanas y proporcionará la transparencia necesaria para los inversores», dijo Wexton.
Agregó: «Una vez que los consumidores ven que los productos que usamos todos los días, desde los zapatos que nos ponemos hasta los teléfonos en los que enviamos mensajes de texto, han sido contaminados por el trabajo forzado, creo que las compañías estadounidenses harán lo correcto y repensarán sus cadenas de suministro».
El 11 de marzo, un grupo bipartidista de 17 senadores escribió una carta conjunta al Secretario de Estado, Mike Pompeo, expresando su preocupación debido a que China estaba utilizando organismos internacionales de normalización, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para ofrecer «legitimidad internacional» a sus tecnologías de vigilancia.
El régimen chino ha desarrollado cámaras y aplicaciones de seguridad que usan inteligencia artificial para monitorear a los residentes de Xinjiang, así como a los disidentes y a la población en general.
Sigue a Frank en Twitter: @HwaiDer
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