Dos funcionarios de Oklahoma están preocupados por la posibilidad de que los supervisores de un sistema de jubilación estatal hayan adaptado una solicitud de propuestas (RFP) para favorecer a una empresa de inversión que supuestamente boicotea a las compañías de petróleo y gas.
Al tesorero del Estado de Oklahoma, Todd Russ, y a la auditora e inspectora, Cindy Byrd, les preocupa que la RFP diera a BlackRock Investments la responsabilidad del 60% de los activos del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Oklahoma (OPERS, por sus siglas en inglés) —aproximadamente 7000 millones de dólares— en posible violación de la ley estatal.
BlackRock figura en una lista de empresas a las que la ley estatal prohíbe manejar fondos estatales porque boicotea a las compañías petroleras y de gas. La industria petrolera ha sido un motor de la economía de Oklahoma durante más de un siglo.
State Street, otra firma que maneja fondos estatales, también está en la lista de prohibidas. Pero no ha llamado tanto la atención como su mayor competidora.
Esto podría violar la Ley de Eliminación de la Discriminación Energética de Oklahoma de 2022 (EDEA). La ley prohíbe que las inversiones estatales sean gestionadas por cualquier empresa que boicotee a los productores de petróleo y gas.
Los representantes de BlackRock no respondieron a un correo electrónico de The Epoch Times.
Sin embargo, en una carta a la oficina del tesorero de Oklahoma, el director general senior y vicepresidente de BlackRock, Mark McCombe, dijo que BlackRock se centra en su responsabilidad con sus clientes.
«BlackRock no boicotea a las empresas energéticas», escribió el Sr. McCombe en la carta.
Según la carta, BlackRock tiene 319.000 millones de dólares invertidos en empresas energéticas públicas de todo el mundo, con 15.000 millones invertidos en Oklahoma. Más del 90% de esa cantidad está «invertida en energías tradicionales como el petróleo y el gas».
Hay indicios de que la firma de inversión se está separando de la inversión ESG.
En las últimas semanas, BlackRock ha dejado de utilizar el término. En un informe publicado en agosto, BlackRock informó que había respaldado el 7% de las propuestas ESG en las reuniones de las empresas en los 12 meses anteriores a junio, un fuerte descenso con respecto al año pasado, cuando apoyó el 22%, y a 2021, cuando votó a favor de casi la mitad.
En la carta, el Sr. McCombe señaló que las políticas ESG son una realidad y que existe una tendencia al aumento de la regulación gubernamental y de la demanda de los consumidores de alternativas a la energía basada en el carbono.
«Como fiduciarios, asesoramos a los clientes sobre las principales tendencias estructurales que creemos que pueden afectar a sus carteras. Una de esas tendencias es el cambio en las políticas gubernamentales, la tecnología y las preferencias de los consumidores asociado a la transición hacia una economía baja en carbono», dice la carta.
«Nuestras decisiones de inversión se rigen estrictamente por nuestro deber fiduciario para con los clientes, y ese deber nos exige dar prioridad a los intereses financieros de nuestros clientes por encima de cualquier compromiso o promesa no exigidos por la ley».
Pero el Sr. Russ y la Sra. Byrd dicen que sus preocupaciones van más allá de la ley EDEA y del boicot a las petroleras.
La pareja también cuestionó el proceso de solicitud de propuestas en la reunión de la Comisión de Pensiones del Estado de Oklahoma celebrada el 12 de septiembre. La comisión supervisa varios fondos estatales de pensiones y jubilación.
Después de esa reunión, Joseph Fox, director ejecutivo de OPERS, prometió explicar por qué se seleccionó a BlackRock.
El Sr. Fox no devolvió un correo electrónico de The Epoch Times.
Sin embargo, sí envió información al Sr. Russ y a la Sra. Byrd. En un memorándum fechado el 23 de agosto —el mismo día en que la comisión votó a favor de contratar a BlackRock— el Sr. Fox escribió que BlackRock cumplía con creces los requisitos establecidos por la OPERS para el trabajo de inversión.
La OPERS reclamó una exención
Escribió que OPERS reclamó una exención bajo la ley EDEA basada en su «responsabilidad fiduciaria» hacia los empleados estatales cuyos fondos están siendo gestionados.
«Una entidad gubernamental estatal no estará sujeta a ningún requisito de esta ley si la entidad gubernamental estatal determina que dicho requisito sería incompatible con su responsabilidad fiduciaria en relación con la inversión de los activos de la entidad o con otros deberes impuestos por la ley en relación con la inversión de los activos de la entidad», dice la exención de la ley EDEA.
Según la nota de la OPERS, la desinversión costaría al menos 9.7 millones de dólares en honorarios y otros gastos.
«Es concebible que la pérdida total de valor de mercado experimentada por los planes debido a estas acciones pueda ser potencialmente varias veces superior a los costes estimados arriba indicados», dice la nota de OPERS.
Pero el Sr. Russ dijo que la exención alegada por OPERS no es aplicable. Afirmó que la RFP se redactó para eliminar la mayor parte de la competencia de BlackRock.
Proceso de RFP «se hace más severo»
El Sr. Russ dijo que «amañado» era demasiado fuerte para el proceso de RFP. Pero, dijo que sí parecía que los funcionarios de OPERS tenían una empresa en mente.
«La RFP en sí misma no era un problema. Hicieron más severa la RFP para satisfacer al electorado y al inversor actuales», dijo el Sr. Russ.
La Sra. Byrd fue menos diplomática en su valoración.
«En el mundo de la auditoría, llamamos a esa práctica ‘manipulación de licitaciones'», dijo.
El 14 de septiembre, el Sr. Russ envió una carta al Sr. Fox y a la Junta de Fideicomisarios de OPERS en la que exponía tres preocupaciones. Basándose en ellas, escribió el Sr. Russ, la junta de OPERS debería haber seleccionado a otra empresa o haber buscado más candidatos.
El Sr. Russ envió copias de la carta al presidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma, el representante Charles McCall, al presidente pro tempore del Senado de Oklahoma, el senador Greg Treat, y al fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond.
Ni el Sr. McCall ni el Sr. Treat devolvieron las llamadas en busca de comentarios.
Phil Bacharach, portavoz de la oficina del Sr. Drummond, dijo que el fiscal general no tenía comentarios.
En la carta, el Sr. Russ escribió que en lugar de repartir las inversiones estatales entre diferentes gestores para reducir el riesgo; la junta de OPERS mantuvo más de la mitad de los fondos de pensiones bajo BlackRock.
Su carta afirma que cinco de los ocho fondos tenían comisiones de cambio bajas o nulas. Determinar los costes de los tres últimos requeriría un proceso completo de solicitud de propuestas, que según el Sr. Russ no se llevó a cabo.
Escribió que a los encuestados sólo se les dio tres semanas para presentar sus propuestas en este caso. El Sr. Russ señaló que las anteriores RFP permitían hasta seis semanas para una respuesta. Afirmó que la OPERS decidió sumariamente quedarse con BlackRock sin considerar plenamente a las empresas competidoras.
Por último, escribió que la decisión de retener los servicios de BlackRock violaba los deberes fiduciarios de OPERS debido al compromiso de BlackRock con los principios ESG.
«Empresas como BlackRock y State Street se han comprometido abiertamente a utilizar todos los activos bajo gestión —incluidos los activos de OPERS— no en beneficio de OPERS, sino de sus propios objetivos ideológicos», escribió el Sr. Russ.
Con información de Bill Pan.
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