Sid Miller acaba de ganar en noviembre su tercer mandato como comisionado de Agricultura de Texas. Una de las prioridades de su campaña fue impedir que la China comunista comprara tierras agrícolas y accediera a las infraestructuras del estado.
«Es lo más estúpido que podemos hacer como nación», declaró Miller a The Epoch Times, refiriéndose a lo que pretendía impedir. «No solo tenemos que pararlo aquí en Texas —estoy trabajando con la legislatura estatal— sino que necesitamos una supervisión federal de esto que tiene que parar en todos los estados».
El asunto llegó por primera vez a oídos del comisionado hace dos años, cuando se hizo público el proyecto de parque eólico en el sur de Texas de un militar chino retirado. La propuesta habría dado al propietario acceso a la red eléctrica del estado.
Para el proyecto del parque eólico Blue Hills, el multimillonario chino Sun Guangxin compró 140,000 acres en Del Río. Esto incluía varios ranchos a 80 millas de la base aérea de Laughlin y dentro de algunas de las zonas de entrenamiento de pilotos de la base.
Texas ocupa el primer lugar en tierras agrícolas que son de propietarios chinos, según los datos por estado compartidos por la agencia de Producción y Conservación Agrícola del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).
Hasta el 31 de diciembre de 2020, China poseía 325,686 acres de tierras agrícolas estadounidenses, según los datos del USDA. Aunque la superficie en manos chinas es ligeramente inferior al uno por ciento de toda la tierra agrícola en manos extranjeras, representa un aumento exponencial desde los 13,720 acres en 2010.
Esta rápida tendencia al alza es alarmante para el representante Dan Newhouse (R–Wash.), agricultor de tercera generación.
«También hay que tener en cuenta que el objetivo declarado del PCCh es rehacer el mundo en su beneficio. La tendencia es que sigan comprando nuestros activos y esto tiene que detenerse antes de que se convierta en un problema aún mayor», declaró anteriormente el congresista a Farm Journal.
Newhouse presentó en mayo un proyecto de ley para prohibir que personas o empresas extranjeras asociadas con el Partido Comunista Chino (PCCh) compren propiedades agrícolas en Estados Unidos.
La seguridad alimentaria como seguridad nacional
China, que alberga a casi el 20% de la población mundial, solo posee entre el 7% y el 9% de las tierras agrícolas productivas del planeta, según un informe de mayo (pdf) de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China (USCC, por su sigla en inglés) un influyente órgano consultivo del Congreso. Por ello, China ha incrementado sus adquisiciones de empresas y activos agrícolas extranjeros para hacer frente a su necesidad de alimentos.
El informe también advertía que «China puede tener una influencia indebida sobre las cadenas de suministro estadounidenses» si continúa esta tendencia.
Un ejemplo fue la compra por 4700 millones de dólares de Smithfield Foods, Inc, el mayor productor de carne de cerdo de Estados Unidos. En septiembre de 2013, el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés), un panel federal que revisa las adquisiciones extranjeras en busca de riesgos para la seguridad nacional, autorizó la transacción, que posteriormente se completó ese mismo año. Como parte del acuerdo, el comprador chino WH Group (antes Shuanghui Group) adquirió más de 146,000 acres con granjas porcinas y plantas de procesamiento en Carolina del Norte, Misuri, Utah y Virginia.
El presidente de Shuanghui, Wan Long, fue miembro de la Asamblea Popular Nacional del PCCh, el órgano legislativo títere del régimen, durante más de 15 años, según el testimonio de una audiencia en el Senado en 2013 (pdf). PBS Newshour reportó que el Banco de China, de propiedad estatal, aprobó un préstamo de 4000 millones de dólares en un solo día para la adquisición de Shuanghui.
El informe de la USCC analizaba los beneficios que Shuanghui obtuvo de la compra: un acceso a la marca global de Smithfield, un buen historial en seguridad alimentaria y tecnología genética porcina avanzada.
Estos son los tipos de acceso que preocupan a Newhouse.
«El Partido Comunista Chino y el gobierno de la República Popular China no son nuestros aliados, y Estados Unidos no puede depender de un adversario para nuestra agricultura nacional y el suministro de alimentos», dijo Newhouse a The Epoch Times en un correo electrónico.
«La seguridad alimentaria es seguridad nacional, y los esfuerzos de China son una amenaza directa para ambas».
Amenaza
Similar al caso de Shuanghui, el propietario chino de los terrenos del sur de Texas, el multimillonario Sun Guangxin, empresario en la región de Xinjiang, en el extremo occidental del país, también está estrechamente alineado con el PCCh.
«En los últimos 30 años, el Grupo Guanghui ha florecido en la ola de la política de reforma y apertura. Nos hemos regido y seguiremos rigiéndonos por el principio de tener presente al Partido y obedecer sus órdenes», afirma la empresa de Sun en su sitio web en inglés.
La empresa también promete seguir el «Pensamiento Xi Jinping», el dogma personal del líder comunista chino, y aprovechar las oportunidades de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del PCCh, un programa de inversión en infraestructuras en el extranjero de un billón de dólares. En su sitio web en chino, Guanghui se comprometió a contribuir al «sueño de China», el llamamiento de Xi para que el régimen se convierta en la potencia dominante del mundo en 2049.
Miller compartía con Newhouse la misma opinión sobre el PCCh: «Tenemos que tratarlos como lo que son: el enemigo».
Señaló que los estadounidenses no podían comprar tierras en China. A los ciudadanos chinos ni siquiera se les permite la propiedad privada de la tierra en el país; en su lugar, solo pueden comprar el derecho de uso de la tierra, que está bajo propiedad estatal o colectiva. El que decide en última instancia es el PCCh.
«Tenemos que hacer lo que yo llamo un poco de lógica vaquera. Podríamos aprobar una legislación sencilla y decir: ‘Miren, si no podemos comprar tierras agrícolas en su país, ustedes no pueden comprar tierras en el nuestro'», dijo Miller. «Eso solucionaría el problema. Es muy sencillo».
También le alarma que entidades vinculadas al PCCh parezcan comprar terrenos cerca de bases militares.
«Acaban de comprar más terrenos en Dakota del Norte, de nuevo junto a una instalación militar», añadió, refiriéndose a los 370 acres de terreno agrícola que una empresa china compró a través de su filial, Fufeng USA, para construir una planta de molienda de maíz en Grand Forks, Dakota del Norte.
Los terrenos están a menos de 15 millas de la base aérea de Grand Forks, que alberga tecnología sensible de drones, satélites y vigilancia. El 12 de diciembre, el CFIUS determinó que la venta de terrenos para el proyecto de Fufeng «no era una ‘transacción cubierta’» bajo la jurisdicción del comité.
Los terrenos de propiedad extranjera cercanos a instalaciones militares se señalaron como un riesgo potencial para las infraestructuras de defensa estadounidenses en el informe de la USCC. El informe también destacaba el porcentaje inusualmente alto de adquisición por parte de entidades chinas de propiedades categorizadas como «otras tierras», definidas por el USDA como de uso no clasificado, como pantanos, marismas y roca.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, las tierras de otro uso —tierras no utilizadas para cultivos, ganado o madera— representaban alrededor del 77% de la propiedad total china. En comparación, Canadá poseía más de 9 millones de acres de tierra agrícola estadounidense, y el 1 por ciento era para otros usos, y Alemania tenía el 5 por ciento de «otras tierras» de más de 1 millón de acres de tierra agrícola estadounidense que poseía, según los datos del USDA.
El informe del USCC señalaba el riesgo de tal caracterización.
«Sigue existiendo la posibilidad de que el uso de la tierra cambie después de que se autorice la compra por parte de un comprador extranjero y de que el inversor haya cumplido los requisitos iniciales de información. El USDA exige a los compradores extranjeros que informen de cualquier cambio en el uso de la tierra, pero la falta de aplicación de la ley hace que este aspecto sea susceptible de descuido», afirmaba el informe.
Miller dijo que el PCCh era «muy sigiloso» en su compra de tierras agrícolas estadounidenses. «Utilizan nuestro sistema legal y todo lo que tienen a su disposición, posiblemente con el objetivo final de perjudicarnos. Esto tiene que acabar», añadió.
Según un informe del USDA de febrero (pdf), Texas es el estado con más tierras de cultivo: 126 millones de acres. Y el Estado de la Estrella Solitaria es líder nacional en exportaciones agrícolas de algodón y ganado, según datos del USDA.
Miller no está en contra del comercio. Visitó China en 2015 con una delegación del USDA. El propósito era animar a China a reanudar la compra de carne de res de Estados Unidos, dijo. Miller no tiene ningún problema en vender productos agrícolas a China; simplemente no quiere que China cultive o críe ganado en el país.
El año pasado, trabajó con los legisladores estatales Tan Parker (R-Flower Mound) y Donna Campbell (R-New Braunfels) en la Ley de Protección de Infraestructuras de la Estrella Solitaria (LIPA, por sus siglas en inglés), que prohibiría a empresas y gobiernos de Texas hacer negocios con entidades extranjeras de China, Rusia, Corea del Norte e Irán si estas transacciones proporcionaran a las empresas acceso remoto o control de infraestructuras críticas. El proyecto fue aprobado y la ley entró en vigor en junio de 2021.
La ley parece haber frustrado el proyecto de parque eólico de Sun. El proyecto Blue Hills Wind de GH America Energy, propiedad de Sun, quedó oficialmente inactivo en agosto, según los registros del operador de la red de Texas, Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas. También en agosto, GH America Energy canceló el proyecto Blue Star Solar. Pero el proyecto Blue Valley Solar de la empresa a cargo del contratista local Blue Valley Solar LLC sigue en marcha, con una fecha de finalización estimada en diciembre de 2025.
El año que viene, Miller quiere trabajar con los mismos socios para aprobar leyes que impidan a la China comunista comprar tierras agrícolas en Texas.
Los estados toman medidas
Más estados han tomado medidas para hacer frente a los riesgos que plantea la propiedad de tierras y activos agrícolas por parte del régimen chino.
El 13 de diciembre, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció una nueva propuesta legislativa para restringir la compra de tierras agrícolas por parte de países extranjeros, en concreto China. Actualmente, el estado limita la propiedad extranjera de tierras agrícolas a 160 acres.
Además, Noem y los legisladores estatales tenían previsto crear un nuevo consejo, el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos-Dakota del Sur, para revisar las propuestas de compra de tierras agrícolas por parte de entidades extranjeras. El panel, formado por tres miembros de oficio y dos expertos en la industria agrícola y la seguridad nacional, recomendaría aprobar o denegar las ventas de tierras.
«No podemos permitir que el Partido Comunista Chino siga comprando el suministro de alimentos de nuestra nación, por lo que Dakota del Sur liderará la lucha en este asunto vital para la seguridad nacional», declaró Noem en un comunicado.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, también ha propuesto una acción legislativa para «prohibir las compras de tierras agrícolas y tierras que rodean bases militares por parte de países extranjeros preocupantes«, incluida China, dijo su secretario de prensa Bryan Griffin a The Epoch Times. La sesión legislativa del Estado del Sol comienza en marzo de 2023. El nuevo comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, expresó en diciembre un interés similar.
En un informe de agosto, el think tank conservador Heritage Foundation instó a más estados a tomar medidas: «La vía más rápida para actuar es el ámbito estatal. Los estados están más cerca del problema. Por tanto, la acción estatal y local sobre China es esencial».
La investigación indica que se podría hacer más.
Según el Centro Nacional de Derecho Agrario (NALC) de la Universidad de Arkansas, 28 estados, entre ellos Texas y Florida, no aplican ninguna restricción a la propiedad extranjera de tierras agrícolas.
La investigación del NALC también muestra que ningún estado de EE. UU. tiene una prohibición absoluta sobre la propiedad extranjera de tierras agrícolas. Alrededor de 14 estados «prohíben o limitan específicamente que extranjeros no residentes, empresas y corporaciones extranjeras y gobiernos extranjeros adquieran o posean un interés en tierras agrícolas dentro de su estado», y algunos estados exigen la presentación de informes sobre la propiedad extranjera de tierras, similar a la ley federal de presentación de informes en virtud de la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras en Agricultura (AFIDA, por sus siglas en inglés), declaró la NALC.
AFIDA estipula que la sanción por no informar de la propiedad extranjera de tierras asciende hasta una cuarta parte del valor de mercado de la propiedad. En realidad, el USDA suele reducir considerablemente la cuantía de la sanción por temor a desincentivar la presentación de declaraciones. Por ejemplo, la multa por no informar de la compra de terrenos asociada al proyecto del parque eólico Blue Hills en Texas se redujo de 21 millones de dólares a 120,000 dólares.
Consideraciones del Congreso
Miller dijo que trabajaría con los legisladores a nivel federal para intensificar este asunto de seguridad nacional crítico, aunque pensó que la legislatura estatal podría resolver la cuestión más rápidamente.
La Ley Agrícola, un paquete de legislación que aborda las políticas agrícolas y alimentarias que se aprueba aproximadamente una vez cada cinco años, podría retomarse el próximo año. El expresidente Donald Trump promulgó la anterior en 2018.
Mientras tanto, bastantes legisladores federales presentaron proyectos de ley este año y el pasado para abordar esta cuestión. Estos proyectos de ley abordaron varios aspectos de las preocupaciones económicas y de seguridad nacional, incluido el reconocimiento de la agricultura como infraestructura crítica, otorgando al USDA representación regular en el CFIUS, agregando una unidad de inteligencia dentro del USDA y prohibiendo a las entidades chinas comprar bienes raíces agrícolas estadounidenses.
Aunque todos estos proyectos de ley tendrán que volver a presentarse en el próximo Congreso, sus principales patrocinadores están decididos.
«Estados Unidos no puede permitir que las ofertas malignas de propiedad de activos estadounidenses por parte de China, Rusia, Irán y Corea del Norte socaven los esfuerzos de nuestros agricultores, cuyo duro trabajo alimenta a nuestras comunidades», dijo a The Epoch Times en un correo electrónico la representante Elise Stefanik (R-N.Y.), quien presentó la Ley de Promoción de las Salvaguardias y la Seguridad Agrícola (PASS, por sus siglas en inglés) en el verano.
«Especialmente cuando somos testigos del devastador impacto de una crisis en la cadena de suministro, Estados Unidos no puede ceder ninguna propiedad de nuestro suministro de alimentos a quienes no comparten nuestros intereses de seguridad».
La Ley PASS prohíbe a China, Rusia, Irán y Corea del Norte comprar empresas agrícolas estadounidenses, añade la agricultura como parte de las infraestructuras críticas de la nación y convierte al secretario de Agricultura en miembro permanente del CFIUS.
El proyecto de ley es uno de los muchos intentos de dar al USDA un puesto en el CFIUS y exigir que la agricultura se considere un asunto de seguridad nacional. Por ejemplo, un proyecto de ley bipartidista del Senado que proponía medidas similares — «Ley Seguridad Alimentaria es Seguridad Nacional de 2017″— no fue aprobado por el comité bancario en 2017.
El representante Rick Crawford (R-Ark.), uno de los patrocinadores originales de la Ley PASS, también presentó la Ley de Medidas de Inteligencia Agrícola (Ley AIM) en 2021. La Ley AIM proponía una nueva Oficina de Inteligencia en el USDA para compartir información con la comunidad de inteligencia.
Crawford calificó de «gran preocupación» el «aumento de las compras chinas de tierras agrícolas estadounidenses».
«Nuestra nación debe adoptar un enfoque más proactivo en la protección de nuestro suministro de alimentos y de quienes los producen», dijo el legislador.
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