La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, no respondió a una demanda de registros públicos presentada por la fundación activista Judicial Watch, lo que llevó a la organización a presentar una moción buscando un fallo a su favor por defecto.
La moción se presentó después de que la Sra. Willis no respondiera a una demanda que buscaba ciertos registros. Los documentos estaban relacionados con el fiscal especial Jack Smith y el comité del 6 de enero.
Judicial Watch solicitó una “sentencia en rebeldía” en la moción.
“Creo que esta es la primera vez en los 30 años de Judicial Watch que un funcionario del gobierno no respondió ante un tribunal a una demanda por registros abiertos”, dijo el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton.
«Esto demuestra aún más que la señora Willis tiene algo que ocultar acerca de su connivencia con la administración Biden y el Congreso de Nancy Pelosi en su inédita y comprometida persecución para ‘atrapar a Trump'».
El caso de la Sra. Willis acusa al presidente Trump y a más de una docena de coacusados de, supuestamente. intentar anular ilegalmente los resultados de la carrera presidencial de 2020 en el condado de Fulton.
El 5 de marzo, Judicial Watch presentó una demanda contra la Sra. Willis y el condado de Fulton (Georgia), con el fin de que los demandados cumplieran la Ley de Registros Abiertos de Georgia. La demanda se interpuso después de que Judicial Watch solicitara al condado el 22 de agosto de 2023 que le facilitara determinados documentos.
La solicitud buscaba todos los documentos y comunicaciones (a) relacionados con el fiscal especial Jack Smith o cualquier empleado de su oficina y (b) enviados o recibidos del comité del 6 de enero de la Cámara o cualquiera de sus empleados.
El 23 de agosto, Judicial Watch recibió un correo electrónico del condado confirmando que el Fiscal de Distrito “ha recibido su solicitud de registros abiertos”. Más tarde, ese mismo día, el condado envió un segundo correo electrónico que decía: «Después de revisar cuidadosamente su solicitud[,] no tenemos los registros correspondientes».
“Desde entonces, el demandante se enteró que la afirmación del condado de que no tenía registros que respondieran a la solicitud probablemente sea falsa”, dijo Judicial Watch en la demanda.
La organización señaló que el 17 de diciembre de 2021, la Sra. Willis envió una carta al presidente del comité del 6 de enero, Bennie G. Thompson (D-Miss.), solicitando acceso a “registros relevantes” cruciales para su investigación sobre intentos ilegales de interferir en las elecciones de 2020 en Georgia.
“Esos registros incluyen, entre otros, grabaciones y transcripciones de entrevistas y declaraciones de testigos, registros de comunicaciones electrónicos e impresos y registros de viajes”, decía la carta del 17 de diciembre.
La Sra. Willis también sugirió fechas en las que ella y su personal podrían viajar a Washington, D.C. para reunirse con el personal del comité.
La demanda cita reportajes de noticias y otros registros que indican que la oficina de la Sra. Willis viajó a Washington y se reunió con el personal del comité el 6 de enero.
«En consecuencia, a pesar de haber declarado al demandante que no poseía registros en respuesta a la solicitud, según la información y la creencia, el condado y Willis poseen dichos registros pero no los han presentado», afirma la demanda.
«En ningún momento los demandados declararon al demandante que los registros que poseía estaban exentos de producción en virtud de la Ley de Registros Abiertos».
La organización solicitó al tribunal que declare que los acusados violaron la Ley de Registros Abiertos y les ordene presentar los registros solicitados.
La moción y la investigación del Partido Republicano
Judicial Watch presentó una declaración jurada de notificación a la Sra. Willis el 13 de marzo, dándole a conocer la demanda.
El 6 de mayo, la organización solicitó una “sentencia en rebeldía” en una moción presentada ante el Tribunal Superior del condado de Fulton.
“El demandado no ha presentado una respuesta y no se ha entregado ninguna respuesta al demandante”, decía la moción. “La respuesta del demandado debía presentarse 30 días después de la notificación, o el 10 de abril de 2024… El caso automáticamente entró en rebeldía cuando no se presentó una respuesta antes de la fecha límite”.
“Se le permitió al demandado, como cuestión de derecho, abrir la petición dentro de los 15 días siguientes al día de su corte, o antes del 25 de abril de 2024… cuando el demandado no ejerció su derecho a abrir la petición, la demandante tuvo derecho a un veredicto y sentencia en rebeldía”, argumentó Judicial Watch.
En diciembre, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio) y el representante Barry Loudermilk (R-Ga.), iniciaron una investigación sobre una posible colusión entre la Sra. Willis y el comité del 6 de enero después de enterarse de que la oficina del fiscal de distrito “ coordinó sus acciones de investigación con el Comité Selecto partidista”, dijo un comunicado de prensa del 5 de diciembre .
Esta coordinación “debería preocupar a todos”, afirmó Loudermilk.
“Esta nueva información plantea dudas sobre el compromiso de Willis y Thompson con el debido proceso, y si se violaron las reglas de la Cámara cuando el Comité Selecto no reveló adecuadamente este material. Tenemos serias preocupaciones sobre este comportamiento y buscamos la verdad”.
The Epoch Times contactó al condado de Fulton para solicitar comentarios.
Ha habido intentos de descalificar a la Sra. Willis del caso después de acusaciones que decían que tenía relaciones románticas con el fiscal especial Nathan Wade. Tras un fallo judicial, Wade renunció a su cargo y Willis continuó con su caso contra el expresidente.
El 29 de marzo, los abogados del presidente Trump apelaron la decisión de permitir que la Sra. Willis continuara manejando el caso.
La señora Willis pidió al tribunal que desestimara la apelación del presidente Trump. La apelación se pronunciará el 13 de mayo.
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