El fundador de Oath Keepers, Elmer Stewart Rhodes III, ha despedido a sus abogados defensores de Texas en su caso de conspiración sediciosa del 6 de enero, alegando que no cumplieron los plazos judiciales clave y no presentaron las mociones y citaciones necesarias.
Edward Tarpley Jr. de Alexandria, Luisiana, el nuevo abogado de Rhodes, presentó una moción de emergencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington para retrasar el juicio del 26 de septiembre por lo menos 90 días.
Tarpley dijo que quiere frenar lo que llamó una «vía rápida» que viola los derechos constitucionales de Rhodes al debido proceso y a un juicio justo.
El cambio de abogado formó parte de una ola de acontecimientos en el proceso de alto perfil de los Oath Keepers.
El juez Amit Mehta dictaminó el 6 de septiembre que no permitirá que los acusados utilicen una defensa por impedimento legal. El fallo podría suponer un duro golpe para todos los casos de defensa.
Mehta aún no se ha pronunciado sobre la petición de Rhodes de cambiar de abogado y retrasar el juicio.
«Rhodes se enfrenta a un juicio con múltiples cargos y coacusados en el caso más complejo de todos los casos del 6 de enero, en el que los fiscales han dicho abiertamente que buscan la cadena perpetua para Rhodes», escribió Tarpley en una presentación de 20 páginas el 6 de septiembre.
«Incluso a los acusados de delitos menores del 6 de enero se les ha concedido más tiempo para prepararse para el juicio. A todos y cada uno de ellos».
Rhodes fue acusado el 12 de enero de 2022 de presunta conspiración sediciosa, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y otros dos cargos relacionados con el 6 de enero. Se declaró inocente de todos los cargos.
La acusación alega que los Oath Keepers conspiraron para impedir el recuento de los votos del Colegio Electoral el 6 de enero y evitar el traspaso del poder presidencial, por la fuerza si fuera necesario.
Los abogados Phillip Linder y James Lee Bright hablaron en las últimas audiencias de la necesidad de retrasar el juicio debido a la presunta lentitud en la presentación de pruebas por parte de los fiscales.
También dijeron a Mehta que a Rhodes no se le dio suficiente acceso a las computadoras en la cárcel de Virginia donde está recluido para ver las pruebas del caso.
The Epoch Times se puso en contacto con Linder y Bright para que comentaran su retirada del caso Rhodes.
Queja por retención de pruebas
Está previsto que Rhodes sea juzgado junto con otros tres Oath Keepers y un colaborador a partir del 26 de septiembre. Él y sus coacusados se han quejado durante meses de la lentitud en la presentación de pruebas por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y de la denegación de pruebas exculpatorias garantizadas por los precedentes de la Corte Suprema de EE. UU.
Mehta ha rechazado repetidas mociones para retrasar el juicio y trasladarlo desde el Distrito de Columbia, fuertemente demócrata, al norte de Virginia, a unas 8 millas de distancia. Los abogados defensores se quejan de que las condiciones de Washington hacen imposible obtener un juicio justo para sus clientes.
Como política, los fiscales federales y el Departamento de Justicia no hacen comentarios sobre los casos activos, excepto en las presentaciones ante el tribunal.
Según Tarpley, Rhodes busca material sobre tres acusados de Oath Keepers —Joshua James, Brian Ulrich y William Wilson— que se declararon culpables de conspiración sediciosa y aceptaron testificar contra Rhodes y otros acusados.
«Rhodes tiene información de que las comunicaciones y los mensajes de estos coacusados contienen pruebas exculpatorias, incluida la información de que estos coacusados se declaran culpables de sedición a sabiendas y falsamente», dice la moción.
Rhodes y su nuevo abogado también están buscando información de los fiscales sobre el exlíder de Arizona Oath Keepers, Ray Epps, quien fue grabado el 5 y 6 de enero incitando a los manifestantes a entrar en el Capitolio.
Epps dijo al FBI en una entrevista de marzo de 2021 que llevó un kit de primeros auxilios a Washington el 6 de enero porque esperaba un atentado terrorista. Enseñó a su hijo y a un amigo a utilizar un torniquete en caso de que una bomba causara víctimas masivas.
Epps figuraba originalmente como el número 16 en la página de los más buscados del FBI del 6 de enero, pero su inclusión en la lista fue eliminada posteriormente sin explicación alguna. No ha sido detenido ni acusado en relación con el 6 de enero.
Tarpley escribió que quiere las transcripciones del Comité Selecto de la Cámara de Representantes del 6 de enero de los testimonios dados por el abogado de Donald Trump Rudy Giuliani, la abogada de Oath Keepers Kelly SoRelle, la fundadora de Latinos for Trump Bianca Gracia y el asociado de Oath Keepers Michael Greene.
«La falta de adquisición de estas pruebas puede conducir a las condenas erróneas de Rhodes y otros por delitos que no cometieron», escribió Tarpley.
SoRelle fue acusado el 1 de septiembre en una acusación de cuatro cargos por presunta conspiración para obstruir un procedimiento oficial, complicidad en la obstrucción de un procedimiento oficial, entrada y permanencia en un edificio o recinto restringido y obstrucción de la justicia —manipulación de documentos.
Se esperaba que SoRelle fuera testigo de la defensa en el juicio del 26 de septiembre. Su acusación podría hacer que no estuviera disponible para los abogados de la defensa. La acusación de SoRelle añade peso a la necesidad de retrasar el juicio, dijeron varios observadores del caso.
Los abogados de la defensa han presentado mociones en las últimas dos semanas para obligar al Departamento de Justicia a proporcionar más información sobre el caso.
El abogado Brad Geyer presentó largas mociones alegando que actores sospechosos —no los Oath Keepers— son culpables de una conspiración para atacar el Capitolio el 6 de enero.
Geyer representa al miembro de los Oath Keepers Kenneth Harrelson.
Geyer y el abogado Stanley Woodward —que representa al acusado de los Oath Keepers, Kelly Meggs— escribieron que el Departamento de Justicia se ha negado a entregar pruebas beneficiosas para la defensa.
Esto incluye pruebas potenciales de informantes confidenciales del FBI dentro de los Oath Keepers, mensajes de texto del Servicio Secreto de los Estados Unidos que fueron borrados de las bases de datos federales después del 6 de enero, y los resúmenes del formulario 302 del FBI de las entrevistas con docenas de testigos.
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