El gobernador de Idaho, Brad Little, promulgó el miércoles una medida que prohíbe los abortos tras ser detectables los latidos del feto, lo que ocurre alrededor de las seis semanas de embarazo. La medida tiene un mecanismo de aplicación inspirado en una ley de Texas que permite a los ciudadanos presentar demandas contra los proveedores de servicios de aborto.
“Me solidarizo con todos los habitantes de Idaho que buscan proteger la vida de los bebés no nacidos”, escribió Little en una carta el 23 de marzo (pdf) a la vicegobernadora de Idaho, Janice McGeachin, quien también es presidenta del Senado de Idaho. Little compite en las elecciones primarias contra McGeachin, que ha sido respaldada por el expresidente Donald Trump.
Sin embargo, el gobernador también señaló en su carta: “Si bien apoyo la política pro-vida en esta legislación, temo que el novedoso mecanismo de aplicación civil en breve se demuestre que es inconstitucional e imprudente”.
La ley entra en vigor 30 días después de su firma. La legislatura de Idaho había aprobado la medida, S.B. 1309, a mediados de marzo. La legislación actualiza la actual prohibición al aborto por latidos cardíacos fetales de Idaho que Little promulgó en 2021, al agregar un mecanismo de aplicación privado inspirado en una prohibición al aborto en Texas.
La ley de 2021 no entró en vigencia debido a una disposición de activación que significa que la medida solo se promulgaría si un tribunal federal de apelaciones confirma otra ley de latidos del corazón.
Pero la medida más reciente que el gobernador de Idaho convirtió en ley significa que los ciudadanos particulares (ciertos miembros de la familia de la mujer que se hizo el aborto) ahora pueden entablar una demanda civil contra el proveedor de abortos por un mínimo de USD 20,000 en daños dentro de los cuatro años posteriores al supuesto aborto.
Los familiares que pueden demandar incluyen al padre, el abuelo, un hermano o una tía o un tío del niño por nacer. La persona que causó el embarazo por incesto o violación no puede demandar al proveedor de abortos por daños, aunque su familia sí puede.
Little, en su carta de aviso sobre la firma del proyecto de ley, cuestionó las implicaciones de la medida que acababa de convertir en ley. Dijo que el enfoque podría ser utilizado por los gobiernos estatales gobernados por la izquierda para atacar los derechos constitucionales, incluidos los derechos de armas.
“Delegar a ciudadanos privados para imponer cuantiosas multas monetarias por el ejercicio de un derecho constitucional desfavorecido pero reconocido judicialmente con el fin de evadir la revisión judicial socava nuestra forma constitucional de gobierno y debilita nuestras libertades colectivas. Ninguno de los derechos que atesoramos está fuera de los límites”, dijo. “¿Cuánto tiempo pasará antes de que California, Nueva York y otros estados hostiles a la Primera y Segunda Enmienda utilicen los mismos métodos para atacar nuestras libertades religiosas y el derecho a portar armas?”
En California, la legislatura del estado está considerando un proyecto de ley de control de armas (A.B. 1594) que tiene un mecanismo de aplicación similar a la prohibición al aborto en Texas. Permitiría que los ciudadanos privados y el gobierno demanden a las empresas de armas si violan la prohibición de armas de asalto del estado; también les permitiría demandar a los distribuidores de armas por responsabilidad en tiroteos que causen lesiones o muertes, si los distribuidores venden armas a sabiendas a personas que no pueden poseerlas legalmente.
La prohibición de Idaho establece excepciones para la violación y el incesto si la mujer embarazada ha denunciado su violación o incesto a la policía y le ha entregado el informe policial al proveedor del aborto. Pero algunos dicen que la excepción de violación e incesto probablemente sería imposible de cumplir para muchas mujeres porque la ley de Idaho impide la publicación de informes policiales en investigaciones activas.
Little comentó sobre la última enmienda a la luz de la disposición anterior, diciendo que las víctimas de agresión sexual pueden enfrentar consecuencias no deseadas en virtud de la medida.
“Aprecio la excepción prevista para las víctimas de violación e incesto, pero los desafíos y las demoras inherentes a la obtención del informe policial requerido hacen que la excepción carezca de sentido para muchos”, escribió en su carta.
“Estoy particularmente preocupado por aquellas mujeres y niños vulnerables que carecen de la capacidad o el apoyo familiar para denunciar abusos y agresiones sexuales. En última instancia, esta legislación corre el riesgo de traumatizar a las víctimas al otorgar [incentivos] monetarios a los malhechores y familiares de los violadores”.
Los violadores o los que cometieron incesto no pueden presentar una demanda conforme a la ley, pero sus familiares sí.
Little agregó en su carta: “Sigo comprometido con la protección de las vidas de los bebés no nacidos y recomiendo encarecidamente a la legislatura que rectifique de inmediato cualquier consecuencia no deseada con esta legislación para garantizar que el estado proteja suficientemente los intereses de las víctimas de agresión sexual”.
La representante demócrata de Idaho, Lauren Necochea, criticó la medida. “El aspecto vigilante de este proyecto de ley es absurdo”, dijo, informó The Associated Press. “Sus impactos son crueles y es flagrantemente inconstitucional”.
Escribió en Twitter: «Llevo a los niños que son víctimas de violación e incesto especialmente cerca de mi corazón hoy y todos los días hasta que se revierta esta monstruosa legislación».
Necochea también volvió a publicar un mensaje en Twitter de un escritor de opinión, Bryan Clark, que dijo: “[El gobernador Little] no puede desautorizar la S1309 y firmarla. Las declaraciones sin acción no tienen sentido. Little sabe cuáles serán los efectos del proyecto de ley, por lo que es totalmente responsable de ellos”.
Rebecca Gibron, funcionaria de Planned Parenthood Great Northwest, Hawái, Alaska, Indiana y Kentucky, que opera las tres clínicas de aborto de Idaho, dijo que el proveedor de servicios de aborto permanecerá abierto y está comprometido a ayudar a las personas a «acceder a la atención médica que necesitan, incluido el aborto», informó la AP.
El representante republicano estatal Steven Harris, uno de los patrocinadores del proyecto de ley, había dicho en un comunicado después de que el proyecto de ley fuera aprobado por la legislatura el 14 de marzo: “Este proyecto de ley asegura que la gente de Idaho pueda defender sus valores y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir la destrucción de vidas humanas inocentes”.
Los defensores de Planned Parenthood Alliance comentaron anteriormente sobre el proyecto de ley de Idaho: “Este proyecto de ley se basa directamente en la última prohibición de Texas al aborto, que fue diseñada explícitamente para evitar impugnaciones legales y que la Corte Suprema finalmente permitió que entrara en vigencia”.
“Desde su implementación en septiembre, se eliminó el 60 por ciento de la atención al aborto en el estado”, dijo el grupo, refiriéndose a Texas.
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