Ante la creciente presión legal, el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunció que el estado dejará pronto de aplicar las restricciones relacionadas con la pandemia a la vida cívica y a las empresas, incluidas las normativas que afectan a las reuniones religiosas, meses antes de la fecha límite de reapertura del 1 de agosto que había declarado previamente.
El anuncio de Baker se produjo días después de que el First Liberty Institute y el Massachusetts Family Institute presentaran una demanda federal para impugnar las restricciones en nombre de New Life South Coast en New Bedford, Massachusetts, y de que la New Civil Liberties Alliance (NCLA) pidiera a la Cortel Suprema que revise una sentencia de un tribunal estatal que sostenía que las restricciones del gobernador republicano no violaban los derechos constitucionales federales de sus clientes.
El anuncio también se produjo en un momento en que los gobiernos estatales y locales de todo el país están suavizando las restricciones para combatir el virus del PCCh, que causa la enfermedad COVID-19, incluido el uso obligatorio de mascarillas.
«Yo creo que el estado está empezando a recibir el mensaje de que no se puede tratar a las iglesias de tal manera que sea más fácil reunirse presencialmente en Applebee’s o en el cine AMC que en la iglesia», dijo el abogado de First Liberty, Jeremy Dys, en una entrevista a The Epoch Times.
«Está claro que las órdenes restrictivas del gobernador violaron la libertad religiosa», dijo Andrew Beckwith, presidente del Instituto de la Familia de Massachusetts, en un comunicado. «Era claramente injusto que la gente pudiera congregarse en una cafetería pero no en una iglesia. Este cambio es una gran noticia para la gente de fe en todo Massachusetts».
El estado de emergencia de Baker, de 14 meses de duración, y sus continuas restricciones se eliminarán gradualmente a finales de mes. Todas las restricciones restantes y los límites de capacidad terminarán el 29 de mayo y las personas totalmente vacunadas ya no tendrán que usar mascarillas en la mayoría de los entornos, dijo Baker durante una conferencia de prensa el 17 de mayo.
Se eliminarán todas las restricciones a la industria y el nivel de capacidad aumentará al 100 por ciento para todas estas empresas, dijo Baker, añadiendo que también se eliminarán los límites al tamaño de las reuniones.
«Hemos dicho desde el primer día que saldremos de esta situación juntos porque la población de Massachusetts es fuerte, amable y está dispuesta a sacrificarse para ayudar al prójimo. Hoy sabemos más que nunca que esa es la verdad», dijo Baker.
A partir del 18 de mayo, Massachusetts deja de exigir mascarillas para las actividades al aire libre, como el recreo, para los alumnos de la escuela infantil hasta el 12º grado y para las guarderías. El estado también permitirá compartir objetos en las aulas. El gobernador dijo que a partir del 29 de mayo, se anularán las restricciones a los deportes juveniles y de aficionados, mientras que el estado de emergencia declarado terminará el 15 de junio.
Baker dijo que el estado espera cumplir su objetivo de vacunar a 4.1 millones de personas en Massachusetts para la primera semana de junio. «Hoy en día, Massachusetts está a la cabeza de la nación en vacunaciones y estamos en camino de cumplir el objetivo que nos fijamos en diciembre».
La NCLA presentó una petición de certiorari o de revisión el 12 de mayo ante la Corte Suprema, pidiendo a los jueces que revisen la sentencia de la Corte Judicial Suprema de Massachusetts de diciembre de 2020, la que sostenía que las restricciones del gobernador no violaban los derechos constitucionales federales de los demandantes, como informó previamente The Epoch Times.
En el caso Desrosiers vs. Baker, los demandantes —individuos, empresarios, pequeñas empresas e iglesias— alegan que las actuales restricciones a sus libertades civiles violan sus derechos al debido proceso. Las limitaciones de capacidad de Baker, los toques de queda y otras restricciones a las reuniones en domicilios particulares «subrayan la necesidad de la supervisión judicial de los decretos ejecutivos, incluso durante una pandemia», declaró la NCLA.
La NCLA argumentó que el tribunal de Massachusetts se equivocó al considerar que debían aplicarse normas jurídicas menos estrictas a las reclamaciones de sus clientes sobre la libertad de reunión en virtud de la Primera Enmienda y que las restricciones de Baker podían ser aprobadas en virtud de la cláusula del debido proceso siempre que estuvieran razonablemente relacionadas con un interés estatal válido. Se requiere un escrutinio judicial más estricto cuando «las restricciones a la libertad personal son tan extremas y han sido impuestas por orden de un único funcionario del poder ejecutivo y no de una legislatura».
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