El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, emitió una orden ejecutiva en la que ordena que las universidades públicas de todo el estado revisen y disuelvan los puestos y programas de «diversidad, equidad e inclusión» (DEI), que calificó de despilfarro del dinero de los contribuyentes.
La orden (pdf), firmada el miércoles, exige a todas las agencias estatales e instituciones de educación superior no sólo que informen de cuánto dinero cuestan sus esfuerzos de DEI, sino también que dejen de financiar cualquier medida que esencialmente favorezca o prefiera a una raza, sexo o etnia en particular sobre otra.
«Como gobernador, represento a 4 millones de habitantes de Oklahoma. Oí por todo el estado que están cansados de malgastar nuestros dólares en algo que intenta dividirnos», dijo el gobernador republicano en una ceremonia de firma en Oklahoma City. «Usen esos dineros para educar a los niños en vez de tratar preferentemente a la gente según su raza».
Según la orden del miércoles, las agencias estatales y los colegios y universidades públicos tienen prohibido utilizar fondos, propiedades o recursos estatales para conceder o apoyar puestos o departamentos de DEI. Tampoco se les permite obligar a ninguna persona a recibir o pasar por ningún tipo de educación o formación relacionada con la DEI.
La orden también prohíbe a esas instituciones públicas exigir a cualquier persona, incluidos los solicitantes de empleo, que preste juramento de lealtad a la DEI, que presente una declaración de DEI, que declare estar de acuerdo con algún punto de vista ideológico concreto o que revele sus pronombres.
Para cumplir la orden, las instituciones públicas deben revisar el gasto en todos sus programas e iniciativas de DEI y «eliminar y despedir a todo el personal no crítico».
Según el gobernador, la orden no afectará a los servicios de apoyo a veteranos, estudiantes universitarios de primera generación, estudiantes de familias con bajos ingresos, estudiantes con capacidades únicas o poblaciones estudiantiles desatendidas.
«En Oklahoma, vamos a fomentar la igualdad de oportunidades, en lugar de prometer resultados iguales», dijo el Sr. Stitt. «Estamos sacando la política de la educación y centrándonos en preparar a los estudiantes para la fuerza laboral».
Durante la ceremonia de la firma, el gobernador también citó la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. de este verano que declaró inconstitucional el uso de la raza a la hora de considerar las admisiones universitarias, argumentando que las escuelas deberían aceptar a los estudiantes en función de sus méritos.
«Fomentar el florecimiento de nuestra mano de obra, nuestra economía y nuestros sistemas educativos significa dejar de centrarnos en la exclusividad y la discriminación y centrarnos en las oportunidades y el mérito», declaró.
Las universidades públicas de Oklahoma tendrán hasta el 31 de mayo del 2023 para completar la tarea. En ese momento, deberán presentar al gobernador y a los líderes de la Asamblea Legislativa estatal, dominada por los republicanos, un informe detallando qué puestos y actividades de la DEI se suprimieron.
En una carta a los estudiantes, el Presidente de la Universidad de Oklahoma (OU), Joseph Harroz, dijo que la orden suscitaba «profunda preocupación», pero, no obstante, se comprometió a cumplirla.
«Esta noticia suscita una profunda preocupación e incertidumbre sobre el futuro y, en muchos sentidos, parece un paso atrás», escribió Harroz. «No se equivoquen: En la OU, nos mantenemos firmes en nuestra promesa de defender los principios fundamentales que hacen de nuestra universidad un faro donde el sueño americano está al alcance de todos».
La Universidad Estatal de Oklahoma (OSU), por su parte, se limitó a decir que cumpliría la orden del Sr. Stitt.
«Seguiremos centrándonos en apoyar a todos los estudiantes de Oklahoma mientras obtienen títulos universitarios y se preparan para unirse a nuestra fuerza de trabajo», dijo la universidad en un comunicado, añadiendo que cumpliría con sus obligaciones legales «sin dejar de cultivar un ambiente acogedor para todos los estudiantes, profesores y personal».
Según el Instituto Goldwater, un grupo de reflexión a favor del libre mercado con sede en Arizona, las declaraciones DEI no aumentan la diversidad en los campus universitarios, sino que la reducen al obligar a los solicitantes de empleo a adherirse a puntos de vista específicos.
«Dada la forma en que están redactados muchos de los requisitos de la declaración de DEI, los candidatos seleccionados pueden verse cada vez más limitados a personas que no sólo creen en los principios políticos del régimen de DEI, sino que también trabajaron activamente para promover los objetivos de DEI antes de presentar su candidatura», explicó el Instituto en un informe sobre los esfuerzos de DEI de las universidades de Arizona.
Para ilustrar mejor este punto, la Institución describió un escenario en el que dos candidatos compiten por un puesto de profesor: El candidato A, una graduada universitaria de primera generación que trabajó en múltiples empleos a lo largo de los años para ayudar a financiar su educación y, por lo tanto, tuvo poco tiempo para participar en el activismo político; y el candidato B, cuya riqueza familiar o ayuda financiera le permitieron dedicar su tiempo libre a asistir a las protestas de Black Lives Matter.
Con un modelo de contratación centrado en la DEI, la candidata A sería «inmediatamente descalificada y su currículum quedaría sin leer», afirma la Institución.
«No sólo es un planteamiento deficiente para identificar al candidato más cualificado, sino que puede ir fácilmente en contra de la verdadera diversidad al garantizar que cualquiera que no tenga un historial documentado de activismo político quede fuera del área de estudio elegida», señala el informe. «Exigir declaraciones de DEI distorsiona palpablemente el terreno de juego, ya que beneficia principalmente a quienes disponen de recursos y tiempo de sobra para dedicarlos a actividades extracurriculares con carga política».
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