El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que pedirá una sentencia obligatoria de al menos diez años de prisión para quienes ayuden a los cárteles que trafican con inmigrantes ilegales en su estado.
«Estoy pidiendo sentencias mínimas obligatorias de 10 años de prisión para los texanos que ayuden a los cárteles transportando inmigrantes ilegales. Es un delito creciente en el que los tejanos son atraídos por el dinero en efectivo de los cárteles», escribió Abbott en Twitter el miércoles por la noche. «Debemos acabar con ello en esta sesión legislativa».
Actualmente, según el código penal del estado, el contrabando de personas es un delito grave de tercer grado que, en caso de condena, conlleva una pena de al menos dos años y hasta diez años de prisión. Además, el infractor podría ser multado con hasta USD 10,000 dólares, según el código penal.
No es la primera vez que Abbott pide que se endurezcan las penas por ayudar al contrabando de personas. En diciembre de 2022, dijo que los infractores deberían pasar al menos cinco años en prisión.
«Me estoy cansando condenadamente de los residentes de Texas que introducen ilegalmente a personas en nuestro país», escribió Abbott en Twitter en ese momento. «Buscaré un mínimo obligatorio de al menos cinco años de prisión para cualquiera que sea sorprendido cometiendo este delito».
El contrabando y la trata de personas en la frontera entre Texas y México captaron la atención nacional a fines de junio de 2022, cuando 53 inmigrantes ilegales murieron tras quedar atrapados en un sofocante remolque de tractor en las afueras de San Antonio. Desde entonces, los investigadores han identificado a las 48 personas que murieron en el lugar como ciudadanos de México, Guatemala y Honduras.
Según los investigadores, el camión había tenido problemas mecánicos, lo que llevó a los contrabandistas a detenerse y abandonar el vehículo con los pasajeros aún encerrados en su interior.
La fiscalía federal presentó cargos contra cuatro personas implicadas en la mortífera operación de contrabando. Dos de ellos son tejanos y los otros dos mexicanos.
El presunto conductor del camión, Homero Zamorano, tejano de 45 años, fue acusado de un delito de contrabando de extranjeros con resultado de muerte. Si es declarado culpable, Zamorano se enfrenta a cadena perpetua o posiblemente a la pena de muerte, según el Departamento de Justicia.
También fue acusado Christian Martínez, un tejano de 28 años que supuestamente habló de la operación de contrabando con Zamorano.
En septiembre de 2022, Abbott firmó una orden ejecutiva por la que designaba a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, alegando que contribuían al aumento de los cruces fronterizos ilegales.
Los cárteles no solo son responsables del contrabando de cientos de millones de dosis letales de fentanilo en Texas, sino que también «trafican con seres humanos a través de la frontera entre Texas y México y los someten a agresiones sexuales, trata de seres humanos, asalto, extorsión y otros actos deshumanizadores, violentos y atroces», afirmaba la orden.
Junto con su orden ejecutiva, Abbott envió una carta al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris solicitando que clasifiquen a los cárteles mexicanos de la droga que operan en Texas como organizaciones terroristas.
«La destrucción causada por los cárteles va mucho más allá de la frontera de nuestro estado», escribió Abbott. «Los activos de los cárteles podrían entonces ser congelados, debilitando el apoyo financiero de las actividades de tráfico. Además, los investigadores y fiscales federales podrían perseguir agresivamente las sentencias penales mejoradas que se aplican a los narcotraficantes que financian organizaciones terroristas extranjeras».
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