El gobernador de Texas, Greg Abbott, le está pidiendo al fiscal general del estado que abra una investigación a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que están ayudando a los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera desde México.
«A pocos días del final del Título 42, el número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera entre Texas y México ha alcanzado un máximo histórico», dijo Abbott, republicano, al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en una carta hecha pública el 15 de diciembre. «De hecho, el pasado domingo, en un lapso de 24 horas, más de 2600 inmigrantes ilegales cruzaron la frontera cerca de El Paso y entraron ilegalmente en Texas. Es probable que estas cifras aumenten en las próximas semanas”.
La referencia de Abbott al Título 42 es a una orden de emergencia de salud pública emitida por el presidente Donald Trump para detener la propagación de COVID-19 en la frontera sur, la orden autorizó a los agentes federales a devolver a los inmigrantes que cruzan la frontera a México para esperar el procesamiento de sus casos, incluidas las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Un tribunal federal dictaminó a principios de este año que la orden se suspenderá el 21 de diciembre.
«Pero como los hechos sobre el terreno siguen cambiando, debemos permanecer vigilantes en nuestra respuesta a esta crisis. Ha habido informes recientes de que organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden haber ayudado a cruzar ilegalmente la frontera cerca de El Paso», le dijo Abbott a Paxton.
“Entendemos además que las ONG pueden estar involucradas en orquestar ilegalmente otros cruces fronterizos a través de actividades en ambos lados de la frontera, incluso en sectores distintos a El Paso. A la luz de estos informes, pido a la Oficina del fiscal general de Texas que inicie una investigación sobre el papel de las ONG en la planificación y facilitación del transporte ilegal de inmigrantes ilegales a través de nuestras fronteras”.
La carta de Abbott a Paxton llega un día después de que el Proyecto de Supervisión de la Fundación Heritage hiciera públicos los resultados de un análisis masivo a más de 30,000 dispositivos celulares anónimos utilizados por inmigrantes ilegales después de ingresar a Estados Unidos y recibir atención y servicios de reasentamiento a través de instalaciones de ONGs.
El proyecto Heritage rastreó los dispositivos hasta casi todos los distritos electorales del país, según Mike Howell, director del Proyecto de Supervisión de la fundación conservadora.
“Ahora tenemos pruebas innegables de que las ONG son el socio de la administración Biden para facilitar y perpetuar esta histórica crisis fronteriza. Lo que es más vergonzoso es que estas ONG están utilizando no solo los dólares de los contribuyentes para completar el eslabón final en la operación de contrabando de personas de los cárteles de la droga, sino también los fondos donados por estadounidenses en todo el país que no tienen idea de que sus donaciones caritativas se están utilizando para este propósito”, dijo Howell en un comunicado.
“Están trabajando mano a mano con los defensores de las fronteras abiertas en la administración de Biden para reubicar a un número incalculable de extranjeros ilegales en todo el país cada mes, avanzando voluntariamente en el objetivo de la izquierda de remodelar el electorado estadounidense y promover sus objetivos políticos”.
“Estas organizaciones no tienen por qué involucrarse en tal comportamiento. Deben ser investigadas, responsabilizadas y desfinanciadas. Y no se equivoquen, el Proyecto de Supervisión recién está comenzando a mostrar el papel que estos grupos están jugando no solo para continuar con esta histórica crisis fronteriza, sino también para impulsar el modelo de negocios de los cárteles y alentar a millones de personas a someterse a la miseria, el sufrimiento y la muerte en el camino a la frontera. Estamos listos y dispuestos a cooperar con las fuerzas del orden público de Texas para transmitir información sobre lo que encontremos”.
Hay docenas de ONGs involucradas de diversas maneras en ayudar a los inmigrantes que ingresan a Estados Unidos. No es ilegal brindar dicha atención y servicios a inmigrantes legales, pero se pueden infringir varias leyes federales cuando se trata de inmigrantes ilegales.
Entre esas ONG, según el estado de California, están Amnistía Internacional USA, Catholic Charities USA, Médicos sin Fronteras, Human Rights Watch, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Refugee Council USA.
Muchas de estas ONG reciben fondos significativos del gobierno federal, partes de los cuales podrían usarse para brindar atención y servicios a los inmigrantes. Pero rastrear dichos fondos hasta instalaciones específicas para inmigrantes no es una tarea fácil.
Una búsqueda en USASpending.gov, el sitio web oficial que permite al público acceder a información sobre aproximadamente el 70 por ciento de todos los gastos federales, por ejemplo, dólares de impuestos destinados a Catholic Charities, en forma de contratos y subvenciones, arrojó más de 3000 acciones federales por un total de USD 1200 millones.
De esas acciones federales, 210 se llevaron a cabo en Texas con un valor de casi USD 260 millones. Más de USD 256 millones de ese total se destinaron a programas involucrados en diversas formas de «Asistencia para refugiados y entrantes».
Un portavoz de Catholic Charities USA no respondió al cierre de esta edición a una solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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