El gobernador de Utah anunció el 26 de noviembre que respaldará la política de la administración entrante para deportar a inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos y representen una amenaza para la seguridad pública.
El gobernador Spencer Cox declaró que el esfuerzo estatal, guiado por cinco prioridades, ayudará al presidente electo en la deportación de inmigrantes ilegales delincuentes. «Cuando se trata de política migratoria, la seguridad de los residentes de Utah es mi principal prioridad», señaló Cox en un comunicado de prensa. «Utah continuará dando la bienvenida a refugiados e inmigrantes que entren legalmente al país, y seguiremos impulsando reformas al proceso de asilo y solicitando más visados para cubrir las necesidades de mano de obra. Sin embargo, tenemos tolerancia cero para quienes demuestren ser una amenaza para la seguridad pública mientras están en el país de manera ilegal».
El gobernador republicano explicó que su estado ha sido desafiado por la inmigración ilegal y espera cambios en la política federal. «Las autoridades federales de inmigración incumplieron su deber con el pueblo estadounidense y dejaron que los estados y localidades gestionen de forma independiente las consecuencias de esos fracasos», dijo Cox. «Estamos agradecidos por la llegada de una administración que abordará estos problemas con seriedad».
Según la oficina del gobernador, la inmigración ilegal representa una amenazas para la seguridad pública y un costo sustancial para los contribuyentes de Utah. Los inmigrantes ilegales constituyen aproximadamente el 4.6% de la población carcelaria del estado, lo que supone un gasto cercano a 16 millones de dólares anuales. Cox añadió que la mayoría de los delitos cometidos por inmigrantes ilegales en prisión son delitos sexuales y asesinatos.
El Departamento de Seguridad Pública de Utah ha observado un aumento en la distribución de drogas, y la violenta banda venezolana Tren de Aragua fue identificada en el estado la primavera pasada.
El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Jess Anderson, declaró: «Las organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Jalisco deben rendir cuentas por el tráfico de drogas y personas, lo que incluye facilitar el regreso de delincuentes previamente deportados. Anticipamos que con un mayor control fronterizo podremos tomar medidas enérgicas contra estos reingresos agravados, donde delincuentes deportados regresan para cometer delitos adicionales».
Las cinco prioridades del plan de Cox incluyen la identificación de puntos de interceptación adicionales en el sistema de justicia penal donde los sospechosos puedan ser identificados como inmigrantes ilegales, y la formación de las autoridades locales y estatales en la identificación de inmigrantes ilegales criminales que deben ser entregados a las autoridades federales para su deportación.
El plan también contempla trabajar con la Legislatura de Utah en políticas relacionadas con inmigrantes ilegales con antecedentes criminales, colaborar con el Grupo de Trabajo sobre Fentanilo del estado en soluciones a largo plazo y cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a los reclusos que son inmigrantes ilegales.
Desde la victoria de Trump, los gobernadores demócratas de Nueva Jersey, California, Nueva York, Massachusetts e Illinois indicaron que intentarán contrarrestar las políticas de Trump, incluidas las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales.
Varios alcaldes demócratas también manifestaron que se opondrán a las deportaciones, como Mike Johnston de Denver, quien incluso declaró estar dispuesto a ir a la cárcel por resistirse a los esfuerzos de Trump.
Legisladores estatales demócratas y algunas organizaciones criticaron la postura de Cox como perjudicial para Utah. La líder demócrata del Senado, Luz Escamilla, y la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Angela Romero, emitieron una declaración conjunta oponiéndose a la política del gobernador.
«El anuncio del gobernador genera serias preocupaciones sobre la estigmatización de la inmigración con la criminalidad», señalaron. «Aunque todos queremos que los criminales rindan cuentas y garantizar la seguridad pública, este enfoque podría generar miedo y malinterpretar a las personas indocumentadas, muchas de las cuales contribuyen significativamente a la economía, cultura y fuerza laboral de Utah».
Romero y Escamilla argumentaron que se debe distinguir entre delincuentes y personas que simplemente buscan una vida mejor para sus familias. Pidieron políticas que fomenten la confianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades de inmigrantes, para que víctimas y testigos se sientan seguros al denunciar.
Algunas organizaciones de apoyo a inmigrantes advirtieron que el anuncio de Cox generará más temor. Aden Batar, director de Servicios de Migración y Refugiados de Servicios Comunitarios Católicos de Utah, expresó su preocupación: «Tenemos que ser muy cuidadosos y dejar la aplicación de la ley migratoria a las autoridades federales. La gente ya está temerosa tras escuchar los planes de deportación masiva de Trump».
Batar destacó que muchos inmigrantes son trabajadores respetuosos de la ley, fundamentales para diversas empresas. Subrayó que Utah ha sido reconocida por dar la bienvenida a personas de todo el mundo, y ese espíritu debe continuar.
«Los Servicios Comunitarios Católicos siempre estamos al lado de las personas necesitadas, sean refugiados o inmigrantes, y estamos dispuestos a proporcionarles los servicios que requieran, independientemente de su estatus migratorio o procedencia», concluyó Batar.
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