La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, publicó el miércoles un decreto para despenalizar el aborto, que entrará en vigor el día de hoy.
A través de un decreto publicado en el Diario Oficial del estado de Aguascalientes (pdf), la gobernadora Jiménez hizo efectiva la resolución aprobada por el Congreso Estatal el pasado 14 de diciembre, en una audiencia secreta por un acuerdo entre los diputados, y que tiene como finalidad despenalizar el aborto en los primeros meses de gestación.
Según el comunicado, el decreto 573 reforma los artículos 101, 102 y 103 y el párrafo cuarto del artículo 196 del Código Penal del Estado.
El artículo 101 cambió la definición del aborto como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos del Código, el embarazo se considera como «la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio».
En el Artículo 102 se cambió el concepto del aborto forzado como «la interrupción del embarazo, en cualquier momento, sin el consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante».
El artículo 103 se modificó, considerando excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada o persona gestante; si fue víctima de violación, el embarazo supone un riesgo para su vida o si «cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar» una alteración genética o congénita, «siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante».
En los dos últimos casos mencionados en el artículo 103, los médicos estarán obligados a proporcionar a dar a las mujeres embarazadas, «información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada o persona gestante pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable».
Con relación a los castigos impuestos, el decreto establece que al responsable del aborto, considerado como tal después de la décima segunda semana de gestación, se le aplicarán de 6 meses a 1 año de prisión y el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Adicionalmente, si la mujer o persona gestante únicamente interviene otorgando el consentimiento para que otro le realice el aborto, se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 40 a 80 días de multa.
A su vez, el párrafo cuarto del artículo 196 se modificó para eximir de castigo en los tres casos mencionados en el artículo 103, en cualquier momento de la gestación.
El decreto también incluyó el término «persona gestante» en el Código Penal del estado, un término que no se había utilizado antes.
A primera hora del jueves, un grupo de la organización Frente Nacional por la Familia Aguascalientes y varios ciudadanos iniciaron una manifestación en oposición a la aprobación de la resolución del Congreso y la publicación de decreto.
Por otro lado, organizaciones feministas celebraron la ratificación de la decisión del Congreso y la publicación oficial del decreto que despenaliza el aborto en el estado.
«A partir de hoy en Aguascalientes abortar es un derecho hasta la semana 12.6 de gestación y ninguna persona puede ser criminalizada por abortar», escribió en la red social X, la organización AbortistasMx.
Controversia por la despenalización del aborto en el Estado
El presidente de la Mesa directiva del Congreso, Jaime González de León, del Partido Acción Nacional, dio a conocer el 14 de diciembre a medios locales. que el Congreso Local había realizado una audiencia secreta, por un acuerdo entre los diputados, en la que se había aprobado para el estado, la despenalización del aborto en los primeros meses de gestación.
De León informó posteriormente que no se iban a revelar los nombres de los diputados que habían votado a favor ni en contra de la resolución.
“Esta situación era algo que teníamos como fecha el 31 de diciembre, porque de no hacerlo íbamos a caer en desacato y hasta la cárcel nos podrían enviar”, dijo, según La Jornada.
Después de darse a conocer la decisión, organizaciones como la plataforma Actívate y el Frente Nacional por la Familia consideraron que el proceso estuvo estuvo lleno de irregularidades y pidieron a la gobernadora Teresa Jiménez vetar la resolución para respetar un pacto que firmó en 2022 cuando aún era candidata por la coalición “Va por Aguascalientes”.
“Recordamos a la gobernadora su compromiso con la causa provida durante su campaña y el pacto que firmó en favor de la vida. Ahora, más que nunca, es esencial que cumpla con su palabra”, escribió Actívate en su campaña de firmas.
“Gobernadora Tere Jiménez, le solicitamos que con base en el artículo 32 de la Constitución de Aguascalientes ejerza su facultad de veto sobre la ignominiosa ley que legaliza el crimen del aborto, aprobada de madrugada y en secreto”, escribió el Frente Nacional por la Familia.
El Frente Nacional por la Familia Aguascalientes, un sociedad civil conformada por millones de ciudadanos mexicanos con el fin de promover y defender la Vida, la Familia y las Libertades, por su parte, enfatizó este miércoles que la gobernadora aún podía derrocar la resolución que despenaliza el aborto en el Estado y la exhortó a tomar acción.
“Se puede enmendar esta situación si la gobernadora lo veta dentro de los 20 días hábiles siguientes después de haber recibido la minuta del congreso, esto significa que tiene hasta el 12 de enero del 2024”, aseguró la organización.
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