La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, mantiene sus esfuerzos por imponer una orden de emergencia de 30 días que restringe la portación de armas de fuego en público, incluso después de que un juez federal bloqueara temporalmente la aplicación de la orden.
La semana pasada, la Sra. Lujan Grisham intentó aplicar esta restricción de 30 días a las armas de fuego mediante una declaración de emergencia de salud pública, lo que provocó una serie de demandas que cuestionaban su legalidad. El miércoles por la tarde, el juez de la Corte de Distrito de EE. UU. David Urias —nombrado por el presidente Joe Biden— emitió una orden de restricción temporal (pdf) que bloqueaba partes de la orden de emergencia de la gobernadora de Nuevo México, que prohibía a la gente poder llevar sus armas de fuego en público en Albuquerque y en los alrededores del condado de Bernalillo para defensa propia.
«Hoy, un juez ha bloqueado temporalmente algunas secciones de nuestra orden de salud pública, pero ha reconocido el importante problema de la violencia con armas de fuego en este estado, sobre todo en lo que se refiere a la muerte de niños», declaró la Sra. Lujan Grisham en un comunicado de prensa en respuesta a la orden judicial. «Me niego a resignarme al statu quo. Como gobernadora, veo cada día el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la violencia armada, y nunca dejaré de luchar para evitar que otras familias sufran estas tragedias».
La declaración de emergencia habría facultado a las fuerzas policiales para imponer «sanciones administrativas civiles» a los infractores. Incluso con la orden de restricción temporal que bloquea dichas sanciones civiles, la Sra. Lujan Grisham dijo que su administración «mantendría el rumbo» limitándose a aumentar la presencia de las fuerzas policiales en el condado de Bernalillo y a detener a los delincuentes violentos con órdenes de detención pendientes.
Aunque la decisión de la juez Urias supone un revés para su orden de control de armas, la Sra. Luján Grisham dijo que ha percibido un notable aumento de la atención prestada a abordar la violencia armada en los días transcurridos desde que promulgó su declaración de emergencia.
«En los últimos cuatro días, he visto más atención en resolver la crisis de la violencia con armas de fuego que en los últimos cuatro años», dijo. «Ahora es el momento de aportar claridad de propósito: los habitantes de Nuevo México deben volver a sentirse seguros al volver de la escuela a casa, al ir en coche al supermercado o al salir del estadio de béisbol de su ciudad».
La Sra. Lujan Grisham pidió además a los líderes estatales y locales que siguieran impulsando nuevas políticas sobre las armas y la violencia armada.
«¿Quién se levantará para proteger a las familias y a los niños? Yo», escribió. «Y hago un llamamiento a los líderes de todo el estado, desde las fuerzas policiales locales a la Legislatura, pasando por alcaldes y comisionados de condado: Únanse a mí para promulgar soluciones que salven la vida de las personas. Darse por vencidos no es una opción».
La orden de restricción temporal seguirá en vigor al menos hasta el 3 de octubre, fecha que el juez Urias ha programado para la presentación de alegaciones adicionales en una de las demandas que impugnan la declaración de emergencia de la Sra. Lujan Grisham.
NTD News se puso en contacto con la oficina de la Sra. Lujan Grisham para obtener más comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
Los grupos de defensa de los derechos de las armas celebran el fallo
Mientras la Sra. Lujan Grisham señalaba que seguiría trabajando para promulgar políticas sobre la violencia armada, varios grupos de defensa de los derechos de las armas que impugnaron su declaración de salud pública celebraron el bloqueo temporal y señalaron que están dispuestos a continuar sus impugnaciones legales.
«Estamos encantados de que la corte haya fallado a nuestro favor y defendido la Segunda Enmienda, la Constitución de EE. UU. y los precedentes de la Corte Suprema», declaró Cody J. Wisniewski, consejero general y vicepresidente de Firearms Policy Coalition (FPC). «La orden ejecutiva del gobernador Grisham es manifiestamente inconstitucional y esperamos seguir demostrándolo ante la corte».
La FPC fue una de las varias organizaciones de defensa de los derechos de las armas que respaldaron las demandas que impugnaban la orden de la Sra. Lujan Grisham. Otros grupos de defensa de los derechos de las armas que impugnaron la orden fueron la Second Amendment Foundation (SAF), Gun Owners of America (GOA), la National Association for Gun Rights (NAGR), We The Patriots USA y la New Mexico Shooting Sports Association.
«Estamos encantados de que la corte no haya perdido tiempo en tomar medidas drásticas contra la suspensión claramente inconstitucional de los derechos de la Segunda Enmienda por parte de la gobernadora Lujan Grisham», escribió Allen M. Gottlieb, fundador y vicepresidente ejecutivo de SAF, en relación con la orden dictada el miércoles por la juez Urias. «Ningún gobernador tiene autoridad para denegar arbitrariamente derechos constitucionales, especialmente con el endeble argumento de que se trata de una emergencia de salud pública».
De NTD News
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