El gobierno de Biden presentó una demanda para bloquear una ley de Iowa contra la inmigración ilegal que autoriza la detención y el enjuiciamiento de personas que hayan entrado ilegalmente en Estados Unidos después de que se les haya denegado previamente la admisión o hayan sido deportadas.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó la demanda ante un tribunal de Des Moines, Iowa, el 9 de mayo, con el fin de impugnar el expediente del Senado 2340 en virtud de las disposiciones de la Constitución de EE.UU. que asignan al gobierno federal la autoridad para regular la inmigración y gestionar los asuntos relacionados con las fronteras.
«Iowa no puede hacer caso omiso de la Constitución de EE.UU. y de los precedentes del Tribunal Supremo», declaró en un comunicado Brian Boynton, fiscal general adjunto principal y jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. «Hemos interpuesto esta acción para garantizar que Iowa se adhiere al marco adoptado por el Congreso y la Constitución para la regulación de la inmigración».
La ley de Iowa, que fue firmada por la gobernadora republicana Kim Reynolds el 10 de abril, convertiría en delito que alguien estuviera en Iowa si tuviera órdenes de deportación pendientes, o si se le hubiera denegado la admisión en Iowa, o si hubiera sido deportado previamente de Estados Unidos.
Cuando la Sra. Reynolds firmó el proyecto de ley, dijo que la ley —que entrará en vigor el 1 de julio— estaba motivada por la supuesta incapacidad de la Administración Biden para hacer cumplir las leyes de inmigración.
«La Administración Biden no ha aplicado las leyes de inmigración de nuestro país, poniendo en peligro la protección y la seguridad de los ciudadanos de Iowa», dijo la Sra. Reynolds en ese momento. «Los que entran ilegalmente en nuestro país han infringido la ley, pero Biden se niega a deportarlos».
La gobernadora emitió una declaración el 9 de mayo en respuesta a la demanda de la administración Biden, insistiendo en que la medida es necesaria para proteger a los residentes de Iowa y señalando que está dispuesta a enfrentarse a la administración en una batalla judicial.
«Como gobernadora, tengo la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Iowa. Dado que el presidente Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, amenazando la seguridad de nuestros ciudadanos, Iowa intervendrá», dijo la Sra. Reynolds.
En su demanda, la administración Biden ha pedido al tribunal que declare inválida la SF 2340 y emita una orden que impida a Iowa aplicarla.
Reclamación legal
Para reforzar su argumento, el Departamento de Justicia citó una decisión de 2012 del Tribunal Supremo de Estados Unidos en un caso conocido como Arizona contra Estados Unidos, en el que el alto tribunal falló en contra de la Ley 1070 del Senado, que permitía a la policía detener a cualquier persona sospechosa de ser un inmigrante ilegal y exigía a la policía comprobar el estatus migratorio de los detenidos antes de ponerlos en libertad.
En el caso de Arizona, el alto tribunal confirmó que las decisiones relativas a la detención y expulsión del país de inmigrantes ilegales estaban reguladas por leyes federales.
«SF 2340 impide la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las disposiciones de entrada y expulsión de la ley federal e interfiere con su conducción de las relaciones exteriores», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado del 9 de mayo.
En una línea similar y basándose en una premisa jurídica muy parecida, el gobierno de Biden demandó a Texas por la decisión del estado de la estrella solitaria de levantar barreras de alambre de púas en respuesta a la afluencia de inmigrantes ilegales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Guardia Nacional de Texas que instalara las alambradas, pero el gobierno de Biden interpuso una demanda que dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permitió a los agentes federales retirarlas.
Después de que el Tribunal Supremo emitiera su decisión, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal y que las acciones de Texas obstaculizaban esos esfuerzos.
«En lugar de ayudar a reducir la migración irregular, el Estado de Texas solo ha hecho más difícil para el personal de primera línea hacer su trabajo y aplicar las consecuencias bajo la ley», dijo el portavoz. «Podemos hacer cumplir nuestras leyes y administrarlas de manera segura, humana y ordenada.
Por el contrario, la dura postura del Sr. Abbott en materia de seguridad fronteriza ha sido elogiada por los republicanos. Un grupo de 25 gobernadores republicanos emitió una declaración conjunta acusando al presidente Biden de no asegurar la frontera y apoyando a Abbott en su lucha con los federales sobre las medidas de seguridad fronteriza.
«Nos solidarizamos con nuestro colega, el gobernador Greg Abbott, y con el Estado de Texas en la utilización de todas las herramientas y estrategias, incluidas las vallas de alambre de púas, para asegurar la frontera», escribieron.
Demanda de organizaciones de derechos civiles
Además de la demanda del gobierno de Biden por la ley de Iowa contra la inmigración ilegal, varias organizaciones de derechos civiles también han presentado demandas.
El Consejo Americano de Inmigración y las secciones nacional y estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles han presentado la demanda, en representación del Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa.
En su demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Iowa el 9 de mayo, los grupos plantean esencialmente el mismo argumento que el DOJ. A saber, afirman que la SF 2340 invade ámbitos del derecho que están constitucionalmente protegidos por el gobierno federal.
Rita Bettis Austen, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles de Iowa, dijo en un comunicado de prensa del 9 de mayo: «Esta fea ley es profundamente perjudicial para las familias y comunidades de Iowa».
«Los legisladores de Iowa atacaron a sabiendas a personas que están protegidas por las leyes federales de inmigración y que tienen permiso legal para estar aquí».
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, prometió luchar contra el desafío legal en los tribunales.
«La ley de Iowa no es única; simplemente hace cumplir las leyes de inmigración mientras que Biden se niega a hacerlo», dijo Bird en una publicación en las redes sociales.
«Iowa está dispuesta a defender nuestra ley de inmigración que mantiene seguras a sus comunidades».
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