La administración Biden anunció el miércoles que cancelará siete arrendamientos de petróleo y gas en Alaska que fueron emitidos durante la administración Trump.
Los arrendamientos que se cancelarán por el Departamento del Interior cubren 365,000 acres en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska (NPR-A).
La NPR-A es un área de 23 millones de acres en el North Slope del estado. Es el mayor territorio público virgen de Estados Unidos. El Departamento prohibirá nuevos arrendamientos en más del 40% de la reserva.
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Los arrendamientos se suspendieron en junio de 2021 tras la Orden 3401 (pdf) de la secretaria Deb Haaland debido a «múltiples deficiencias legales en el expediente subyacente que respaldaba los arrendamientos».
El departamento también propuso nuevas normas (pdf) para la NPR-A que «garantizarían la máxima protección» de las «Zonas Especiales de la reserva, al tiempo que apoyarían las actividades de subsistencia de las comunidades nativas de Alaska».
Estas medidas, que según el gobierno de Biden tienen por objeto salvaguardar la prístina región ártica de Alaska, forman parte de la agenda más amplia del presidente Joe Biden en materia de conservación y clima.
«A medida que la crisis climática calienta el Ártico más del doble de rápido que el resto del mundo, tenemos la responsabilidad de proteger esta preciada región para todas las edades», afirmó el presidente Biden en una declaración.
«Cancelar todos los arrendamientos de petróleo y gas restantes emitidos bajo la administración anterior en el Refugio Ártico y proteger más de 13 millones de acres en el Ártico occidental ayudará a preservar nuestras tierras árticas y la vida silvestre, al tiempo que honra la cultura, la historia y la sabiduría perdurable de los nativos de Alaska que han vivido en estas tierras desde tiempos inmemoriales».
El departamento dijo que la decisión de cancelar estos contratos de arrendamiento se basó en un análisis exhaustivo realizado por la Oficina de Administración de Tierras (BLM) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS), que puso de relieve varias deficiencias legales fundamentales.
En una declaración, el departamento dijo que un borrador de revisión del impacto ambiental publicado el miércoles por la BLM había determinado que el análisis que sustentaba la venta de arrendamientos de la agencia para 2021 era «gravemente defectuoso», lo que daba a la Sra. Haaland autoridad para cancelar los arrendamientos.
Esto se «basaba en una serie de deficiencias jurídicas fundamentales, entre ellas: un análisis insuficiente con arreglo a la Ley Nacional de Política Medioambiental, incluido el hecho de no analizar adecuadamente una gama razonable de alternativas ni cuantificar adecuadamente las emisiones de gases de efecto invernadero aguas abajo; y no interpretar adecuadamente la Ley Tributaria».
«El presidente Biden está cumpliendo la agenda climática y de conservación más ambiciosa de la historia», declaró la Sra. Haaland. «Los pasos que estamos dando hoy impulsan ese compromiso, basado en la mejor ciencia disponible y en reconocimiento del Conocimiento Indígena de los administradores originales de esta área, para salvaguardar nuestras tierras públicas para las generaciones futuras».
El senador Dan Sullivan (R-Alaska) criticó la medida, calificándola de «ilegal» y «devastadora» para el estado.
«Esta guerra contra Alaska es devastadora no solo para Alaska, sino también para la seguridad energética de la nación», dijo el senador Sullivan en X, antes conocido como Twitter. «Esta cancelación ilegal de arrendamientos nos lleva a 55 órdenes ejecutivas y acciones dirigidas específicamente contra Alaska desde que el presidente Biden asumió el cargo».
«Esto es una grave injusticia para el pueblo inupiat del North Slope, especialmente en Kaktovik —el único pueblo en ANWR», agregó el legislador. «Como demuestran esta y otras muchas medidas de la Administración, la idea de ‘equidad’ se está explotando como reclamo político vacío».
The Epoch Times se puso en contacto con la Comunidad Inupiat de la Vertiente Ártica para obtener comentarios.
La administración Trump concedió siete contratos de arrendamiento a la Autoridad de Desarrollo Industrial y Exportación de Alaska (AIDEA) un día antes de la toma de posesión del presidente Biden. El presidente Biden se había comprometido a proteger el hábitat de 7.7 millones de hectáreas (19.6 millones de acres) de osos polares y caribúes.
Una ley fiscal de 2017, aprobada por los legisladores republicanos, inició el arrendamiento de petróleo y gas en la región y ordenó que el Departamento del Interior realizara dos ventas de arrendamientos antes de diciembre de 2024.
La administración Biden anunció la suspensión de los arrendamientos varios meses después de la primera y única venta de arrendamientos en el Refugio Ártico. A raíz de ello, AIDEA presentó una demanda impugnando la decisión. Pero el mes pasado, un juez federal de Alaska desestimó sus demandas, dictaminando que el retraso del gobierno en la aplicación del programa de arrendamiento del Refugio Ártico era razonable.
Los indígenas de Alaska y los ecologistas acogieron con satisfacción el anuncio, mientras que un senador republicano de Alaska criticó la medida.
Reuters ha contribuido a este informe.
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