La Administración Biden defendió su plan para eliminar cientos de miles de millones de dólares en deuda estudiantil en un escrito presentado ante la Corte Suprema de EE. UU. el 4 de enero, argumentando que tiene la autoridad ejecutiva para hacerlo.
En su presentación ante el tribunal el miércoles, los abogados de la administración argumentaron que los desafíos al plan deben ser rechazados porque carecen de legitimación.
Como ha hecho anteriormente, la administración argumentó que tiene la autoridad para autorizar el plan de alivio de la deuda en virtud de la Ley de Oportunidades de Ayuda para Estudiantes de Educación Superior (HEROES, por sus siglas en inglés) de 2003, que permite al Departamento de Educación conceder exenciones o alivio a los beneficiarios de los programas de ayuda financiera a los estudiantes en virtud del Título IV de la Ley de Educación Superior de 1965 «en relación con una guerra u otra operación militar o emergencia nacional».
«En cualquier caso, la Ley HEROES autoriza el plan de exención de préstamos a estudiantes… las acciones del secretario se ajustan cómodamente al texto de la Ley», afirma el escrito. «En consecuencia, el cumplimiento indiscutible por parte del secretario de los requisitos de procedimiento de la Ley HEROES refuta» las impugnaciones presentadas contra el plan, escribieron los abogados del gobierno.
En agosto, Biden anunció que su administración condonaría hasta 10,000 dólares de deuda de préstamos estudiantiles a las personas que ganaran menos de 125,000 dólares al año, o hasta 20,000 dólares a los prestatarios que también fueran beneficiarios de becas Pell.
En el caso de las parejas casadas, el programa anularía la deuda de 250,000 dólares.
Estados republicanos presentan una demanda contra el plan de deuda estudiantil
Sin embargo, varios estados liderados por republicanos, con Nebraska y Misuri a la cabeza, y grupos empresariales presentaron una demanda contra el plan de condonación de préstamos, que llega en medio de una inflación disparada, impugnando que es ilegal.
La Corte Suprema ha aceptado escuchar dos de esos recursos.
El primero fue presentado por seis estados liderados por el Partido Republicano contra Biden y el secretario de Educación, Miguel Cardona, alegando que el plan de condonación es inconstitucional y no puede ponerse en marcha sin autorización del Congreso, y que supondrá una carga injusta para las familias de clase trabajadora y empeorará aún más la inflación.
La segunda demanda fue presentada por Job Creators Network Foundation Legal Action Fund, un grupo de defensa de la pequeña empresa, en nombre de dos personas de Texas que se han visto «perjudicadas por esta extralimitación arbitraria del Ejecutivo».
Argumentan que el plan es contraproducente, inflacionista y vulnera los procedimientos de notificación y comentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, a través de los cuales la Administración debería haber recabado primero la opinión o los comentarios del público sobre el programa.
La Oficina Presupuestaria del Congreso, una agencia federal, estima que el plan de Biden de alivio de los préstamos estudiantiles costará al gobierno federal más de 400,000 millones de dólares en los próximos 30 años.
En una declaración en diciembre, la Red de Creadores de Empleo dijo que el programa de alivio de la deuda estudiantil abrirá las compuertas a los estudiantes que podrán pedir prestado sabiendo que no tendrán que devolverlo más tarde, una dinámica que dijeron que «las universidades seguramente aprovecharán».
La Administración de Biden «confía» en su autoridad legal para adoptar un programa de deuda
«Las órdenes de los tribunales inferiores han privado erróneamente al secretario de su autoridad legal para proporcionar alivio de la deuda de préstamos estudiantiles específicos a los prestatarios afectados por emergencias nacionales, dejando a millones de prestatarios económicamente vulnerables en el limbo», escribió el Departamento de Justicia en su presentación.
«Durante casi tres años, el secretario y sus predecesores han respondido a una pandemia mundial sin precedentes mediante la adopción y ampliación de una pausa general sin precedentes en las obligaciones de pago para todos los prestatarios», escribió el gobierno. «El secretario determinó, y los demandados no han discutido seriamente, que poner fin a esa pausa sin proporcionar algún alivio adicional para los prestatarios de menores ingresos causaría que las tasas de morosidad e incumplimiento se dispararan por encima de los niveles antes de la pandemia».
«Este tribunal no debería obligar a ese resultado perjudicial y desestabilizador», escribieron los abogados, añadiendo que las demandas presentadas contra el plan carecen de legitimación y que el plan del Departamento de Educación es «legal en cualquier caso».
La Corte Suprema ha acordado escuchar los argumentos orales sobre el plan de condonación de préstamos el 28 de febrero y está previsto que se emita un fallo sobre el asunto en junio, pero mientras tanto el plan ha quedado en suspenso.
Las solicitudes para el programa se abrieron en octubre del año pasado y los prestatarios tenían inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2023 para presentar una solicitud, pero el sitio web dejó de aceptar solicitudes en noviembre después de que un tribunal de Texas anulara el plan.
Antes del cierre del sitio web, alrededor de 26 millones de estadounidenses solicitaron la ayuda, según CNBC. Más de 16 millones de los que lo solicitaron ya han sido aprobados para el alivio de la deuda, reporta Reuters.
En un comunicado emitido el miércoles, el secretario de Educación de EE. UU., Miguel Cardona, dijo que la Administración Biden «sigue comprometida a luchar para ofrecer un alivio esencial de la deuda estudiantil a decenas de millones de estadounidenses».
«Seguimos confiando en nuestra autoridad legal para adoptar este programa que garantizará que los daños financieros causados por la pandemia no lleven a los prestatarios a la morosidad y el impago. Estamos comprometidos indisculpablemente a ayudar a los prestatarios a recuperarse de la pandemia y a proporcionar a las familias trabajadoras el respiro que necesitan para prepararse para la reanudación de los pagos de los préstamos estudiantiles», señala el comunicado.
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