Gobierno de Biden emite norma final para desmantelar la política de «carga pública» de Trump

Por Jack Phillips
08 de septiembre de 2022 7:22 PM Actualizado: 08 de septiembre de 2022 7:22 PM

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió el jueves su orden final para anular la regla de «carga pública» de la era Trump que limitaba los beneficios para los inmigrantes que obtenían beneficios de asistencia pública como Medicaid y cupones de alimentos.

Al parecer, la Administración Biden dejó de aplicar la regla a los pocos meses de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo.

«Esta acción garantiza un trato justo y humano a los inmigrantes legales y a los miembros de sus familias que son ciudadanos estadounidenses», dijo el responsable de seguridad del DHS, Alejandro N. Mayorkas. «En consonancia con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por elegir acceder a las prestaciones sanitarias y a otros servicios gubernamentales complementarios a su disposición».

La nueva norma entrará en vigor el 23 de diciembre.

Las normas de «carga pública» han sido un concepto en la ley de inmigración durante décadas, refiriéndose a alguien que se considera probable que dependa de los programas de asistencia social como condición para negar a alguien la residencia permanente.

Según la norma de la Administración Biden, los solicitantes de la tarjeta verde solo se consideran una carga pública si «es probable que en cualquier momento pasen a depender principalmente del gobierno» para recibir asistencia. El Departamento de Seguridad Nacional no considerará la determinación de carga pública para los miembros de la familia del solicitante que estén recibiendo asistencia del gobierno.

Los inmigrantes pueden recibir prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o cupones de alimentos, así como recibir prestaciones del Programa de Seguro Médico para Niños, Medicaid, prestaciones de vivienda, prestaciones relacionadas con vacunas o pruebas de enfermedades contagiosas, o cualquier otra prestación suplementaria o de propósito especial, según el DHS.

Sin embargo, la nueva norma tendrá en cuenta «la percepción anterior o actual de un no ciudadano de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI); la asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos en virtud de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF); los programas estatales, tribales, territoriales o locales de prestaciones en efectivo para el mantenimiento de los ingresos (a menudo llamados ‘Asistencia General’); o la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno» al considerar si la persona es una carga pública, según el DHS.

Más detalles

Alrededor de 1.5 millones de hogares con al menos un miembro no ciudadano reciben cupones de alimentos, y otro millón recibe prestaciones de Medicaid, según la norma publicada el jueves.

La regla de la Administración Trump había definido una carga pública como un inmigrante que obtiene uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses y dentro de un período de 36 meses. Los funcionarios de la Casa Blanca de Trump dijeron que su regla protegía a los contribuyentes estadounidenses de las cargas indebidas causadas por los extranjeros que no podían mantenerse financieramente.

«El principio que lo impulsa es un viejo valor estadounidense, y es la autosuficiencia», dijo Ken Cuccinelli, el ex director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), en una entrevista de 2019 con Fox News sobre la regla de Trump. «Nadie tiene derecho a convertirse en estadounidense si no ha nacido aquí como tal», dijo a NPR por la misma época.

En junio de este año, la Corte Suprema desestimó un intento de funcionarios estatales republicanos de asumir la defensa legal de la regla de carga pública.

La decisión se tomó después de que 13 fiscales generales republicanos, encabezados por Mark Brnovich, de Arizona, intentaran defender la norma en los tribunales después de que el gobierno de Biden se negara a hacerlo. Los fiscales generales estatales esperaban pedir a los tribunales inferiores que anularan las decisiones que se pusieron del lado de varios impugnadores de la regla, incluidos varios estados liderados por los demócratas.

Con información de Reuters.


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