La Administración Biden promulgó una nueva norma que dificulta el despido de empleados públicos, en un aparente intento de frustrar la promesa del expresidente Donald Trump de despedir a los «burócratas deshonestos» y remodelar radicalmente la plantilla federal.
La nueva norma, que refuerza la protección laboral de los funcionarios de carrera, fue promulgada el 4 de abril por la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) de EE. UU., que insinuó en un comunicado que se dirige a una medida prometida por una posible segunda presidencia de Trump para «drenar el pantano y erradicar el Estado profundo», facilitando el despido de los trabajadores del gobierno.
«En la primera semana de la Administración Biden-Harris, el presidente Biden revocó una Orden Ejecutiva emitida por la Administración anterior que corría el riesgo de alterar el antiguo sistema de la función pública de nuestro país, basado en el mérito, mediante la creación de un nuevo programa de servicios exceptuados, conocido como ‘Lista F’, y ordenando a los organismos que trasladaran a grandes grupos de empleados de carrera a este nuevo estatus de servicios exceptuados», dijo la OPM en el comunicado.
Esto hace referencia a una orden ejecutiva de la era Trump emitida en 2020 que permitía reclasificar como cargos políticos a decenas de miles de los 2.2 millones de empleados federales, lo que facilitaba su despido.
«Erradicar el Estado Profundo»
Actualmente, unos 4000 empleados federales se consideran cargos políticos, que suelen cambiar con cada administración, y la reactivación de la «Lista F» podría multiplicar esa cifra por más de diez.
El presidente Joe Biden desechó la orden «Lista F» cuando asumió el cargo, mientras que el expresidente Trump dijo a mediados del año pasado que intentaría revivir el concepto de una forma u otra.
«Tenemos que hacer que sea mucho más fácil despedir a burócratas deshonestos que están socavando deliberadamente la democracia o que, como mínimo, solo quieren conservar sus puestos de trabajo», dijo el expresidente Trump en un discurso pronunciado en el America First Institute el 26 de julio de 2022, prometiendo «drenar el pantano y erradicar el Estado profundo».
El expresidente fue más allá en su discurso, pidiendo al Congreso que apruebe leyes que otorguen al comandante en jefe la autoridad para despedir a cualquier empleado del gobierno básicamente a voluntad.
«El Congreso debe aprobar reformas históricas que faculten al presidente para garantizar que a cualquier burócrata corrupto, incompetente o innecesario para el puesto se le pueda decir ‘estás despedido, lárgate'», dijo, y añadió que, tras tales reformas, Washington sería un «lugar totalmente distinto».
Más tarde, durante la campaña electoral, el expresidente Trump insinuó repetidamente su intención de cumplir esta promesa. Sus comentarios encajan con el arraigado deseo de muchos republicanos de recortar lo que consideran una burocracia federal hinchada, ineficaz y, en muchos casos, contraproducente.
Por otra parte, muchos demócratas consideran que la posible reactivación de una «Lista F» o una iniciativa similar es una amenaza para el funcionamiento del gobierno y una posible interrupción de la prestación de servicios críticos.
«Esta norma final honra a nuestros 2.2 millones de funcionarios de carrera, contribuyendo a garantizar que las personas sean contratadas y despedidas en función de sus méritos y que puedan desempeñar sus funciones en función de su experiencia y no de su lealtad política», declaró en un comunicado la directora de la OMP, Kiran Ahuja.
«La Administración Biden-Harris está profundamente comprometida con la fuerza de trabajo federal, ya que estos profesionales son vitales para nuestra seguridad nacional, nuestra salud, nuestra prosperidad económica y mucho más», añadió la Sra. Ahuja.
Al parecer, la nueva norma, de casi 240 páginas, pretende poner un obstáculo para impedir que el expresidente Trump, o cualquier otra persona, emita otra orden ejecutiva que reclasifique a los funcionarios.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y con la campaña de Trump para obtener sus comentarios.
¿Qué contiene la nueva norma?
La norma, que se publicará en el registro federal y entrará en vigor el mes que viene, está preparada para contrarrestar una futura orden ejecutiva de la «Lista F», afianzando el estatus y las protecciones de la función pública acumuladas por los empleados federales.
Estipula que las protecciones laborales acumuladas por un trabajador del gobierno no pueden ser eliminadas por un traslado involuntario del servicio competitivo (nombramientos sujetos a las normas de contratación y escalas salariales de la OPM) al servicio exceptuado (nombramientos que siguen un proceso de contratación distinto, a menudo más racionalizado).
Del mismo modo, los traslados de una escala de servicios exceptuados a otra no despojarían a los empleados federales de esas protecciones en virtud de la nueva norma.
«Una vez que un funcionario de carrera obtiene protecciones, ese empleado las conserva a menos que renuncie a ellas voluntariamente», dijo la OPM en un comunicado.
La norma también deja claro que las clasificaciones políticas se aplican a los nombramientos no profesionales y políticos y no pueden aplicarse a los funcionarios de carrera.
En concreto, la nueva norma estipula que la expresión «puestos confidenciales, de determinación de políticas, de formulación de políticas o de defensa de políticas» (que describen los puestos que carecen de protecciones de la función pública) solo puede utilizarse para referirse a los nombramientos políticos no profesionales y no puede aplicarse a los funcionarios de carrera para despojarlos de protecciones.
La norma final también establece nuevos requisitos de procedimiento para trasladar puestos del servicio competitivo al servicio exceptuado y dentro del servicio exceptuado. En concreto, crea un proceso de apelación para los empleados federales cuando un traslado de este tipo sea involuntario e implique despojar a los trabajadores de sus protecciones como funcionarios.
«Esta norma final se basa en tres años de esfuerzos de la Administración Biden-Harris para reforzar las agencias federales y la mano de obra federal», declaró en un comunicado Rob Shriver, subdirector de la OMP.
La agencia dijo que había revisado más de 4000 comentarios presentados durante el periodo de comentarios públicos como parte del proceso de elaboración de la norma.
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