En medio de la crisis fronteriza que alcanzó récords históricos, el gobierno federal estaría fallando en monitorear a los inmigrantes ilegales–especialmente a los menores no acompañados–luego de ser liberados en las comunidades, lo cual podría generar un aumento en el crimen organizado y tráfico de mano de obra.
«No sabemos las cifras exactas de adónde va la gente porque el gobierno de Joe Biden se ha negado a revelar dónde están reubicando a estos inmigrantes ilegales·, dijo Jessica Vaughan, directora del Center for Immigration Studies al programa «Entrevistas EpochTV» de The Epoch Times.
«Pero sí tenemos una idea de los patrones de asentamiento a partir de ciertos datos gubernamentales sobre menores no acompañados y de los propios estados», agregó. «Sabemos que una gran cantidad de inmigrantes ilegales recién llegados se están estableciendo en Texas–principalmente alrededor del área de Houston y Dallas–y sabemos que muchos de ellos van a Florida también–principalmente alrededor de Miami y Palm Beach», señaló.
Aún así, la administración Biden no los rastrea luego de ser liberados de la custodia, y a menudo solo mantienen contacto con ONGs que trabajan junto al gobierno federal para brindarles asistencia.
Esta acción ha generado que los extranjeros ilegales se conviertan en responsabilidad de los gobiernos estatales y locales, y que busquen la proporción de seguro médico, educación, asistencia para vivienda, entre otros programas de apoyo social.
«Se espera que las agencias locales de bienestar social simplemente recojan este volumen de casos y lo gestionen sin tener en cuenta el hecho de que la gente está aquí ilegalmente» dijo.
«Así que esto se vuelve muy difícil para los gobiernos estatales y locales de prepararse, de financiar, porque no están recaudando más ingresos fiscales de esta nueva población», agregó.
La experta dijo además que esto significa también menos para brindar servicios a los ciudadanos americanos y a los inmigrantes legales que ya están aquí.
Asimismo, esto generaría un gran problema para la integridad del sistema legal de inmigración.
«Muy bien podría frenar el apoyo público a la inmigración en general, así que la administración Biden realmente está poniendo en peligro toda su agenda de políticas de inmigración, y tal vez incluso, creando suficiente insatisfacción como para que no puedan llevar a cabo ninguna de sus agendas debido a la frustración pública sobre esto», agregó.
Pero la crisis de la frontera también tendría unos graves efectos en la seguridad pública debido a un gran aumento de criminales que evaden la captura al cruzar la frontera–ya que la Patrulla Fronteriza se mantiene ocupada procesando a las familias con menores.
«Vemos en un aumento de la violencia relacionada con las pandillas en las ciudades que han experimentado esta afluencia de inmigrantes. Y, en general, ha habido un aumento en los tipos específicos de delitos asociados con la inmigración ilegal», dijo Vaughan.
«A través del aumento de los delitos de pandillas atribuidos a las bandas internacionales como MS-13 y Barrio 18. Lo vemos en los sistemas escolares, a donde muchos de ellos asisten, porque muchos de ellos son adolescentes», agregó
El gobierno también estaría perdiendo la pista de una gran cantidad de niños que está reubicando en todo el país, lo cual los hace propensos a ser víctimas de tráfico laboral.
«El tráfico de personas es un delito, pero ahora estamos viendo incidentes muy preocupantes de trata de menores para trabajo de mano de obra», agregó. «Recientemente hubo un caso investigado por el Departamento de Justicia en Alabama y Oregón, donde algunos de estos menores no acompañados que habían llegado recientementeestaban siendo traficados para labores agrícolas en granjas lecheras y otros tipos de granjas en estas áreas–hasta el punto en que, decidieron no enviar a más menores a ciertos lugares de Alabama y Oregón», dijo.
«Y este no es el único incidente de esto», agregó.
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