El gobierno de Estados Unidos anunció otro paquete de 4280 millones de dólares para condonar la deuda estudiantil a los trabajadores de los servicios públicos, en medio de la amenaza de un cierre del gobierno por un debate sobre el gasto fiscal.
Esto se produce cuando el gobierno estuvo a punto de un cierre debido al desacuerdo del Congreso sobre un presupuesto fiscal de emergencia para 2025.
El paquete está dirigido a 55,000 «profesores, enfermeros, miembros de las fuerzas armadas, agentes de la ley y otros trabajadores de los servicios públicos», según la declaración de la Casa Blanca.
Esta última cifra acumula un total de USD 180,000 millones en condonación de deudas de préstamos estudiantiles concedidos a casi 5 millones de estadounidenses durante la administración del presidente Joe Biden, según una declaración del Departamento de Educación de EE. UU., suficiente para que Biden deje un legado definitorio antes de que termine su mandato en enero.
La condonación de la deuda estudiantil ha formado parte de la promesa electoral de Biden de ofrecer alivio a 43 millones de estadounidenses cancelando una parte de los 1.6 billones de dólares de deuda federal en préstamos estudiantiles.
El plan integral inicial de Biden en 2022 consistió en condonar un mínimo de USD 10,000 en deuda de préstamos estudiantiles a personas con ingresos inferiores a USD 125,000 o a hogares con ingresos inferiores a USD 250,000 dólares en respuesta a la crisis COVID-19, por un total de unos USD 400,000 millones.
Esto recibió reacciones encontradas por parte de los estados y del Congreso. Los defensores del plan lo celebraron como un paso fundamental para hacer más accesible la educación superior y estimular el gasto de los consumidores, mientras que los que se oponían al plan dijeron que aumentaba el déficit fiscal y era injusto para los que ya habían pagado su deuda educativa, así como para los contribuyentes, que pagarían la factura.
Varios estados republicanos, encabezados por Nebraska, emprendieron acciones legales contra el plan, que finalmente fue anulado en junio de 2023 por la Corte Suprema del país, que dictaminó que la administración Biden se había extralimitado en sus funciones.
La administración Biden inició entonces un segundo programa llamado plan de Ahorro para una Educación Valiosa (SAVE, por sus siglas en inglés), llamándolo «el plan de reembolso más asequible jamás creado».
La administración calculó que el plan costaría a los contribuyentes unos USD 156,000 millones de dólares en 10 años, y los fiscales generales republicanos argumentaron que su costo real ascendía a unos USD 475,000 millones.
Un grupo de estados liderados por republicanos presentó entonces dos demandas: la primera encabezada por Kansas y la segunda por Misuri.
Ambas demandas argumentaban que Biden se había excedido en su autoridad legal y que el plan SAVE no era diferente del plan de alivio de la deuda bloqueado por la Corte Suprema de Estados Unidos. Las demandas afirmaban que, en última instancia, el plan perjudicaría económicamente a sus estados.
Tras el bloqueo del plan SAVE se sucedieron una serie de batallas legales que llevaron de nuevo a la Corte Suprema a mantener la suspensión. El caso sigue en su curso legal, dejando en el limbo a los 8 millones de prestatarios que se habían acogido a él.
Con la colaboración de Katabella Roberts e información de Reuters
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