El Gobierno de Perú abrió este martes el debate acerca de cómo abordar la seguridad y combatir la delincuencia, al plantear aplicar ciertos métodos para luchar contra la delincuencia utilizados por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.
El primer ministro Alberto Otárola afirmó que «se podrían» adoptar algunas de estas medidas, al ser preguntado por la prensa de forma directa si es factible trasladar al país andino algunos de los métodos puestos en marcha en la nación centroamericana.
«El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad», dijo antes de añadir que la lucha contra las pandillas organizadas en este país ha sido «eficiente».
No obstante, afirmó que Perú tiene su propia política de seguridad pública y, en este sentido, recordó que el Ejecutivo ha pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar justamente la inseguridad ciudadana.
«Pretendemos modificar cerca de 50 normas para hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos, sobre todo con lo que llamamos policías de a pie (…) El Gobierno de (Dina) Boluarte quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios», indicó.
En el contexto del régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como una estrategia del gobierno del presidente Bukele para combatir a las pandillas, se han militarizado dos municipios -en el centro y norte del país- y tres comunidades de San Salvador.
Durante la medida de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido catalogada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71,000 personas señaladas de ser pandilleros.
La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señaló recientemente que «es alarmante que el régimen de emergencia (excepción) se haya convertido en una política de seguridad ciudadana permanente y sin control» en El Salvador.
Recordó que organizaciones de la sociedad civil han documentado graves abusos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, procesos penales sin las garantías del debido proceso y aproximadamente 153 muertes bajo custodia estatal, según citó.
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