El Gobierno de Perú prorrogó por diez días la vigencia del toque de queda en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia, informó un decreto publicado este martes en una edición extraordinaria del boletín de normas legales.
La norma indicó que la ampliación de la «inmovilización social obligatoria» entrará en vigencia desde este miércoles, en el horario desde las 20.00 horas hasta las 04.00 del día siguiente.
Precisó que durante el toque de queda en Puno las personas podrán circular para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
Exceptuó de la restricción al personal «estrictamente necesario» que participa en los servicios de salud, servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca, transporte, vigilancia y seguridad.
También en la entrega de productos a domicilio, restaurantes y hoteles, asistencia, financieros, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos y servicios funerarios.
La norma permite que las farmacias y boticas puedan atender y que la prensa transite siempre que esté debidamente identificada.
El decreto supremo fue firmado por la presidenta de Perú, Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y los ministros del Interior, Vicente Romero; Defensa, Jorge Chávez, y de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.
Puno ha sido durante este mes uno de los epicentros de las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado, que en un solo día dejaron 17 muertos en esa región, el pasado 9 de enero, la mayoría en enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto puneño de Juliaca.
La región fue declarada en estado de emergencia por 30 días, junto con Lima, Callao y Cuzco, el pasado 15 de enero, y cuatro días después se sumó Amazonas, La Libertad y Tacna.
Con esta medida, la Policía Nacional de Perú (PNP) mantiene el control del orden interno junto con las Fuerzas Armadas y quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito, reunión y seguridad personales.
Diversos videos difundidos este martes en redes sociales de medios y ciudadanos mostraron a un numeroso contingente de militares que avanzaba por diferentes pueblos de Puno despejando las vías, sin que se reporten incidentes con los manifestantes.
Desde que comenzaron, en diciembre, las movilizaciones en Perú han cobrado la vida de más de 60 personas, 46 de ellas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.
A estas víctimas se suman nueve decesos en sucesos relacionados con los paros, según datos de la Defensoría del Pueblo, y una muerte más en la norteña región de La Libertad, confirmada por la Policía.
Asimismo, Acnur reportó la muerte de cuatro haitianos que no pudieron recibir asistencia médica por los bloqueos de carreteras y Unicef la de un bebe nonato, cuya madre, embarazada de 7 meses, no llegó a tiempo a un hospital.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales para este año y a una asamblea constituyente.
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