El gobierno federal insta a la Corte Suprema a que confirme la decisión de una agencia que autoriza la construcción de una línea ferroviaria en Utah para el transporte de crudo.
La solicitud presentada el 28 de agosto por la Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, anticipa los argumentos que presentará el Gobierno cuando la corte vea el caso en una audiencia prevista para el otoño. El Gobierno sostiene que un tribunal federal de apelaciones interpretó erróneamente una ley federal de medio ambiente.
En el caso, Seven County Infrastructure Coalition contra el condado de Eagle (Colorado), el gobierno de Biden se opone a los grupos ecologistas que se oponen a la construcción de una línea ferroviaria de 85 millas para conectar la región de Uinta Basin, rica en petróleo de esquisto, con la red ferroviaria nacional y las refinerías de petróleo de otros estados.
La corte aceptó en junio conocer del recurso de apelación, pero aún no ha programado los alegatos orales.
El peticionario principal es una coalición formada por siete condados de Utah. Uinta Basin Railway LLC, el otro peticionario, se creó para construir la línea ferroviaria. El condado de Eagle (Colorado) es el principal demandado.
El caso se remonta a 2020, cuando la coalición pidió a la Junta Federal de Transporte Terrestre que la eximiera de los requisitos formales de solicitud para su proyecto propuesto que implica la construcción de una línea ferroviaria con el propósito principal de transportar petróleo crudo que se encuentra en la cuenca de Uinta.
La coalición pidió a la STB que aprobara condicionalmente su petición de exención sobre los méritos del proyecto de transporte sujeto al proceso de impacto ambiental exigido por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
A pesar de la oposición de los grupos ecologistas, la Junta concedió la aprobación preliminar a la petición de exención en enero de 2021. Los grupos solicitaron la reconsideración de la decisión, que fue denegada.
En septiembre de 2021, la Junta había emitido una declaración de impacto ambiental y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. había publicado su dictamen de impacto biológico. En diciembre de 2021, la STB emitió su decisión final de exención, en la que consideraba que los méritos del proyecto de transporte superaban sus efectos medioambientales.
Los grupos ecologistas apelaron, solicitando la revisión de las órdenes de exención de la Junta y de los dictámenes de impacto ambiental y biológico, y alegando que la Junta había violado la NEPA y la Ley de Especies Amenazadas.
La Corte de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia falló a favor de los demandantes en agosto de 2023, declarando que la STB no había respetado la NEPA. El tribunal consideró que los dictámenes de impacto ambiental y biológico eran de mala calidad y no examinaban adecuadamente la solicitud del proyecto.
La Junta “no puede eludir su responsabilidad en virtud de la NEPA de identificar y describir los efectos ambientales del aumento de las perforaciones petrolíferas y el refinado sobre la base de que carece de autoridad para prevenir, controlar o mitigar esos desarrollos”, declaró el tribunal de circuito.
Pero Prelogar dijo en el informe presentado por el Gobierno el 28 de agosto que el Circuito de Washington se extralimitó al considerar que la STB estaba obligada “a realizar un análisis adicional de las consecuencias aguas arriba y aguas abajo de la explotación de petróleo y gas para determinar si autoriza la construcción y explotación de la línea de ferrocarril propuesta en este caso”.
La Corte Suprema dictaminó en un caso de 1989 que la NEPA se promulgó para proteger el medio ambiente, pero está “bien establecido que la NEPA en sí misma no impone resultados particulares”.
La ley “fomenta la armonía productiva y agradable entre el hombre y su entorno”, “promueve los esfuerzos que previenen o eliminan los daños al medio ambiente” y “enriquece la comprensión de los sistemas ecológicos y los recursos naturales importantes para la nación”, afirma el escrito.
El condado de Eagle y los grupos ecologistas argumentaron en un escrito del 20 de mayo que la sentencia del Circuito de Washington era correcta y no debía modificarse.
Según el escrito, la STB no tuvo debidamente en cuenta los efectos medioambientales del proyecto ferroviario, que daría lugar a la perforación de otros 3300 pozos petrolíferos en la cuenca del Uinta en un periodo de 15 años. La Junta sólo estudió el efecto de los nuevos pozos que se perforarían “a varios cientos de metros de la línea ferroviaria”, afirmaba.
Se espera que la Corte Suprema fije en las próximas semanas la fecha de los alegatos orales.
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